En los primeros días de junio de 2026, Cubalex documentó nuevos incidentes de hostigamiento contra periodistas independientes en Cuba, en un contexto marcado por el uso de mecanismos penales, vigilancia y citaciones policiales para intimidar y limitar el ejercicio de la libertad de expresión y prensa.
Uno de los casos más alarmantes es el del escritor y exprisionero político cubano Ángel Santiesteban Prats, quien denunció que las autoridades intentan fabricar un caso penal en su contra por, supuestamente, haber cambiado en el mercado informal 200 dólares destinados al Asilo Nacional Masónico Llansó, una institución benéfica administrada por el Patronato masónico.
Santiesteban fue instruido de cargos y sometido a una medida cautelar de reclusión domiciliaria, tras una auditoría a los libros contables vinculados a donaciones enviadas por masones, principalmente desde Miami, para cubrir necesidades del asilo. Según explicó el escritor, en la auditoría participaron funcionarios del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) del Ministerio del Interior (MININT), representantes de Salud Pública y del Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia, entre otras instancias estatales.
“Todavía no he hecho la declaración [ante la Policía], pero yo no cambié los dólares. Lo que hice fue sustituir dinero”, afirmó Santiesteban al rechazar la acusación de haber realizado una operación “ilegal” de cambio de divisas fuera de los canales estatales. De acuerdo con sus declaraciones, los auditores no detectaron faltantes en los fondos revisados.
El caso evidencia nuevamente el uso de delitos comunes como mecanismo para encausar y criminalizar a personas consideradas críticas o incómodas para el Estado cubano, una práctica recurrente para intentar despolitizar la represión y ocultar el carácter arbitrario de las acciones judiciales emprendidas contra opositores, periodistas y activistas.
El 8 de junio también continuó el hostigamiento contra las periodistas independientes Camila Acosta y Anay Remón, ambas vinculadas al medio CubaNet. Acosta denunció vigilancia en las afueras de su vivienda en La Habana, mientras Remón fue citada por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Sin embargo, la comparecencia no llegó a efectuarse porque, según la explicación recibida por la periodista, el oficial encargado “tenía ponchada la motocicleta”.
Ese mismo día, la directora del diario 14yMedio, Yoani Sánchez, alertó sobre la presencia de vigilancia en los bajos de su edificio en La Habana, otro patrón recurrente utilizado por las autoridades cubanas para intimidar y limitar los movimientos de periodistas independientes.
También recientemente, la periodista Yania Suárez fue detenida y liberada el 8 de junio y, aunque hasta el momento no ha dado detalles, afirmó que acusaciones en su contra pasarán a la Fiscalía Provincial de La Habana. Suárez ha denunciado desde hace meses que un vecino extranjero residente en la isla colocó un grupo electrógeno de forma ilegal en el garaje común del edificio donde viven en La Habana. No solo el caso ha quedado impune, sino que el Estado ha decidido criminalizarla a ella por sus denuncias al respecto.
Más incidentes contra la prensa independiente en mayo
Otros incidentes de hostigamiento el mes anterior incluyeron un acto de repudio contra el periodista Yeris Curbelo afuera de su vivienda en Caimanera, Guantánamo, el mismo día que lo liberaron de cumplir prisión política. Él y su esposa, Odalis Legrat, fueron golpeados.
Igualmente en mayo se registraron cortes de internet a reporteros independientes, sobre todo el 1ro y el 20 de mayo, fechas significativas en la isla y con un marcado historial de represión en años anteriores.
Cubalex condena estos hechos represivos dirigidos contra periodistas, escritores y comunicadores independientes por el ejercicio legítimo de su labor informativa y crítica. Las acciones descritas constituyen formas de intimidación incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado cubano en materia de derechos humanos, particularmente con la protección de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a participar en asuntos públicos sin sufrir represalias.
Asimismo, estas prácticas vulneran derechos fundamentales como la libertad personal, la privacidad, la libre circulación y las garantías del debido proceso. El uso de vigilancia, citaciones arbitrarias, amenazas de procesamiento penal y medidas cautelares desproporcionadas demuestra la persistencia de un patrón sistemático de persecución contra la prensa independiente en Cuba, orientado a generar miedo, autocensura y aislamiento entre quienes documentan y denuncian la realidad del país.