El reciente caso del artivista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara ha vuelto a poner en evidencia una práctica que la Seguridad del Estado cubana emplea desde hace años contra quienes disienten: el traslado forzoso a las llamadas “casas de protocolo“.
Otero Alcántara, tras cumplir íntegramente su condena de cinco años de prisión en julio de 2026, fue sacado de la prisión de Guanajay, en Artemisa, y permaneció durante más de una semana bajo custodia de agentes de la Seguridad del Estado en una de estas casas, ubicada en las afueras de La Habana, antes de ser enviado al exilio.
En estos inmuebles, cuya ubicación las víctimas suelen desconocer, periodistas, opositores, activistas y defensores de derechos humanos permanecen bajo custodia fuera de instalaciones policiales o penitenciarias, mientras son sometidos a interrogatorios, amenazas, grabaciones, el retiro de pertenencias —como teléfonos móviles— y otras formas de hostigamiento y tortura psicológica, en un entorno diseñado para incrementar la incertidumbre, el aislamiento y la presión sobre la persona.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, el uso de estas viviendas forma parte de un patrón documentado durante años contra personas consideradas críticas del régimen. Cubalex ha recibido y documentado denuncias que muestran cómo estos inmuebles son utilizados como espacios de interrogatorio, intimidación, aislamiento y coacción, fuera de dependencias policiales o penitenciarias.
Un mecanismo de control fuera de las instituciones oficiales
Las denominadas casas de protocolo cumplen diferentes funciones dentro de la estrategia represiva de la Seguridad del Estado. En algunos casos son utilizadas para crear un ambiente aparentemente menos hostil, donde los agentes buscan generar confianza para obtener información, promover la colaboración o presionar a las víctimas para abandonar el activismo o aceptar el exilio. En otros, constituyen verdaderos espacios de privación arbitraria de libertad, donde la persona permanece retenida sin conocer su ubicación, sin acceso a comunicación con familiares o abogados y sometida a interrogatorios y diversas formas de presión psicológica.
Entre las prácticas denunciadas por las víctimas figuran la retirada de teléfonos móviles y otras pertenencias, la incomunicación, las grabaciones de audio y video, las amenazas de nuevos procesos penales, las advertencias sobre represalias contra familiares y la incertidumbre sobre el tiempo que permanecerán retenidas o el destino que les espera.
La utilización de estos inmuebles fuera de los canales institucionales incrementa la sensación de indefensión y dificulta la documentación de las violaciones de derechos humanos.
Casos documentados a lo largo de los años
Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2021, cuando el periodista de El Estornudo Darío Alejandro Alemán acudió a una citación en la estación policial de Mariano, en La Habana. Desde allí fue trasladado en un automóvil Lada de color rojo hasta una casa de protocolo ubicada en el reparto Siboney, en el municipio Playa. Durante el interrogatorio fue amenazado con ser “regulado”, una medida administrativa que impide salir del país, además de recibir otras presiones por su trabajo periodístico.
Ese mismo año, el artista Hamlet Lavastida fue detenido a su regreso de una residencia artística en Berlín. Tras cumplir el aislamiento sanitario impuesto por la pandemia de COVID-19, fue conducido a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, donde permaneció cerca de tres meses. Antes de ser desterrado a Polonia en septiembre de 2021, junto a su entonces pareja, la poeta Katherine Bisquet, ambos fueron trasladados a una casa de protocolo de la Seguridad del Estado, donde permanecieron bajo custodia antes de abandonar definitivamente Cuba.
También en noviembre de 2021, en el contexto de la llamada Marcha Cívica por el Cambio (15N), la activista Daniela Rojo permaneció cerca de una semana desaparecida y luego se supo que estaba recluida en una de estas casas. Igualmente denunció que había cámaras en la casa.
En enero de 2022, el activista y preso político Esteban Rodríguez también fue sacado de la prisión Combinado del Este y llevado a una casa de la Seguridad del Estado antes de ser expulsado de la isla.
Meses después, durante julio de 2022, la periodista Yadiris Luis Fuentes denunció haber sido trasladada en varias ocasiones a una casa de protocolo en La Habana cuya ubicación desconocía. Allí fue sometida a interrogatorios de entre una y dos horas. Según su testimonio, los agentes le retiraron el teléfono móvil, la separaron de sus pertenencias, la grabaron durante los interrogatorios y la amenazaron con aplicarle las disposiciones del nuevo Código Penal. También le ofrecieron alimentos, que rechazó.
Más recientemente, en 2024, varios periodistas del medio independiente El Toque denunciaron haber sido conducidos, en distintos momentos, a casas de protocolo de la Seguridad del Estado. Según los testimonios, durante esas retenciones fueron interrogados, grabados y amenazados para que abandonaran su trabajo periodístico o entregaran los ingresos obtenidos por su labor profesional.
Un patrón de tortura psicológica
Estos casos representan apenas una muestra de una práctica recurrente que ha afectado durante años a periodistas, artistas, defensores de derechos humanos, opositores y activistas cubanos. Existen numerosos testimonios adicionales que describen experiencias similares, aunque muchas víctimas prefieren no denunciarlas públicamente por temor a nuevas represalias.
Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, el empleo de estos espacios clandestinos de interrogatorio y custodia constituye un mecanismo particularmente lesivo. La combinación de incomunicación, incertidumbre sobre el paradero, amenazas, vigilancia permanente, grabaciones forzadas y ausencia de garantías legales puede configurar actos de tortura o, como mínimo, tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos por instrumentos internacionales como la Convención contra la Tortura.
El caso de Luis Manuel Otero Alcántara evidencia que esta práctica continúa vigente. Incluso después de cumplir una condena impuesta por motivos políticos, el Estado cubano recurrió nuevamente a un mecanismo extralegal para mantener el control sobre su libertad y condicionar su destino final.
Para Cubalex, la utilización sistemática de casas de protocolo como espacios de intimidación, interrogatorio y retención arbitraria forma parte del aparato represivo del Estado cubano. Lejos de responder a hechos aislados, constituye un patrón sostenido de persecución política dirigido a castigar y silenciar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y la defensa de los derechos humanos.