Resumen
El líder opositor de 73 años lleva 66 días aislado en una celda de la enfermería de la prisión de Agüica, en Matanzas, pese a padecer diabetes y otros problemas de salud.
En lo que va de octubre, Cubalex ha registrado 18 incidentes relacionados con celdas de castigo o aislamiento en las cárceles cubanas.
El monitoreo de Cubalex identifica a 95 personas involucradas en al menos un incidente de aislamiento o celda de castigo durante 2026, entre ellas varios presos políticos con aislamiento prolongado.
El caso del líder opositor y preso político Félix Navarro Rodríguez vuelve a poner en evidencia la convergencia de dos problemas persistentes en el sistema penitenciario cubano: el uso de celdas de castigo o aislamiento y la falta de atención médica adecuada a las personas privadas de libertad. Navarro, de 73 años, lleva más de dos meses aislado en una celda de la enfermería de la prisión de Agüica, en Matanzas, sin recibir la asistencia sanitaria que necesita pese a padecer diabetes y otras enfermedades.
Durante una visita realizada la semana anterior, Navarro confirmó a su esposa, Sonia Álvarez, que llevaba 66 días solo en una celda. Álvarez explicó que su permanencia en la enfermería no responde a que esté recibiendo algún tipo de atención médica que justifique esa ubicación.
La situación es especialmente preocupante por la edad del opositor, sus padecimientos crónicos y el tiempo que lleva separado de otros reclusos. La privación de libertad coloca a las autoridades penitenciarias en una posición de responsabilidad directa sobre su integridad física y su acceso a servicios de salud. Cuando una persona enferma permanece aislada durante semanas sin recibir la atención que requiere, no se trata únicamente de una cuestión disciplinaria o administrativa: están en juego su salud, su dignidad y su derecho a recibir un trato humano.
El monitoreo de Cubalex permite situar este caso dentro de un contexto más amplio. Los registros de la organización documentan la persistencia de incidentes relacionados con el aislamiento y las celdas de castigo en centros penitenciarios de Cuba, así como de situaciones de falta de atención médica o negligencia sanitaria. En el caso de Navarro, ambos tipos de incidentes confluyen y aumentan la preocupación por las consecuencias que estas prácticas pueden tener sobre una persona de edad avanzada y con enfermedades crónicas.
Castigo y aislamiento en las prisiones cubanas
En lo que va de octubre de 2026, Cubalex ha registrado 18 incidentes relacionados con celdas de castigo o aislamiento contra personas privadas de libertad. Con 18 eventos en 26 días, octubre ya es el tercer mes con más registros de este tipo durante el año, después de julio, con 26, y abril, con 23.
Las cifras muestran que el aislamiento no constituye una práctica excepcional dentro de los incidentes documentados por la organización. A lo largo de 2026, un total de 95 personas aparecen en al menos un evento relacionado con celdas de castigo o aislamiento. Entre ellas figuran presos políticos cuyos casos se repiten en los registros de monitoreo:
- Danisbel Labrada Morales: 9 eventos.
- Fausto René Ramos Ramírez: 9 eventos.
- Ediolvis Marín Mora: 7 eventos.
- Virgilio Mantilla Arango: 6 eventos.
- Pedro Carlos Camacho Ochoa: 6 eventos.
- Aliesky Calderín Acosta: 5 eventos.
- Alexander Fábregas Milanés: 5 eventos.
- Carlos Alain Abrahantes Valdés: 4 eventos.
Todos los presos mencionados son presos políticos. La reiteración de incidentes en sus casos plantea interrogantes sobre el uso de estas medidas, sus posibles efectos acumulativos y la existencia de mecanismos efectivos para prevenir abusos y garantizar que las sanciones penitenciarias no se conviertan en instrumentos de represalia.
Los datos disponibles también apuntan a posibles situaciones de aislamiento prolongado en los casos de Aliesky Calderín Acosta, Danisbel Labrada Morales, Fausto René Ramos Ramírez, Félix Navarro Rodríguez y Virgilio Mantilla Arango. Estos casos requieren una evaluación individualizada que tenga en cuenta la duración efectiva del aislamiento, las condiciones materiales de reclusión, el contacto humano disponible, las razones invocadas por las autoridades y las consecuencias para la salud de cada persona.
La reiteración de incidentes contra una misma persona resulta especialmente relevante. El número de registros no permite, por sí solo, establecer cuánto tiempo continuo ha permanecido alguien en aislamiento ni determinar automáticamente la legalidad de cada medida. Sin embargo, sí permite identificar casos que requieren mayor escrutinio, verificar posibles patrones de castigo y documentar las condiciones que enfrentan las personas privadas de libertad.
Aislamiento prolongado: una práctica incompatible con los estándares internacionales
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, establecen límites precisos al uso del aislamiento penitenciario. La regla 44 define el aislamiento como la separación de una persona durante 22 horas o más al día sin contacto humano apreciable, y considera prolongado aquel que supera los 15 días consecutivos.
La regla 43 prohíbe el aislamiento indefinido y el aislamiento prolongado como sanciones disciplinarias. Por su parte, la regla 45 establece que el aislamiento solo debe utilizarse en circunstancias excepcionales, como último recurso, durante el menor tiempo posible y sujeto a revisión independiente. También dispone que debe prohibirse cuando la condición física o mental de una persona pueda agravarse como consecuencia de esa medida.
LEE TAMBIÉN: Guía para detectar torturas, malos tratos y abusos en prisión
Estas disposiciones son fundamentales para analizar el caso de Félix Navarro. Los 66 días que, según su testimonio a su esposa, llevaba solo en una celda superan ampliamente el umbral temporal establecido por las Reglas Nelson Mandela para considerar prolongado el aislamiento, siempre que se confirme que las condiciones de separación cumplen la definición de la regla 44. La ubicación en una enfermería no elimina la necesidad de evaluar las condiciones reales de reclusión ni convierte automáticamente el aislamiento en una medida terapéutica.
En el caso de una persona de 73 años con diabetes y otros padecimientos, las autoridades deben valorar de manera particular los riesgos que la separación prolongada puede representar para su salud. Si el aislamiento no responde a una necesidad médica real, si no existe supervisión sanitaria adecuada o si se utiliza como castigo, la situación plantea preocupaciones adicionales sobre la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.
La falta de atención médica agrava los riesgos del aislamiento
El aislamiento y la negligencia médica son problemas distintos, pero sus efectos pueden acumularse. La separación prolongada puede limitar el contacto cotidiano con otras personas y dificultar que se detecte oportunamente un deterioro físico. A su vez, la ausencia de atención sanitaria adecuada puede agravar enfermedades preexistentes y aumentar los riesgos asociados a las condiciones de reclusión.
En el caso de Navarro, su esposa ha denunciado que no recibe la asistencia médica que requiere pese a permanecer en la enfermería de Agüica. Esta circunstancia exige esclarecer por qué continúa allí, qué evaluaciones clínicas se le han realizado, si recibe tratamiento para la diabetes y sus otros padecimientos y qué medidas han adoptado las autoridades para proteger su salud.
La atención médica en prisión no puede depender de la voluntad de los funcionarios ni utilizarse como mecanismo de presión. Las personas privadas de libertad conservan su derecho a la salud, y el Estado tiene la obligación de garantizarles una atención equivalente, en lo esencial, a la disponible en la comunidad, sin discriminación por sus opiniones políticas o por la naturaleza de los cargos que se les atribuyen.
Cuando una persona enferma permanece aislada durante un periodo prolongado y no recibe la asistencia sanitaria que necesita, la combinación de ambos factores puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, dependiendo de las circunstancias concretas, la gravedad de las omisiones, sus efectos y la responsabilidad de las autoridades. La calificación jurídica requiere una evaluación integral, pero la situación denunciada justifica una intervención urgente para prevenir daños irreparables.
Cuba es Estado parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que ratificó el 17 de mayo de 1995 y que entró en vigor para el país el 16 de junio de ese año, según el registro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Convención obliga al Estado a prevenir la tortura y otros malos tratos y a adoptar medidas efectivas para impedirlos en los lugares bajo su jurisdicción.
La aplicación de estas obligaciones al caso de Navarro requiere examinar las condiciones del aislamiento, su finalidad, la atención médica recibida, las decisiones de las autoridades penitenciarias y los riesgos conocidos para su salud. La duración del aislamiento, su edad y sus enfermedades son elementos relevantes para esa evaluación.
Los registros de Cubalex sobre aislamiento y falta de atención médica también justifican examinar si las autoridades cuentan con mecanismos efectivos para supervisar las condiciones penitenciarias, investigar denuncias, corregir prácticas abusivas y sancionar a los responsables cuando corresponda. La reiteración de incidentes exige ir más allá de la respuesta a casos individuales y evaluar las condiciones institucionales que permiten que estas situaciones persistan.
Una situación que exige medidas urgentes
El caso de Félix Navarro reúne factores de especial preocupación: edad avanzada, enfermedades crónicas, aislamiento prolongado y denuncias de falta de atención médica. La convergencia de estos elementos exige que las autoridades penitenciarias garanticen una evaluación médica independiente y completa, el acceso efectivo al tratamiento necesario y una revisión inmediata de las condiciones de reclusión.
Cubalex considera esencial que las autoridades informen sobre las razones que justifican la permanencia de Navarro en aislamiento, las condiciones en que se encuentra y las medidas adoptadas para proteger su integridad. También deben garantizar que pueda comunicarse con su familia y su defensa, sin represalias por denunciar su situación.
Los 18 incidentes registrados durante octubre y las 95 personas identificadas en eventos de aislamiento o celdas de castigo a lo largo de 2026 evidencian la necesidad de mantener un monitoreo sistemático de estas prácticas en las prisiones cubanas. Los datos permiten identificar casos recurrentes, establecer prioridades de documentación y orientar acciones de denuncia y exigencia de responsabilidades.
La protección de las personas privadas de libertad no puede depender de que su situación alcance niveles extremos para recibir atención.