El monitoreo de Cubalex documentó al menos 39 muertes de personas bajo custodia del Estado cubano hasta el 30 de junio de 2026, una cifra que evidencia la persistencia de graves violaciones de derechos humanos en centros penitenciarios, estaciones policiales, instituciones de internamiento y Servicio Militar.
Estos datos representan un subregistro y que el número real de fallecimientos puede ser significativamente mayor debido a la falta de transparencia del Estado cubano, la ausencia de estadísticas oficiales, las restricciones para acceder a información pública y el temor de muchas familias a denunciar estos hechos por posibles represalias.
Entre las 39 personas fallecidas documentadas durante el primer semestre del año se encuentran cuatro presos políticos: Ernesto Brieva Sempé, Roberto Álvarez Ávila, Luis Miguel Oña Jiménez y Lázaro García Ríos, quienes murieron mientras permanecían bajo custodia del Estado.
Que cuatro de las 39 personas fallecidas bajo custodia durante el primer semestre de 2026 fueran presos políticos no es un dato menor. Las personas privadas de libertad por motivos políticos suelen estar expuestas a mayores niveles de arbitrariedad, represalias y vulneraciones de derechos dentro de los centros penitenciarios y otras instituciones bajo custodia estatal.
También cabe resaltar que las provincias con mayor concentración de fallecimientos subregistrados son Guantánamo (9), La Habana (8) y Santiago de Cuba (6).
Cubalex ha documentado de manera reiterada que este grupo enfrenta con frecuencia condiciones de reclusión más severas, restricciones adicionales al contacto con sus familiares y abogados, aislamiento prolongado, traslados punitivos, negación o retraso deliberado de atención médica y otras formas de hostigamiento que incrementan su situación de vulnerabilidad y el riesgo para su vida e integridad personal.
La muerte de personas privadas de libertad constituye una de las expresiones más graves de la responsabilidad estatal en materia de derechos humanos. Quienes se encuentran bajo custodia dependen completamente de las autoridades para garantizar su vida, integridad física, acceso a atención médica y condiciones compatibles con la dignidad humana.
Un patrón documentado de negligencia, violencia e impunidad
Como señaló Cubalex en su informe “Muertes bajo custodia en Cuba”, publicado en 2024, estos fallecimientos no deben analizarse como hechos aislados, sino como parte de un patrón estructural de violaciones de derechos humanos dentro del sistema de detención y custodia del país.
El entorno en el que ocurren estas muertes está marcado por condiciones materiales profundamente precarias. El hacinamiento, la falta de higiene, la escasez de alimentos, las dificultades para acceder a agua potable y la insuficiente ventilación deterioran gravemente la salud de las personas privadas de libertad y aumentan el riesgo de enfermedades y fallecimientos.
A estas condiciones se suma la falta sistemática de atención médica adecuada. En numerosos casos documentados por Cubalex, las autoridades penitenciarias desatienden enfermedades preexistentes, retrasan o niegan tratamientos indispensables o responden de manera tardía e insuficiente ante emergencias médicas, provocando muertes que pudieron haberse evitado.
La violencia constituye otro elemento recurrente dentro del sistema de custodia. Personas detenidas denuncian agresiones físicas y psicológicas, malos tratos, uso excesivo de la fuerza y abusos cometidos tanto por funcionarios penitenciarios como por otros reclusos, en un contexto donde el Estado incumple su obligación de proteger a quienes mantiene bajo su control.
Cubalex también ha documentado que las investigaciones sobre muertes bajo custodia son, en la práctica, inexistentes o carecen de independencia e imparcialidad.
Los procesos se caracterizan por la opacidad, la falta de acceso de las familias a la información y la tendencia de las autoridades a presentar versiones oficiales que minimizan u ocultan posibles responsabilidades estatales. Esta situación genera una profunda brecha entre los testimonios de familiares, testigos y organizaciones independientes y las explicaciones ofrecidas por las instituciones del Estado.
La ausencia de investigaciones efectivas y de mecanismos de rendición de cuentas perpetúa la impunidad y dificulta que las familias conozcan la verdad sobre las circunstancias en que murieron sus seres queridos.
Crisis persistente de derechos humanos
El monitoreo realizado por Cubalex confirma que las muertes bajo custodia continúan siendo una manifestación de una problemática estructural profundamente arraigada en el sistema penitenciario y de detención cubano.
La documentación de estos casos pone de relieve un patrón sostenido de negligencia, condiciones de reclusión incompatibles con la dignidad humana, deficiente atención médica, violencia institucional y ausencia de investigaciones efectivas, factores que, de manera individual o combinada, contribuyen a la muerte de personas bajo responsabilidad directa del Estado.
Las 39 muertes documentadas hasta el 30 de junio de 2026 no representan la totalidad de los casos ocurridos. Existe un subregistro significativo, consecuencia de la política de opacidad del Estado cubano, que impide el acceso a información pública, restringe la labor de monitoreo independiente y obstaculiza el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación.