El abandono de opositores y activistas en lugares despoblados, alejados de sus viviendas y, en algunos casos, incluso en otras provincias, se ha convertido en una práctica represiva utilizada por agentes de la Seguridad del Estado cubana para intimidar, castigar y quebrar a personas que ejercen derechos fundamentales. Los hechos suelen ocurrir después de detenciones arbitrarias o períodos de desaparición forzada y con frecuencia tienen lugar durante la noche o la madrugada, dejando a las víctimas sin medios para regresar a sus hogares.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 19 de agosto de 2026 contra el periodista independiente y escritor Francisco Correa Romero. El reportero explicó que fue detenido mientras realizaba una entrevista en la fábrica de banderas de Jaimanitas, en el municipio Playa, La Habana. Después de permanecer bajo custodia de agentes estatales, fue trasladado en un carro policial hasta Candelaria, en la provincia de Pinar del Río, donde fue abandonado.
Correa denunció además que durante el operativo los agentes le incautaron dinero y una acreditación del medio independiente Diario de Cuba. Su esposa, la periodista independiente Yunia Figueredo, había denunciado desde la tarde del 19 de agosto que desconocía el paradero de Correa y responsabilizó a la Seguridad del Estado por su desaparición.
El periodista no pudo regresar a La Habana hasta la madrugada del 20 de agosto, cuando logró trasladarse en un camión que transportaba mercancías hacia La Lisa. Desde ese municipio tuvo que continuar el trayecto a pie hasta su vivienda en Jaimanitas.
El caso de Correa evidencia cómo el abandono puede ser utilizado como una extensión de la detención arbitraria: aunque la persona sea finalmente liberada, las autoridades la dejan deliberadamente en condiciones que dificultan su regreso, especialmente cuando carece de dinero, transporte o medios de comunicación. En este tipo de situaciones, además, la incertidumbre sobre el paradero de la víctima puede prolongarse durante horas y generar angustia entre sus familiares.
Caso de Mario Alberto Hernández: dos veces en lo que va de 2026
En lo que va de 2026, el monitoreo de Cubalex ha registrado seis eventos relacionados con el abandono de activistas y opositores en lugares despoblados, alejados de sus viviendas o de difícil acceso. Los casos documentados muestran un patrón en el que las autoridades, después de detener o interrogar a las víctimas, las trasladan fuera de sus lugares habituales y las dejan sin recursos suficientes para regresar a sus hogares.
Esta práctica tiene un efecto intimidatorio y puede generar condiciones de vulnerabilidad física y psicológica. Al ser abandonadas durante la noche, la madrugada o en sitios alejados, las víctimas quedan expuestas a riesgos adicionales y deben resolver por sus propios medios el regreso a sus viviendas.
Uno de los casos más relevantes es el del vicepresidente del Movimiento Opositor por una Nueva República (MONR), Mario Alberto Hernández Leyva, quien ha denunciado haber sido sometido a este tipo de represalia al menos dos veces durante 2026.
El episodio más reciente ocurrió en julio, cuando Hernández Leyva denunció haber sido golpeado, amenazado y sometido durante varias horas a una desaparición forzada por agentes de la Seguridad del Estado. El opositor fue detenido mientras se dirigía a una actividad convocada por el jefe de la diplomacia estadounidense en La Habana, Mike Hammer.
Inicialmente fue trasladado a la estación policial de Marianao. Posteriormente, los agentes volvieron a subirlo a una patrulla y lo trasladaron fuera de La Habana.
“Me llevaron casi para otra provincia, Artemisa. En medio de una autopista me bajaron esposado, me llevaron a un matorral, me quitaron los pantalones y me hicieron fotos. Me trajeron de nuevo a la Sexta Unidad de Marianao”, relató Hernández Leyva.
El activista también denunció haber recibido amenazas durante el operativo y reportó la desaparición de varias de sus pertenencias.
Además de Correa y Hernández Leyva, otros activistas y opositores que han sufrido durante 2026 hechos relacionados con el abandono en lugares alejados o despoblados son Alexander Díaz Rodríguez, José Elías González, Manuel Cuesta Morúa y Rolando Pérez Lora.
Una modalidad de castigo y hostigamiento
El abandono forzado debe analizarse dentro del conjunto de prácticas empleadas por las autoridades cubanas para castigar a personas por su activismo, ejercicio del periodismo independiente, participación en actividades opositoras o vínculo con actores de la sociedad civil.
La práctica no termina necesariamente con la liberación de la persona detenida. Al trasladarla deliberadamente a un sitio distante y dejarla sin dinero, transporte u otros medios para regresar, los agentes prolongan los efectos de la detención y generan una situación adicional de vulnerabilidad.
En varios de los casos documentados por Cubalex, el abandono se produce después de interrogatorios, amenazas, golpes, confiscación de pertenencias o períodos de incomunicación. Esto permite identificar un patrón de hostigamiento dirigido no solo a la víctima, sino también a su entorno familiar, que permanece durante horas sin conocer su paradero.
El caso de Francisco Correa vuelve a poner de manifiesto esta práctica. El periodista fue detenido mientras realizaba su trabajo, permaneció incomunicado durante horas y terminó abandonado en otra provincia, a decenas de kilómetros de su vivienda, sin el dinero que llevaba consigo y sin una vía segura para regresar.
Cubalex considera necesario documentar estos hechos como parte de los patrones de represión empleados contra periodistas independientes, opositores y activistas en Cuba. El abandono en lugares despoblados o alejados no constituye una liberación efectiva cuando las autoridades crean deliberadamente condiciones de riesgo, desprotección y vulnerabilidad para la persona detenida.
La repetición de estos episodios durante 2026 evidencia la necesidad de continuar registrándolos y analizándolos como una modalidad específica de violencia represiva, particularmente cuando concurren con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, agresiones físicas, confiscación de pertenencias y otras formas de hostigamiento estatal.