El preso político del 11J Leonel Tristá García cumple 13 días en huelga de hambre mientras permanece bajo custodia en la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara. La protesta comenzó tras su detención el 16 de junio y en medio de amenazas de revocación de la licencia extrapenal que le permitió salir de prisión en enero de 2025.
La información más reciente indica que, en la tarde del sábado, Tristá García perdió el conocimiento debido al deterioro de su estado de salud y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro. Sin embargo, fue devuelto poco tiempo después a la estación policial.
Detención tras cuestionar un registro policial
De acuerdo con la información documentada, el 16 de junio agentes de la Policía Nacional Revolucionaria se presentaron en la vivienda de Leonel Tristá García, ubicada en el reparto El Condado, en Santa Clara, con una orden de registro. Tristá García cuestionó la legalidad de dicha orden al considerar que no cumplía con los requisitos legales y se negó a permitir el registro.
Horas después, los agentes regresaron con una orden de detención, lo arrestaron y lo trasladaron a la Tercera Unidad de la PNR de Santa Clara.
Inicialmente las autoridades le atribuyeron los presuntos delitos de desorden público y desacato. Posteriormente, esas acusaciones habrían sido retiradas, pero las autoridades iniciaron el procedimiento para revocar la licencia extrapenal que le había sido concedida en enero de 2025.
Deterioro progresivo bajo custodia estatal
El 20 de junio se reportó que Leonel Tristá García llevaba cuatro días en huelga de hambre. Para el 24 de junio continuaba en protesta dentro de la unidad policial, presentando mareos y fatiga.
Ese mismo día se documentó un agravamiento significativo de su estado de salud. Según la información disponible, sufrió dos desmayos, había dejado también de ingerir agua, permanecía recluido en una celda tapiada y no estaba recibiendo atención médica adecuada.
El 27 de junio fue trasladado al Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro debido a la gravedad de su condición física. En el centro médico le dieron un servicio de urgencia y procedieron a hidratarlo, pero la policía política decidió regresarlo a una celda tapiada en la Tercera Unidad.
Derechos comprometidos
Los hechos conocidos comprometen múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud y a recibir atención médica adecuada, especialmente porque Leonel Tristá García permanece bajo custodia estatal, circunstancia que impone al Estado un deber reforzado de protección.
También existen preocupaciones respecto al derecho a la libertad personal y a no ser objeto de detenciones arbitrarias, dado que su arresto ocurrió después de cuestionar la legalidad de una actuación policial y las acusaciones penales inicialmente formuladas habrían sido retiradas.
Asimismo, deben examinarse las garantías del debido proceso en la revocación de la licencia extrapenal, incluida la existencia de una resolución debidamente motivada, la posibilidad de impugnarla y el acceso efectivo a defensa jurídica.
La información disponible también hace necesario verificar si ha podido mantener comunicación con sus familiares y con su abogado durante su permanencia en la unidad policial y durante su hospitalización.
Con base en la información actualmente disponible, el caso presenta indicios de posibles violaciones de derechos humanos que requieren investigación.
Entre ellas se encuentran una posible detención arbitraria o una represalia por haber cuestionado la legalidad de un registro policial; la posible revocación arbitraria de la licencia extrapenal sin las debidas garantías; la falta de atención médica oportuna frente a un cuadro de evidente gravedad; el posible aislamiento o permanencia en condiciones agravadas de reclusión; la exposición a un riesgo vital bajo custodia estatal; posibles tratos crueles, inhumanos o degradantes; y una eventual omisión de los órganos encargados de controlar la legalidad de la detención y proteger sus derechos fundamentales.
Finalmente, la huelga de hambre constituye una forma extrema de protesta frente a una medida que la persona considera arbitraria. En este contexto, las autoridades tienen la obligación de proteger su vida e integridad sin recurrir a amenazas, castigos, aislamiento u otras formas de presión.
Obligaciones del Estado cubano
Al encontrarse Leonel Tristá García bajo custodia estatal, las autoridades cubanas tienen la obligación de garantizar atención médica inmediata, adecuada y continua, realizar evaluaciones clínicas permanentes y adoptar todas las medidas necesarias para prevenir daños irreparables.
También deben respetar su dignidad y voluntad durante la huelga de hambre, absteniéndose de recurrir a amenazas, represalias, castigos, aislamiento o cualquier forma de coerción.
Corresponde además a la Fiscalía, los tribunales y las autoridades competentes supervisar la legalidad de la privación de libertad, las condiciones de detención y la atención médica recibida, así como garantizar la comunicación con sus familiares y su defensa.
Un patrón de represalia
El caso se desarrolla en un contexto en el que Leonel Tristá García ya era identificado como preso político e integrante de la sociedad civil independiente.
La secuencia documentada —registro domiciliario, cuestionamiento de la legalidad del procedimiento, detención posterior, imputaciones que posteriormente fueron retiradas, revocación de un beneficio penitenciario, inicio de una huelga de hambre, deterioro progresivo de su estado de salud, presunta ausencia de atención médica adecuada, posible aislamiento y traslado hospitalario tardío— sugiere un posible uso del sistema penal y policial como mecanismo de represalia y control frente a una persona previamente identificada por su activismo político.
Con la información disponible, el caso de Leonel Tristá García configura una situación de extrema gravedad por el riesgo vital que enfrenta bajo custodia estatal.
Las autoridades cubanas tienen la obligación de garantizar de manera inmediata su vida, su integridad física, el acceso a atención médica especializada, el respeto de sus garantías procesales y el contacto con su familia y su defensa, así como de abstenerse de cualquier acto de represalia relacionado con su protesta.