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<\/p>\n<\/p>\n
Por la Lic. Laritza Diversent<\/p>\n
Tradicionalmente, se llama abogado<\/strong> a la persona conocedora de las leyes de su pa\u00eds y que asume con profesionalidad la direcci\u00f3n y defensa de las partes, en toda clase de procesos o en el asesoramiento legal. Sin embargo, en el sistema jur\u00eddico cubano, se considera abogado, el jurista que es admitido dentro de la Organizaci\u00f3n Nacional de Bufetes Colectivos<\/strong> (ONBC).<\/p>\n En Cuba, los Bufetes Colectivos se instituyeron en la d\u00e9cada de los 70, \u00e9poca en que tambi\u00e9n se estableci\u00f3 el ejercicio de la abogac\u00eda como una categor\u00eda espec\u00edfica dentro del sistema legal.<\/p>\n La ONBC, actualmente es una entidad de car\u00e1cter nacional, inter\u00e9s social y profesional[i]<\/a>. Est\u00e1 integrada por juristas y su actividad est\u00e1 reglamentada legalmente por el Ministerio de Justicia, quien adem\u00e1s la inspecciona, supervisa y controla[ii]<\/a>.<\/p>\n Para pertenecer a los Bufetes colectivos el profesional del derecho, entre otras exigencias, debe tener condiciones morales acordes con los principios de la sociedad socialista y no pueden hallarse en el desempe\u00f1o de funciones judiciales, fiscales, administrativas o de arbitraje[iii]<\/a>.<\/p>\n El estado tambi\u00e9n estableci\u00f3 legalmente los casos en que permitir\u00eda, a un letrado, ejercer la abogac\u00eda, sin ser admitido por la ONBC. En ese supuesto se encuentran los juristas que reciban autorizaci\u00f3n expresa del Ministerio de Justicia o representen a una entidad estatal, cooperativa, organizaci\u00f3n social y de masas, sociedades civiles donde presten sus servicios; o sus dirigentes cuando se trate de hechos relativos a las funciones de su cargo[iv]<\/a>.<\/p>\n Tambi\u00e9n se puede ejercer la abogac\u00eda sin ser parte de los ONBC, cuando el letrado asuma la representaci\u00f3n de asuntos relacionados con sus propios derechos, de su c\u00f3nyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Se incluye en estos casos los profesionales que ejerzan la docencia en facultades de derecho[v]<\/a>.\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n Los usuarios de los bufetes colectivos pueden designar y contratar al abogado de su preferencia. Aunque, legalmente, est\u00e1n regulados los diferentes servicios jur\u00eddicos que prestan los letrados, as\u00ed como el pago de sus honorarios y los casos en que podr\u00e1 rebajarse dicha tarifa o eximirse al cliente totalmente de ella[vi]<\/a>.<\/p>\n Cada bufete colectivo tiene un Director, que entre otras funciones, da su visto bueno a los contratos de servicios jur\u00eddicos y autoriza la prestaci\u00f3n gratuita de servicios. Tambi\u00e9n est\u00e1 legalmente reguladas las causas que pueden alegar los abogados para excusarse o renunciar la atenci\u00f3n de asuntos, pero su jefe decide si procede o no[vii]<\/a>.<\/p>\n Los abogados, de forma general, ejercen su funci\u00f3n jur\u00eddica en todo el territorio nacional, independientemente del bufete al que pertenezcan. Asesoran y representan a las personas o entidades, en cuanto a sus derechos y obligaciones, y en procesos judiciales. Tambi\u00e9n evac\u00faan consultas legales, emiten dict\u00e1menes y redactan documentos de car\u00e1cter t\u00e9cnico-jur\u00eddico y ejercer las defensas penales de oficio de acuerdo a la legislaci\u00f3n[viii]<\/a>.<\/p>\n La pr\u00e1ctica de la abogac\u00eda en el sistema judicial<\/strong> se divide en procesos penales, civiles, administrativos, econ\u00f3micos y laborales. En cuanto a la actividad asesoran y representativa de los individuos, espec\u00edficamente en el tema del ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, poco puede hacer los abogados, debido a las complejidades del sistema jur\u00eddico cubano.<\/p>\n Para entenderlo debemos comenzar por su fuente fundamental, la Constituci\u00f3n Estatal, promulgada el 24 de febrero de 1976 y que de forma general, define al pa\u00eds como un Estado unitario y centralizado, sistema pol\u00edtico monopartidista e irrevocable y de econom\u00eda socialista.<\/p>\n La Constituci\u00f3n<\/strong> cubana trata el tema de los derechos ciudadanos parcamente. Preceptos que deben estar incluido en la parte dogm\u00e1tica, el cap\u00edtulo dedicado a los derechos fundamentales[ix]<\/a>, se dispersan por otras secciones del texto como la de \u2018Igualdad\u2019, \u2018Familia\u2019 o \u201cEducaci\u00f3n y Cultura\u201d. \u00a0En esa situaci\u00f3n se encuentra el derecho al voto[x]<\/a>, a exigir cuenta a los representantes populares[xi]<\/a>, a poder revocarlos en todo momento[xii]<\/a>, etc.<\/p>\n Esta dispersi\u00f3n jur\u00eddica reduce legalmente los espacios vitales de desenvolvimiento de los ciudadanos en la vida sociopol\u00edtica, y subvaloran los derechos que determinan las relaciones de los individuos con el Estado, principalmente los derechos pol\u00edticos. Luego, estos temas est\u00e1n totalmente ausentes en las agendas de los abogados de bufete. De hecho es dif\u00edcil encontrar, un individuo u organizaci\u00f3n social interesada en ese t\u00f3pico.<\/p>\n En la Constituci\u00f3n cubana tampoco se reconoce el conjunto de prerrogativas que conforman el Corpus Normativo Internacional de los Derechos Humanos, ni contiene una cl\u00e1usula que permita interpretar que las libertades no reconocidas expresamente en el texto, tengan vigencia en el ordenamiento legal.<\/p>\n Significa que ning\u00fan abogado puede, en defensa de un individuo que el Ministerio del Interior le neg\u00f3 el entrar del pa\u00eds, alegar violaci\u00f3n del derecho de libre circulaci\u00f3n, porque no est\u00e1 reconocido constitucionalmente. Por otra parte, en el texto supremo del Estado cubano, tampoco se regula ninguna garant\u00eda judicial, como recurso ante un tribunal, que ampare a los ciudadanos contra actos violatorios de sus derechos.<\/p>\n Estas insuficiencias provocan indefensi\u00f3n y un total desconocimiento de los individuos sobre las prerrogativas que disfrutan. Sin embargo, lo m\u00e1s preocupante en el tema del ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de los cubanos, es el car\u00e1cter de ley pol\u00edtica que posee la Constituci\u00f3n Estatal. Una caracter\u00edstica que se traduce en la imposibilidad de interpretarla, y en consecuencia, aplicar sus preceptos directamente.<\/p>\n Significa que la eficacia constitucional depende de la promulgaci\u00f3n de leyes que ampl\u00ede su contenido. Sus preceptos son normas principios que se aplican indirectamente por medio de la puesta en vigor, de disposiciones normativas emitidas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, a quien la propia Constituci\u00f3n, reconoce y atribuye la soberan\u00eda parlamentaria[xiii]<\/a> .<\/p>\n Consecuentemente se impone la vigencia del principio de legalidad<\/strong> dentro del sistema. Luego son objeto de interpretaci\u00f3n judicial, solo las leyes emitidas por el Parlamento, las normas de mayor rango y fuerza normativa dentro del ordenamiento jur\u00eddico. El texto constitucional no se interpreta, pero muchos de sus principios constitucionales bases, no se han instrumentados jur\u00eddicamente, sobre todo, los relacionados con los derechos fundamentales de los isle\u00f1os.<\/p>\n Las expresiones \u201cser\u00e1n regulados por la ley\u201d, \u201cla ley regular\u00e1\u201d en la Carta Magna[xiv]<\/a>, constituyen un mandato de acci\u00f3n para el legislativo. Sin embargo, el Parlamento Cubano ignora las referencias, incumpliendo su obligaci\u00f3n de regular los espacios sociales, econ\u00f3micos y pol\u00edticos de los individuos, sobre los cuales la Constituci\u00f3n determin\u00f3 principios y dej\u00f3 sus detalles a las leyes de desarrollo, produci\u00e9ndose una inconstitucionalidad por omisi\u00f3n.<\/p>\n Luego la t\u00e9cnica de delegar en el legislativo la responsabilidad de poner en vigor disposiciones jur\u00eddicas que ampl\u00eden los contenidos constitucionales, en la pr\u00e1ctica impide la plena eficacia de la Ley de Leyes y el ejercicio y defensa de los derechos que de ella se deriva. Principalmente porque no se puede hacer valer frente a un gobierno, que tiene el poder absoluto, sin ning\u00fan tipo de l\u00edmite legal.<\/p>\n La Constituci\u00f3n cubana no tiene reserva de ley que imponga l\u00edmites a las actuaciones de los \u00f3rganos superiores estatales (sistema de frenos y contrapesos). Luego las leyes que desarrollan y complementan la preceptiva constitucional, se convierten en el marco legal dentro del cual, los \u00f3rganos del Estado, deben encuadrar sus actos.<\/p>\n En este sentido cobra gran importancia el poder judicial, que ser\u00eda el encargado de ejecutar y aplicar imparcialmente las normas, someter a los poderes p\u00fablicos al cumplimiento de la ley; controlar la legalidad de la actuaci\u00f3n administrativa; ofrecer a todas las personas la tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses leg\u00edtimos.<\/p>\n En Cuba, la funci\u00f3n judicial est\u00e1 a cargo del Tribunal Supremo Popular (TSP), pero este no est\u00e1 calificado como un \u00f3rgano superior del Estado[xv]<\/a>. Significa que no tiene la exclusividad y unidad de la jurisdicci\u00f3n. En otras palabras, otro \u00f3rgano estatal, que no es un \u00fanico cuerpo de jueces, ejerce funciones judiciales.<\/p>\n Por ejemplo, la interpretaci\u00f3n general y obligatoria de las leyes vigentes, es una atribuci\u00f3n del Consejo de Estado. El parlamento decide sobre la constitucionalidad de las leyes que el mismo emite, de los decretos leyes, decretos y dem\u00e1s disposiciones generales y revoca adem\u00e1s las disposiciones jur\u00eddicas que contradigan la ley suprema nacional[xvi]<\/a>.<\/p>\n El Consejo de Estado puede suspender las decisiones del Consejo de Ministro y de las asambleas y \u00f3rganos locales del Poder Popular, cuando no se ajusten a la Constituci\u00f3n o las Leyes. Tambi\u00e9n Imparte instrucciones a los tribunales y a la fiscal\u00edas, lo que convierte al poder judicial totalmente dependiente de un \u00f3rgano pol\u00edtico[xvii]<\/a>.<\/p>\n Resulta inadecuado entonces que, un abogado, en su alegato de defensa, argumente violaci\u00f3n de un derecho reconocido en la constituci\u00f3n, porque ning\u00fan tribunal de justicia en Cuba, puede decidir en materia de constitucionalidad de las leyes, ni puede con su acci\u00f3n jurisdiccional ordinaria, condicionar y orientar las acciones de gobierno y la legislativa.<\/p>\n En otras palabras, el poder judicial<\/strong> est\u00e1 pr\u00e1cticamente anulado y con \u00e9l, el Estado de Derecho<\/strong>. Implica que los \u00f3rganos estatales superiores, Asamblea Nacional y los Consejos de Estado y de Ministros, sean irresponsables ante los excesos de gobierno. En consecuencia, las violaciones de la constituci\u00f3n, y de los derechos ciudadanos en ellas contenidos, no pueden esgrimirse frente al Estado, en un tribunal de justicia.<\/p>\n Frente a esta situaci\u00f3n poco o nada pueden hacer los abogados cubanos. Aunque el estado reconoce que el ejercicio de la abogac\u00eda es libre y que son independiente y s\u00f3lo debe obediencia a la ley. Lo cierto es que para ejercer la profesi\u00f3n, dependen totalmente del sistema estatal<\/strong>.<\/p>\n Antes del triunfo de la revoluci\u00f3n, en 1909[xviii]<\/a>, exist\u00eda un Registro de Abogados que aprobaba el Tribunal Supremo<\/strong> para ejercer la profesi\u00f3n, pero en 1966, se transfiri\u00f3 al Ministerio de Justicia[xix]<\/a>. En 1989 cambi\u00f3 su nombre por el de Registro General de Juristas[xx]<\/a> y en el 2000, el Estado estableci\u00f3 la inscripci\u00f3n de los profesionales del derecho, como requisito obligatorio para desempe\u00f1ar un cargo u ocupaci\u00f3n, que requiera ser graduado en la especialidad[xxi]<\/a>.<\/p>\n A partir de ese momento, los \u00f3rganos y entidades estatales, se les impuso la obligaci\u00f3n de solicitar al letrado que contrataran, una certificaci\u00f3n de su inscripci\u00f3n en el registro, adem\u00e1s de informar al Ministerio de Justicia los juristas que desempe\u00f1en sus funciones en sus instituciones. Desde entonces es dif\u00edcil ejercer la profesi\u00f3n sin v\u00ednculos directos con el sistema estatal[xxii]<\/a>.<\/p>\n En Cuba, los profesionales no pueden ejercer el trabajo por cuenta prop<\/strong>ia en la especialidad que se graduaron. Tampoco est\u00e1 reconocida como una actividad cuentapropista, el asesoramiento y consulta lega<\/strong>l, \u00fanicas acciones que puede realizar un letrado de forma independiente. Los pocos que toman esa decisi\u00f3n, tienen que hacerlo de forma gratuita. Tambi\u00e9n es dif\u00edcil que se asocien de forma aut\u00f3noma. Los tr\u00e1mites exigidos para legalizar una ONG, aseguran al Estado un control absoluto sobre esta.<\/p>\n A estas limitaciones tambi\u00e9n se suma la dependencia econ\u00f3mica. El abogado que no trabaje con el estado tampoco gana. Para sobrevivir, en un sistema donde la crisis econ\u00f3mica es permanente, cobran honorarios extra, aun cuando el reglamento del ejercicio de la abogac\u00eda, entre otras causales, considera falta grave cobrar honorarios no establecidos o superiores a los aprobados oficialmente, sean en efectivo o en especie[xxiii]<\/a>. En esas condiciones se impone, en el ejercicio de la abogac\u00eda en Cuba, la doble moral<\/strong> y con ella la sumisi\u00f3n<\/strong> total al sistema.<\/p>\n Bibliograf\u00eda<\/p>\n Asamblea Nacional. (24 de Febrero de 1976). Constitucion de la Republica. Cuba.<\/p>\n Consejo de Estado. (1ro de febrero de 2000). Decreto Ley No. 206 \u00b7Registro General de Juristas” de 28 de enero del 2000. Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica<\/em> (11)<\/em> , Ordinaria<\/em>, 161. La Habana, Cuba.<\/p>\n Consejo de Estado. (1984). Decreto-Ley Numero 81 \u201cSobre el ejercicio de la abogac\u00eda y la Organizaci\u00f3n Nacional de Bufetes Colectivos\u201d de 8 de junio de 1984. Gaceta Oficial de La Rep\u00fablica<\/em> . La Habana, Cuba.<\/p>\n Ministerio de Justicia. (14 de junio de 2000). Resoluci\u00f3n No. 101 “Reglamento del registro General de Juristas” de 8 de junio de 2000. Gaceta Ofiical de la Rep\u00fablica<\/em> (53)<\/em> , Ordinaria<\/em>, 1144. La Habana, Cuba.<\/p>\n Ministerio de Justicia. (1984). Resoluci\u00f3n No. 142\/84 \u201cReglamento sobre el ejercicio de la Abogac\u00eda y la Organizaci\u00f3n Nacional De Bufetes Colectivos\u201d. Gaceta Oficial Especial<\/em> . La Habana, Cuba.<\/p>\n Ministerio de Justicia. (22 de septiembre de 2003). Resoluci\u00f3n No. 196 “Modificativa del Reglamento del Registro General de Jurista” de 23 de junio de 2003. Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica<\/em> (38)<\/em> , Ordinaria <\/em>, 599. la Habana, Cuba.<\/p>\n [i]<\/a> Ley No. 1250 \u201cDe Organizaci\u00f3n del Sistema Judicial\u201d dictada el 23 de junio de 1973, que fue derogada por la Ley No. 4 de 10 de agosto de 1977, pero se ratific\u00f3 la instituci\u00f3n de los Bufetes Colectivos y la categor\u00eda espec\u00edfica de los abogados.<\/p>\n [ii]<\/a>Decreto-Ley No. 81 \u201csobre el ejercicio de la abogac\u00eda y la organizaci\u00f3n Nacional de Bufetes Colectivos\u201d de 8 de junio de 1984.<\/p>\n [iii]<\/a> Art\u00edculo 16, \u00eddem.<\/p>\n [iv]<\/a> Art\u00edculo 4, \u00eddem.<\/p>\n [v]<\/a> \u00cddem.<\/p>\n [vi]<\/a> Articulo 20 y 22, \u00eddem.<\/p>\n [vii]<\/a> Articulo 14 y 23<\/p>\n [viii]<\/a> Art\u00edculo 18, \u00eddem.<\/p>\n [ix]<\/a> Cap\u00edtulo VII, art\u00edculos del 45 al 66 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica de Cuba.<\/p>\n [x]<\/a> Art\u00edculo 132, \u00eddem.<\/p>\n [xi]<\/a> Art\u00edculo 114, inciso c, \u00eddem.<\/p>\n [xii]<\/a> Art\u00edculo 112, \u00eddem.<\/p>\n [xiii]<\/a> Art\u00edculo 3 y 69, \u00eddem.<\/p>\n [xiv]<\/a> Art\u00edculo 29 inciso ch, 32, 33, 42, 53, 55, \u00eddem.<\/p>\n [xv]<\/a> Cap\u00edtulo X “\u00d3rganos Superiores del Poder Popular”, art\u00edculos del 69 al 101, \u00eddem.<\/p>\n [xvi]<\/a> Art\u00edculo 75, inciso c, Articulo 90 Inciso ch, \u00eddem.<\/p>\n [xvii]<\/a> Art\u00edculo 90 Inciso h, \u00f1 y o, \u00eddem.<\/p>\n [xviii]<\/a> Decreto No. 127 de 27 de enero de 1909 \u201cLey Org\u00e1nica del Poder Judicial\u201d<\/p>\n [xix]<\/a> Ley No. 1189 de 25 de abril de 1966<\/p>\n [xx]<\/a> Decreto-Ley No. 117 de 19 de octubre de 1989<\/p>\n [xxi]<\/a> Primer y segundo \u201cPor Cuanto\u201d y Art\u00edculo 6 del Decreto-Ley No. 206 enero de 2000, que derog\u00f3 la Ley No. 1189 de 25 de abril de 1966<\/p>\n