La salida de prisión no siempre significa el fin del sufrimiento para los presos políticos cubanos. En los últimos años, Cubalex ha documentado denuncias de personas excarceladas o liberadas tras cumplir sus condenas que, una vez fuera de los centros penitenciarios, continúan enfrentando enfermedades graves sin recibir la atención médica necesaria.
En varios de estos casos, los padecimientos se desarrollaron o agravaron durante el encarcelamiento, en un contexto marcado por la falta de medicamentos, estudios diagnósticos, tratamientos especializados y condiciones adecuadas de alimentación y atención sanitaria.
El monitoreo de Cubalex ha registrado denuncias de este tipo por parte de Carlos Michael Morales Rodríguez, en Villa Clara, y más recientemente, durante 2026, de Alexander Díaz Rodríguez, Mailene Noguera Santiesteban, Carlos Alberto Macdonald Ennis y Michael Hernández Medina, en distintas provincias del país.
Se trata de casos diferentes, pero con un elemento común: después de recuperar la libertad, estas personas han continuado enfrentando las consecuencias de enfermedades que, según sus denuncias y las de sus familiares o allegados, no fueron atendidas adecuadamente mientras permanecían bajo custodia estatal.
La situación de Alexander Díaz Rodríguez constituye uno de los ejemplos más graves. El manifestante del 11J fue excarcelado en abril de 2026 tras cumplir su condena y salió de prisión con un deterioro físico extremo. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que padecía cáncer de garganta, además de desnutrición severa y otras enfermedades. Tras su liberación, el propio Díaz Rodríguez relató que durante el encarcelamiento también contrajo hepatitis B y sufrió anemia, gastritis y problemas dentales.
El caso de Díaz Rodríguez resulta especialmente preocupante porque, según los testimonios difundidos después de su excarcelación, algunas de las afecciones se desarrollaron o agravaron durante sus años de encarcelamiento. Al salir, había perdido alrededor de 50 kilogramos respecto a su peso anterior y presentaba un estado físico que generó preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Otro caso es el de Michael Hernández Medina, expreso político de Pinar del Río, quien tras recuperar la libertad denunció un grave deterioro de su salud. Cubalex documentó en octubre de 2025 que presentaba sangrado por la boca, niveles bajos de hemoglobina y sospecha de una lesión pulmonar, además de ser paciente con VIH y haber sufrido tuberculosis durante su estancia en prisión.
Meses después, ya como exprisionero, Hernández Medina volvió a denunciar la falta de atención médica especializada. En junio de 2026 afirmó que sufría fiebre alta, expulsión de sangre, anemia, dificultad respiratoria y un marcado deterioro físico, mientras las instituciones sanitarias cubanas no le proporcionaban el tratamiento que necesitaba.
También está el caso de Carlos Michael Morales Rodríguez, periodista independiente y expreso político del 11J en Villa Clara. Durante sus períodos de encarcelamiento, Morales recurrió en varias ocasiones a huelgas de hambre para reclamar, entre otros derechos, atención médica. Según relató, las autoridades le negaron asistencia pese a sus problemas de salud.
Morales también padece insuficiencia mitral e hipertrofia ventricular. En 2024, después de recuperar la libertad, denunció que un médico cardiólogo vinculado al Tribunal Municipal Popular de Caibarién minimizó sus padecimientos y sostuvo que estos no le impedían trabajar.
Denuncias en este mes de agosto
Solo en agosto de 2026 han trascendido nuevas denuncias sobre la desatención médica que enfrentan dos exprisioneros políticos: Carlos Alberto Macdonald Ennis, en Las Tunas, y Mailene Noguera Santiesteban, en Mayabeque.
Macdonald Ennis fue excarcelado bajo fianza en junio de 2026, después de permanecer más de dos años en prisión provisional. Su salida estuvo relacionada con el grave deterioro de su estado de salud y, aunque se encuentra en libertad, continúa sometido a un proceso penal.
Durante su encarcelamiento desarrolló un tumor maxilar que creció hacia estructuras internas de la cabeza y le provocó fuertes dolores. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que no recibió tratamiento médico adecuado mientras permaneció en prisión.
Este mes, la situación se agravó. Según una denuncia difundida por Cubalex, personal sanitario en Las Tunas se negó a entregarle las imágenes del somatón realizado para localizar el tumor. El equipo para realizar el estudio se encuentra roto y, sin las imágenes, los médicos no pueden determinar con precisión dónde está situado el tumor.
La falta de estas imágenes impidió incluso que comenzara el tratamiento de radiación que tenía previsto recibir. El caso evidencia cómo la falta de equipos y recursos médicos puede convertirse en un obstáculo para acceder a tratamientos urgentes, incluso después de que una persona haya salido de prisión.
La situación de Mailene Noguera Santiesteban, expresa política del 11J en Mayabeque, también se ha deteriorado durante este año.
Noguera fue liberada en enero de 2025 después de permanecer encarcelada por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Tras su salida, ya presentaba un tumor de mama palpable y posteriormente fue diagnosticada con cáncer de mama.
Su tratamiento oncológico ha estado marcado por interrupciones provocadas por la falta de medicamentos y el mal funcionamiento de equipos médicos. Según la denuncia pública difundida este mes, de los seis ciclos de quimioterapia preoperatoria indicados solo pudo recibir cinco, porque el último medicamento no estaba disponible.
Posteriormente fue sometida a una mastectomía radical, pero el tratamiento posterior tampoco pudo completarse. Recibió 17 de las 18 dosis de inmunoterapia previstas y la última no pudo administrarse por falta del medicamento.
A esto se suma que tenía indicadas 15 sesiones de radioterapia y no recibió ninguna, debido a que el equipo permanecía averiado. La falta de radioterapia se ha prolongado durante meses. Ya en mayo de este año, Noguera había denunciado públicamente que el equipo de radioterapia estaba roto y que los pacientes oncológicos de su zona tampoco podían recibir el tratamiento.
Tres meses atrás apareció un nuevo tumor sobre la cicatriz de la cirugía. Según la denuncia difundida en agosto, la masa se abscesó y ha alcanzado grandes dimensiones, mientras Noguera continúa sin acceder al tratamiento que necesita.
Un problema que puede ser mayor de lo que muestran las denuncias públicas
Los casos documentados por Cubalex no necesariamente representan la totalidad de las personas que enfrentan situaciones similares después de salir de prisión.
La organización ha advertido en sus informes que las cifras de violaciones de derechos humanos en Cuba constituyen un subregistro, debido, entre otros factores, a la censura, las limitaciones para documentar los hechos y el temor de las personas afectadas a sufrir nuevas represalias.
Ese temor puede ser particularmente relevante entre los exprisioneros políticos. Después de cumplir una condena, muchos continúan bajo vigilancia, amenazas, citaciones, restricciones y otras formas de hostigamiento por parte de las autoridades. Denunciar públicamente la falta de atención médica puede exponerlos nuevamente a represalias.
Por ello, podrían existir otros exprisioneros políticos cubanos que actualmente enfrentan enfermedades o secuelas de salud sin recibir atención médica adecuada y que, sin embargo, no han denunciado públicamente su situación por temor a ser perseguidos o encarcelados nuevamente.
La continuidad de estas denuncias plantea además una cuestión que va más allá de las deficiencias generales del sistema sanitario cubano: el impacto que las condiciones de encarcelamiento, la falta de atención médica y la interrupción de tratamientos pueden tener sobre personas que ya cumplieron sus condenas, pero que continúan cargando con las consecuencias físicas de su paso por prisión.
Cubalex ha documentado que la negación o prestación negligente de atención médica constituye una de las violaciones recurrentes dentro del sistema penitenciario cubano. En su monitoreo de 2026, la organización ha vinculado numerosas muertes bajo custodia estatal con la falta de atención médica o una atención negligente.
Para quienes recuperan la libertad, el problema no necesariamente termina al cruzar las puertas del penal. En los casos de Morales, Díaz Rodríguez, Noguera, Macdonald Ennis y Hernández Medina, las consecuencias de enfermedades desatendidas durante o después del encarcelamiento continúan condicionando su vida y, en algunos casos, poniendo en riesgo su salud y su supervivencia.