Resumen
Cubalex documentó más de una decena de denuncias por interrupción de las llamadas telefónicas en al menos nueve prisiones cubanas durante las últimas semanas.
La falta de comunicación impide a las familias conocer de forma directa el estado de salud y seguridad de las personas privadas de libertad.
Tras la difusión de las denuncias, se reportó el restablecimiento de las comunicaciones telefónicas en algunos de los centros afectados.
En lo que va de septiembre, Cubalex recibió más de una decena de denuncias relacionadas con la interrupción de las comunicaciones telefónicas en 15 centros penitenciarios de Cuba, una situación que dejó a numerosas familias sin contacto habitual con sus seres queridos privados de libertad.
Las denuncias corresponden a los centros penitenciarios Guamajal y el Pre, en Santa Clara; Canaletas en Matanzas; Cuba Sí, en Holguín; Kilo 7 y Kilo 8, en Camagüey; El Típico de Las Tunas; Boniato en Santiago de Cuba; Combinado de Guantánamo; Guanajay en Artemisa; el Combinado del Este, 1580 y el campamento de San Francisco de Paula, en La Habana; Nieves Morejón en Sancti Spíritus; y Canaleta en Ciego de Ávila.
Se trata específicamente de incomunicación por vía telefónica, una situación que debe distinguirse de otras formas de incomunicación, como las restricciones o impedimentos para que familiares puedan visitar a las personas recluidas.
Según la información recibida, durante varios días -en algunos casos, más de una semana- no se realizaron las llamadas que habitualmente efectúan las personas privadas de libertad desde estos establecimientos. Las familias afectadas no pudieron comunicarse con sus seres queridos y tampoco recibieron información oficial que explicara las causas de la interrupción.
Una situación que aumenta la vulnerabilidad
La comunicación telefónica constituye uno de los principales mecanismos mediante los cuales las familias pueden conocer directamente la situación de una persona recluida. Cuando esta se interrumpe durante períodos prolongados, aumenta la incertidumbre y se dificulta detectar oportunamente posibles situaciones que afecten sus derechos.
La incomunicación telefónica limita especialmente la posibilidad de conocer cambios en el estado de salud, condiciones de internamiento, posibles agresiones, fallecimientos bajo custodia u otros incidentes represivos que puedan ocurrir dentro de los centros penitenciarios.
Esta situación resulta particularmente preocupante debido a que las personas privadas de libertad se encuentran bajo custodia del Estado, que tiene la responsabilidad de proteger su vida, integridad personal y salud, así como de garantizar condiciones compatibles con el respeto a su dignidad.
Las Reglas Mandela establecen estándares para la protección de las personas privadas de libertad y contemplan, entre otros aspectos, el mantenimiento de los vínculos con familiares y otras personas del exterior.
La interrupción de las comunicaciones no solo afecta a quienes permanecen recluidos. También coloca a sus familiares en una situación de incertidumbre, especialmente cuando existen antecedentes de problemas de salud, denuncias sobre condiciones penitenciarias, agresiones u otros hechos que puedan poner en riesgo la integridad de las personas bajo custodia.
Tras denuncias, comunicaciones comenzaron a restablecerse
Luego de que Cubalex y otros activistas difundieran denuncias sobre las interrupciones, comenzó a recibirse información sobre el restablecimiento de las comunicaciones telefónicas en algunos de los centros afectados.
En particular, se reportó el restablecimiento de los teléfonos en Kilo 8 y El Típico de Las Tunas. La activista Anamely Ramos también confirmó públicamente que ya existía comunicación con el penal de Guanajay.
El restablecimiento de las llamadas en algunos establecimientos no elimina, sin embargo, la preocupación por la interrupción registrada ni permite determinar públicamente cuáles fueron sus causas, cuánto tiempo permanecieron afectados los distintos centros o si existen otros establecimientos penitenciarios donde continúan presentándose problemas similares.
La evolución de estos casos muestra la importancia de documentar y hacer visibles las vulneraciones que ocurren dentro de las prisiones cubanas. En un contexto en el que las personas privadas de libertad tienen un acceso limitado a mecanismos independientes de denuncia y supervisión, la información proporcionada por familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos puede resultar fundamental para identificar patrones y alertar sobre situaciones de riesgo.
La difusión pública de estas denuncias también puede contribuir a generar presión para que las autoridades adopten medidas ante situaciones que afectan derechos fundamentales. El restablecimiento de las comunicaciones reportado en algunos de los centros señalados después de que las denuncias fueran visibilizadas constituye un elemento relevante, aunque por sí solo no permite establecer una relación causal entre ambas circunstancias.
Para Cubalex, resulta necesario continuar documentando las interrupciones de las comunicaciones y cualquier otra forma de incomunicación que afecte a las personas privadas de libertad y sus familias, así como exigir información sobre las causas de estas medidas y garantías para que quienes se encuentran bajo custodia estatal puedan mantener contacto con sus familiares en condiciones adecuadas.
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