Cubalex saluda la publicación del informe Consulta a la Sociedad Civil Independiente sobre sus propuestas y análisis ante una transición democrática en Cuba, elaborado por Cultura Democrática y Consorcio Justicia. Consideramos valioso que actores de la sociedad civil independiente cubana, dentro y fuera de la isla, estén promoviendo una discusión seria sobre los posibles escenarios de cambio político, los riesgos de cada ruta y las capacidades que deben construirse para evitar que una eventual transición sea improvisada.
El informe tiene el mérito de colocar sobre la mesa una pregunta urgente: cómo debe prepararse la sociedad civil cubana ante distintos escenarios de transición. También reconoce elementos esenciales del debate actual, tales como la crisis humanitaria, económica y energética que atraviesa el país; la necesidad de proteger a quienes actúan dentro de Cuba; el papel de la presión internacional; la importancia de sentar las bases, proyectar, planificar el “día después”; y los riesgos de cooptación, impunidad, violencia, vacío de poder y captura del proceso por actores no democráticos.
Aunque Cubalex no participó en la consulta, este debate nos interpela directamente. Somos una organización de derechos humanos. Durante años, hemos documentado patrones de represión, criminalización del disenso, detenciones arbitrarias, uso político del sistema penal, falta de independencia judicial, violencia institucional y restricciones estructurales a las libertades fundamentales en Cuba. A esto sumamos nuestra labor de asesoría y capacitación a la sociedad civil. Por ello, aportamos una lectura complementaria desde nuestro mandato: la defensa de los derechos humanos antes, durante y después de cualquier proceso de transición.
Nuestra primera preocupación es conceptual. Una transición democrática no puede entenderse únicamente como cambio de gobierno, sustitución de élites, convocatoria electoral o rediseño institucional. Pueden producirse transformaciones políticas profundas sin que ello desemboque en un proceso de democratización. También puede producirse una transición fallida, una restauración autoritaria o una continuidad del poder represivo bajo nuevos nombres, nuevos símbolos o una retórica aparentemente democrática. La experiencia histórica demuestra que el autoritarismo puede reaparecer bajo discursos de orden, seguridad, moral pública, justicia, voluntad mayoritaria o defensa de la nación.
Por ello, Cubalex considera indispensable que el debate sobre la transición cubana incorpore una pregunta adicional, que no se limite a cómo salir del régimen actual, sino que plantee también cómo impedir que cualquier nuevo poder reproduzca prácticas autoritarias. La democratización no se mide únicamente por quién llega al gobierno, sino por los límites efectivos que se imponen al poder y por la protección real de las personas frente a la arbitrariedad estatal.
Desde esta perspectiva, el peor escenario no es solamente el colapso violento, el vacío de poder o una negociación con impunidad. También sería profundamente grave una continuidad autoritaria con apariencia de cambio: nuevas autoridades que mantengan la persecución contra quienes piensan distinto; que utilicen la justicia transicional como mecanismo de venganza; que criminalicen ideologías, identidades o expresiones disidentes; que restrinjan derechos de las mujeres; que persigan a personas LGBTIQ+; que limiten la libertad religiosa o de conciencia; que debiliten la independencia judicial; o que invoquen la seguridad nacional para justificar censura, persecución, detenciones arbitrarias, represión de la protesta o la asociación.
En ese sentido, consideramos que el informe identifica riesgos relevantes, pero el debate debe ampliarse para incluir de manera expresa los riesgos de una transición fallida o capturada. El escenario reformista puede derivar en un autoritarismo mejorado. El escenario negociado puede producir pactos de élite sin participación ciudadana suficiente. El escenario de ruptura puede abrir espacio a violencia, revancha o captura institucional. Pero todos los escenarios comparten un riesgo transversal: que el nuevo orden político mantenga, reconstruya o legitime mecanismos de exclusión, persecución y concentración de poder.
Cubalex considera necesario diferenciar con mayor claridad los roles de los actores. Los partidos políticos y plataformas con vocación gubernamental pueden elaborar programas de gobierno, preparar cuadros técnicos, competir electoralmente y participar en el diseño institucional del futuro Estado. Las organizaciones de derechos humanos cumplen una función distinta. Su papel no es disputar el poder ni sustituir a los partidos, sino vigilarlo, limitarlo, exigir rendición de cuentas, así como que cualquier proceso político respete estándares democráticos y de derechos humanos.
Por tanto, las organizaciones de derechos humanos deben conservar autonomía frente a todos los actores políticos, incluidos aquellos que se oponen al régimen actual. Su legitimidad depende precisamente de su capacidad para documentar abusos, proteger víctimas, exigir debido proceso, denunciar prácticas discriminatorias y alertar sobre nuevas formas de autoritarismo, vengan de donde vengan. En una transición democrática, las organizaciones de derechos humanos no deben ser subordinadas a una estrategia partidaria ni convertidas en instrumentos de legitimación de nuevos poderes.
Desde esa posición, Cubalex propone que cualquier hoja de ruta hacia una transición democrática incluya un piso mínimo de garantías no negociables:
- La liberación de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos o por ejercer derechos fundamentales.
- La despenalización efectiva del disenso, la protesta pacífica, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la asociación independiente y la participación política plural.
- La prohibición absoluta de la tortura, los tratos crueles, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la incomunicación y cualquier forma de represalia estatal contra personas defensoras, periodistas, activistas, familiares de presos políticos o víctimas.
- La independencia judicial como condición inmediata y no aplazable de cualquier transición.
- El respeto al debido proceso para todas las personas, incluso aquellas vinculadas al aparato represivo o acusadas de graves violaciones de derechos humanos.
- El rechazo a la pena de muerte y a cualquier forma de justicia sumaria, venganza política o castigo colectivo.
- La protección expresa de mujeres, personas afrodescendientes, personas LGBTIQ+, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, comunidades religiosas, personas migrantes, niñas, niños, adolescentes y otros grupos históricamente vulnerados.
- La garantía de que ningún nuevo gobierno pueda perseguir a una persona por su ideología, religión, orientación sexual, identidad de género, raza, origen social, opinión política o posición frente al proceso de transición.
- La adopción de mecanismos de justicia transicional centrados en verdad, memoria, reparación, garantías de no repetición y responsabilidad individual, no en revancha ni depuración indiscriminada.
- La creación de mecanismos de monitoreo independientes, nacionales e internacionales, que permitan evaluar el comportamiento de las nuevas autoridades durante todo el proceso.
Cubalex también considera que el debate debe distinguir entre escenario inicial, ruta de transición y resultado democrático. El escenario inicial describe el punto de partida: crisis institucional, represión, deterioro económico, emergencia humanitaria, debilitamiento del tejido social y ausencia de Estado de derecho. La ruta de transición describe cómo podría producirse el cambio: reforma, negociación, ruptura, presión internacional, movilización social, fractura de élites o combinaciones entre ellas. El resultado democrático, en cambio, no está garantizado por la ruta. Debe construirse y protegerse mediante instituciones, derechos, participación ciudadana y límites al poder.
Por eso, la preparación del “día después” debe incluir una arquitectura de garantías de derechos humanos desde el primer día. Esa arquitectura debe impedir que la urgencia, el miedo, la polarización, el deseo de castigo o la concentración de poder destruyan el propósito democrático de la transición.
Desde Cubalex proponemos que se abra un debate amplio, plural y transparente sobre estas garantías. Ese debate debe incluir a partidos políticos, plataformas sociales, periodistas, artistas, intelectuales, comunidades religiosas, organizaciones de derechos humanos, familiares de presos políticos, víctimas de represión, mujeres, personas LGBTIQ+, jóvenes, personas afrodescendientes, exiliados, activistas dentro de la isla y comunidades históricamente excluidas. Una transición democrática no puede diseñarse sólo entre quienes aspiran a gobernar. Debe construirse también con quienes tienen la misión de vigilar el poder y proteger a la ciudadanía frente a sus abusos.
La sociedad civil cubana necesita debatir con responsabilidad, sin silencios impuestos, sin exclusiones innecesarias y sin asumir que la unidad exige renunciar a preguntas incómodas. La unidad democrática no se construye callando las diferencias, sino estableciendo principios comunes que impidan que esas diferencias se resuelvan mediante persecución, censura o violencia.
Nuestra posición es clara: ninguna transición será verdaderamente democrática si reproduce la persecución. Ningún cambio será suficiente si las personas continúan teniendo miedo a expresar lo que piensan, organizarse, protestar, defender derechos, vivir su identidad, ejercer su fe, decidir sobre sus cuerpos o participar en la vida pública sin temor a represalias.
Defendemos la necesidad de justicia, la cual es distinta a la revancha y no debe interpretarse como un borrón y cuenta nueva.
Cuba necesita salir del totalitarismo, pero también necesita impedir que las tendencias autoritarias se reciclen o resurjan con nuevos rostros. Ese debe ser uno de los consensos mínimos del debate democrático cubano.
Cubalex reitera su disposición a contribuir a esta discusión desde su experiencia en documentación, análisis jurídico, acompañamiento a víctimas, litigio estratégico, incidencia internacional y defensa de derechos humanos, sino contribuir a que asegurar que cualquier transición tenga como centro la dignidad humana, la justicia, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición.
El futuro democrático de Cuba no debe definirse sólo por quién llega preparado al poder. Debe definirse, sobre todo, por la capacidad colectiva de impedir que cualquier poder vuelva a perseguir a las personas por pensar, vivir o expresarse de manera diferente.