Cubalex ha verificado que al menos siete adolescentes menores de 18 años permanecen actualmente privados de libertad en Cuba por hechos relacionados con protestas o procesos penales de evidente motivación política.
Los casos documentados reflejan la continuidad de un patrón de criminalización de niños y adolescentes, acompañado de graves vulneraciones al debido proceso, incomunicación, falta de información a las familias y condiciones de detención incompatibles con los estándares internacionales de protección de la niñez.
Los menores actualmente verificados por el monitoreo de Cubalex son Cristian Fernández Sarmiento (16 años), Alex Javier Hernández González (13 años), Ander Magdiel del Toro Suárez (15 años), José Jorge Menéndez Vázquez (17 años), Cristian de Jesús Crespo Álvarez (16 años), Leroy Hernández Escalona (17 años) y José Ángel Borrero (17 años).
Tres de estos adolescentes, Ander Magdiel del Toro Suárez, José Jorge Menéndez Vázquez y José Ángel Borrero, fueron detenidos en junio pasado tras el incendio del Museo de Maffo, en Contramaestre, Santiago de Cuba, ocurrido en el contexto de las protestas del 21 de junio. Después de esos hechos, la Seguridad del Estado inició una persecución contra varios menores de edad de la localidad. Según confirmó la activista Anamely Ramos, los tres permanecen recluidos en el centro de la Seguridad del Estado conocido como Versalles, en Santiago de Cuba.
En esa misma instalación continúa detenido Cristian Fernández Sarmiento, de 16 años, arrestado también en junio durante las protestas ocurridas en el barrio Altamira, en Santiago de Cuba. Lleva más de un mes privado de libertad. Esta semana, su abuela, Soraya Cardosa, de 83 años, pidió públicamente su liberación y denunció que el adolescente ha perdido peso de forma considerable y que las autoridades continúan sin ofrecer información sobre el proceso ni los motivos por los que permanece encarcelado.
El caso más reciente es el de Alex Javier Hernández González, de apenas 13 años, el detenido de menor edad documentado actualmente por Cubalex. Fue arrestado durante las protestas registradas el pasado 22 de julio en Santiago de las Vegas, La Habana. Según denunció su madre en un video difundido en redes sociales, el niño fue arrestado con violencia, trasladado inicialmente a la estación policial de Calabazar y posteriormente llevado al centro de detención para menores conocido como El Combinadito, donde permanecería recluido. Según la propia legislación cubana, los menores de 16 años no son imputables, por tanto, Hernández González no debería estar en un centro de detención, sino en una de las llamadas Escuelas de Formación Integral.
Por su parte, Cristian de Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, permanece encarcelado desde marzo en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, tras las manifestaciones ocurridas en Morón. En junio fue diagnosticado con hepatitis y estuvo recluido en la enfermería del penal, pues las autoridades penitenciarias informaron a su familia que no sería trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.
El adolescente que acumula más tiempo privado de libertad es Leroy Hernández Escalona, de 17 años. Fue detenido en septiembre de 2025 en Maniabón, municipio de Puerto Padre, Las Tunas, mientras participaba en una protesta pacífica. Inicialmente permaneció recluido en Instrucción Provincial de Las Tunas, donde fue sometido a prolongados interrogatorios y presiones psicológicas, sin que su familia pudiera verlo. Según la información verificada por Cubalex, continúa privado de libertad bajo la medida cautelar de prisión provisional.
Los casos actualmente documentados se suman al de Jonathan David Muir Burgos, uno de los ejemplos más representativos de la represión ejercida contra menores de edad en Cuba. Jonathan fue detenido el 16 de marzo de 2026, cuando tenía 16 años, tras las protestas ocurridas en Morón, Ciego de Ávila. Permaneció recluido inicialmente en el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) y posteriormente fue trasladado sin previo aviso a la prisión de Canaleta, donde estuvo encarcelado durante más de tres meses. En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud estaban en riesgo bajo custodia del Estado cubano. Aunque recuperó la libertad a finales de junio, su caso fue señalado por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo del creciente uso del sistema penal cubano para criminalizar a adolescentes vinculados a manifestaciones sociales.
Un patrón estructural de criminalización de menores
Estos casos confirman los hallazgos del informe sobre menores de edad publicado por Cubalex este año, que identifica una contradicción estructural en el marco normativo cubano. Aunque la legislación reconoce formalmente determinadas garantías para niños y adolescentes, en la práctica estas pueden quedar vacías de contenido debido a la amplia discrecionalidad de las autoridades, la ausencia de un control judicial efectivo y la ambigüedad de diversas normas procesales.
En contextos de protesta social, los menores pasan a ser tratados como sujetos plenamente responsables desde el punto de vista penal, sin que exista una protección reforzada acorde con su condición de niños y adolescentes, mientras sus familias quedan en una posición jurídicamente debilitada para cuestionar las actuaciones estatales.
Las preocupaciones sobre este patrón fueron expresadas también por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en sus observaciones finales de 2022. El órgano manifestó su inquietud por la detención de niños —incluidos niños de 13 años— en el contexto de las protestas en Cuba, los arrestos nocturnos, la incomunicación, los interrogatorios prolongados y la privación de libertad de adolescentes por ejercer derechos como la reunión pacífica. Asimismo, alertó sobre la ausencia de un sistema de justicia juvenil plenamente compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño, la insuficiencia de garantías procesales para menores de 16 años y el uso excesivo de la prisión preventiva sin límites claramente definidos.
Los siete casos actualmente verificados demuestran que estas prácticas no constituyen hechos aislados. Por el contrario, evidencian la continuidad de un patrón de actuación estatal caracterizado por la criminalización de adolescentes en contextos de protesta, la utilización de figuras penales severas y la restricción sistemática de garantías del debido proceso, lo que mantiene vigente un escenario de riesgo estructural para los menores de edad y sus familias en la isla.