El Centro de Información Legal Cubalex y el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center celebran la decisión publicada hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual se declara la responsabilidad del Estado cubano por la vigilancia ilegal, el hostigamiento, la represión y la detención arbitraria de abogados y del personal de Cubalex.
Como parte de su decisión, la CIDH emitió múltiples recomendaciones al Estado de Cuba, entre ellas reparar integralmente a las víctimas —incluyendo compensación económica, medidas de satisfacción y condiciones para el retorno de quienes fueron forzados al exilio, si así lo desean—, investigar y sancionar a los funcionarios responsables, y adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para prevenir y erradicar el hostigamiento, la violencia, la criminalización y las represalias contra personas defensoras de derechos humanos. Esta decisión es el resultado de más de ocho años de litigio ante la CIDH impulsado por Cubalex y el Kennedy Human Rights Center.
Julio Ferrer Tamayo, miembro de Cubalex y una de las víctimas del caso, señaló que “la decisión de la CIDH de declarar al Estado cubano responsable por la represión contra integrantes de Cubalex, represión de la que, como miembro de Cubalex, fui víctima junto a familiares, es un logro extraordinario, fruto de la documentación ante ese organismo internacional de esa nefasta política de Estado, para contra casi la totalidad de las organizaciones de la sociedad civil cubana”. Por ello, espera que “sea, este, el primer paso en hacer que el Estado cubano responda de manera efectiva por el daño causado no solo a los integrantes de Cubalex, además, a todo el pueblo cubano”.
Desde 2010, Cubalex ha brindado asistencia jurídica gratuita a personas en Cuba, ha documentado violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado y ha acompañado a activistas en situación de riesgo. Como consecuencia de este trabajo, sus integrantes han enfrentado persecución, amenazas y reiterados intentos del Estado para obstaculizar su labor en defensa de los derechos humanos.
Entre 2012 y 2016, integrantes de Cubalex fueron amenazados con procesos penales y detenidos arbitrariamente bajo cargos fabricados, como la supuesta elaboración de “informes críticos sobre el gobierno”. Asimismo, fueron objeto de vigilancia de sus comunicaciones telefónicas y electrónicas, y enfrentaron restricciones de viaje que les impedían entrar o salir del país. En 2015, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del equipo de Cubalex, en respuesta a una campaña de desprestigio y al hostigamiento sostenido por las autoridades estatales tras su participación en audiencias internacionales sobre derechos humanos.
En septiembre de 2016, la sede de la organización fue allanada violentamente sin orden judicial, y agentes estatales incautaron computadoras, documentos y archivos de trabajo. Tras este operativo, miembros del equipo de Cubalex fueron citados a interrogatorios bajo el pretexto de una investigación simulada, y algunos fueron sometidos a registros corporales invasivos o detenidos arbitrariamente. La mayoría del equipo de Cubalex se vio forzada a salir del país tras el allanamiento de 2016. No obstante, el integrante Julio Alfredo Ferrer Tamayo permaneció detenido arbitrariamente hasta 2017 y posteriormente se exilió en 2024. En la actualidad, Cubalex continúa su labor desde el exilio.
“El gobierno cubano ha restringido los derechos humanos en prácticamente todas sus formas, desplegando múltiples mecanismos para silenciar a personas defensoras y disidentes políticos”, señaló Kerry Kennedy, presidenta del Kennedy Human Rights Center. “Esta decisión constituye un paso fundamental hacia la justicia y la rendición de cuentas, no solo para el equipo de Cubalex, sino para todas las personas en Cuba que enfrentan graves restricciones a sus libertades.”
En su decisión, la Comisión concluyó que el Estado cubano violó los derechos a la privacidad, al debido proceso y a las libertades de reunión, de asociación, de expresión, de tránsito y residencia de las víctimas, así como el derecho de protección contra la detención arbitraria, conforme al derecho internacional. Asimismo, determinó que las acciones estatales provocaron “daños físicos y psicológicos” y generaron en las víctimas una situación de temor constante. De manera relevante, la Comisión reconoció que estas violaciones y otros abusos fueron perpetrados en represalia por la labor de Cubalex en defensa de los derechos humanos, y que tuvieron como objetivo impedir la continuidad de sus actividades y obstaculizar su derecho a defender los derechos.
La Comisión también reiteró que Cuba continúa operando en un marco jurídico y político represivo. En ese sentido, concluyó que los hechos del caso Cubalex “se desarrollaron en una situación generalizada en el país caracterizada por el hostigamiento y las represalias contra disidentes políticos, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos”.
Sobre el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center
El Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center es una organización no partidista y sin fines de lucro que trabaja en los ámbitos judicial, empresarial y educativo para construir un mundo más justo y pacífico. Inspirada en el legado del senador Robert F. Kennedy y Ethel Kennedy, la organización colabora con aliados a nivel nacional e internacional para proteger los derechos humanos fundamentales. Su labor incluye litigio estratégico para exigir la rendición de cuentas de los gobiernos, la promoción de prácticas empresariales con impacto social y la formación de nuevas generaciones comprometidas con los derechos humanos.
Sobre Cubalex
Cubalex es una organización sin fines de lucro que trabaja a nivel comunitario, en el sistema legal y en el ámbito internacional para construir una Cuba más justa y democrática. Fundada en La Habana en 2010 y actualmente operando desde el exilio, colaboramos con socios nacionales e internacionales para proteger las libertades fundamentales. Brindamos asesoría y asistencia legal gratuita para empoderar a la ciudadanía; abogamos por la restauración del Estado de derecho; y documentamos violaciones de derechos humanos con el objetivo de garantizar un futuro de justicia y rendición de cuentas.