![\"Creacion-ONU\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/cubalex.org\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/creacion-onu.jpg?resize=670%2C445&ssl=1\")
<\/p>\n<\/p>\n
Por Lic. Laritza Diversent<\/p>\n
\u00a0Actualmente e<\/strong>l sistema legal en Cuba prev\u00e9 la recepci\u00f3n de quejas, la obligatoriedad de respuestas pero no la restituci\u00f3n en caso de comprobarse una violaci\u00f3n a los derechos humanos, y su tramitaci\u00f3n en la v\u00eda judicial. Ninguna de las disposiciones legales, que lo tienen hace menci\u00f3n expresa a los derechos humanos. El t\u00e9rmino para responder es demasiado extenso y no prev\u00e9 excepci\u00f3n para caso urgentes o de da\u00f1os irreparables.<\/p>\n En la pr\u00e1ctica ninguna de ellas entra a investigar el fondo del asunto para verificar las violaciones alegadas. Sin embargo, para el Gobierno cubano \u201ceste sistema ha demostrado en la pr\u00e1ctica efectividad y capacidad de respuesta a los intereses, quejas y denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos\u201d.<\/p>\n Veamos por qu\u00e9:<\/p>\n Seg\u00fan el art\u00edculo 8 de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos: \u201cToda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n o por la ley\u201d.<\/p>\n El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos en el inciso a) de apartado tercero su art\u00edculo 2 establece \u201cCada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que, toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podr\u00e1 interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violaci\u00f3n hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d y en el inciso b) de apartado tercero su art\u00edculo 2 establece que \u201cCada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que la autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollar\u00e1 las posibilidades de recurso judicial\u201d.<\/p>\n En el apartado primero de su art\u00edculo 14, reconoce que \u201cTodas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendr\u00e1 derecho a ser o\u00edda p\u00fablicamente y con las debidas garant\u00edas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n de car\u00e1cter penal formulada contra ella o para la determinaci\u00f3n de sus derechos u obligaciones de car\u00e1cter civil\u201d.<\/p>\n En la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica de Cuba no se reconoce a ninguna instituci\u00f3n nacional competente en el \u00e1mbito de la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de los derechos humanos[1]<\/a>, una recomendaci\u00f3n hecha en el Examen Peri\u00f3dico Universal, a que se someti\u00f3 el Estado cubano, en 2009 y sobre la que el gobierno considero, que no constitu\u00eda una necesidad identificada por el pueblo cubano en funci\u00f3n de su voluntad de continuar construyendo una sociedad que garantice toda la justicia[2]<\/a>.<\/p>\n Seg\u00fan el gobierno cubano, el pa\u00eds cuenta con un amplio y efectivo sistema interinstitucional, que incluye la participaci\u00f3n de organizaciones no gubernamentales, para recibir, tramitar y responder cualquier queja o petici\u00f3n individual o de grupos de personas, relativas al disfrute de cualquier derecho humano. Este sistema tambi\u00e9n eval\u00faa la efectividad de los mecanismos, pol\u00edticas y programas vigentes en materia de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de los derechos humanos y presenta y brinda seguimiento a las recomendaciones que considere oportunas para seguir perfeccionando el disfrute de los derechos humanos en Cuba.<\/p>\n Dentro del sistema interinstitucional a que se refiere el gobierno se encuentra, respaldado legalmente por:<\/p>\n La Constituci\u00f3n cubana que reconoce en su art\u00edculo 63, que \u201cTodo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atenci\u00f3n o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley\u201d<\/p>\n Ley No. 83 e 11 de julio de 1997, \u201cDe la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica\u201d, en su art\u00edculo 7 inciso c) establece que \u201cla actividad de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica tiene como objetivos, adem\u00e1s de los fundamentales que le asigna la Constituci\u00f3n, los siguientes: c) proteger a los ciudadanos en el ejercicio leg\u00edtimo de sus derechos e intereses\u201d.<\/p>\n En su art\u00edculo 24 establece que La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica por medio del Fiscal designado, atiende, investiga y responde, en el plazo de sesenta d\u00edas, las denun\u00adcias, quejas y reclamaciones que en el orden legal formulen los ciudadanos. En el apartado 2 advierte que \u201cSi en las investigaciones a que se refiere el p\u00e1rrafo anterior se aprecia que han sido violados los derechos de alg\u00fan ciudadano, el Fiscal actuante dispondr\u00e1 mediante resoluci\u00f3n que se restablezca la legalidad\u201d.<\/p>\n En el apartado 3 aclara que \u201cDe estimarse que el asunto planteado es improcedente o carece de fun\u00addamento suficiente, la respuesta que se brinde por el Fiscal al promovente, deber\u00e1 ser argumentada y por escrito o dejar constancia cuando la respues\u00adta sea verbal\u201d.<\/p>\n En el apartado 4 advierte que \u201cSi el promovente est\u00e1 en desacuerdo con la tramitaci\u00f3n realizada o con la respuesta recibida, puede dirigirse al Fiscal Jefe inmediato superior o direc\u00adtamente al Fiscal General, dentro del t\u00e9rmino de treinta d\u00edas posteriores de haber recibido la respuesta, fundamentando los motivos de su inconformi\u00addad, a los efectos de que se reexamine el asunto y se le ofrezca la respuesta procedente\u201d[3]<\/a>.<\/p>\n Ley No. 82 de 11 de julio de 1997, \u201cDe los Tribunales Populares\u201d, en su art\u00edculo 7, inciso c) establece que \u201cLa legalidad est\u00e1 garantizada en la actividad judicial por las funciones de direcci\u00f3n, supervisi\u00f3n e inspecci\u00f3n ejercidas por los tribunales superiores sobre la actividad jurisdiccional de los tribunales inferiores. El Reglamento de la Ley de los Tribunales Populares establece en su Art\u00edculo 23, tal como quedo modificado por el Acuerdo No. 152 de 11 de julio de 2000 del Tribunal Supremo Popular, que la Direcci\u00f3n de supervisi\u00f3n y de Atenci\u00f3n a la Poblaci\u00f3n tiene las funciones y atribuciones principales siguientes, en el inciso f) \u201cAtender los planteamientos de la poblaci\u00f3n relacionados con el actuar de los Tribunales, ofreciendo respuesta debida en cada caso\u201d, en el inciso g) \u201corganizar y comprobar el sistema de atenci\u00f3n a la poblaci\u00f3n en todos los Tribunales, en el inciso i) \u201cRealizar estudios integrales de las deficiencias detectadas en supervisiones, auditorias judiciales y tramitaci\u00f3n de las quejas de la poblaci\u00f3n buscando las causas y condiciones que las facilitan\u201d, en el inciso k) \u201cponer en conocimiento del Presidente del Tribunal Supremo Popular los casos de conducta impropia de jueces y de otros trabajadores judiciales que se detecten en el curso de \u00a1as comprobaciones y de las supervisiones\u201d. La Metodolog\u00eda para la Atenci\u00f3n a la Poblaci\u00f3n en el Sistema de Tribunales fue puesta en vigor por la Instrucci\u00f3n No. 180 de 17 de abril de 2006 de Tribunal Supremo Popular.<\/p>\n Respecto a la funci\u00f3n de los abogados de la Organizaci\u00f3n Nacional de Bufetes Colectivos, los trabajadores de la organizaci\u00f3n, los usuarios de sus servicios o cualquier otra persona pueden denunciar a las autoridades antes expresadas por escrito o verbalmente los hechos de los que hayan tenido conocimiento y que puedan constituir indisciplina a fin de que se inicie el expediente que corresponda. Las denuncias por escrito deben ser firmadas por los denunciantes y las verbales deben hacerse constar en acta por quien las recibe, el cual las firma conjuntamente con el denunciante. En la denuncia y la comunicaci\u00f3n que se une al expediente deben proponerse las pruebas de los hechos imputados[4]<\/sup><\/sup><\/a>. Los directores provinciales de Bufetes Colectivos dan respuestas dentro del t\u00e9rmino de 60 d\u00edas a las quejas que en relaci\u00f3n con los servicios prestados, que presente la poblaci\u00f3n e informa de inmediato\u00a0 a la Junta directiva Nacional de la organizaci\u00f3n[5]<\/sup><\/sup><\/a><\/p>\n El Secretario de la Asam\u00adblea Nacional examina las quejas, planteamientos, solicitudes y sugerencias de la po\u00adblaci\u00f3n[6]<\/a>. El Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular examina las quejas, planteamientos, solicitudes y sugerencias de la poblaci\u00f3n y, en su caso, adoptar las medidas procedentes y el secretario del \u00f3rgano tramitar las quejas y planteamientos de la poblaci\u00f3n que se reciban en la Asamblea Provincial[7]<\/sup><\/sup><\/a>.Las Asambleas Municipales del Poder Popular tiene la atribuci\u00f3n de conocer acerca de la atenci\u00f3n v tramitaci\u00f3n de las quejas y planteamientos formulados por los ciudadanos. Su Presidente examinar las quejas, planteamientos, solicitudes y sugerencias de la poblaci\u00f3n y, en su caso, adopta las medidas procedentes y su Secretario tramita, las quejas y planteamientos de la poblaci\u00f3n que se reciban en la Asamblea Municipal[8]<\/sup><\/sup><\/a>.<\/p>\n El Consejo de la Administraci\u00f3n Municipal adopta decisiones que contribuyan a solucionar las quejas y solicitudes planteadas por los electores a sus delegados y su Presidente atiende los planteamientos de los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular en relaci\u00f3n con el tratamiento que reciban las quejas y solicitudes de los electores trasladadas por ellos y procurar su soluci\u00f3n[9]<\/sup><\/sup><\/a>. El Consejo de la Administraci\u00f3n tiene las atribuci\u00f3n de adoptar decisiones que contribuyan de forma priorizada a la mejor atenci\u00f3n de los planteamientos, las quejas y solicitudes realizadas por los electores a sus delegados, as\u00ed como cualesquiera otras, independientemente de su origen, y trabajar en la identificaci\u00f3n y erradicaci\u00f3n de sus causas, utilizando las v\u00edas que correspondan. Su presidente[10]<\/sup><\/sup><\/a> decide sobre la atenci\u00f3n a los planteamientos, quejas y solicitudes formulados por la poblaci\u00f3n y procurar su soluci\u00f3n. Su Vicepresidente[11]<\/sup><\/sup><\/a> controlar la atenci\u00f3n y soluci\u00f3n o respuesta adecuada que se brinde por las entidades a las quejas, planteamientos, solicitudes y opiniones espont\u00e1neas de la poblaci\u00f3n, con relaci\u00f3n a temas vinculados con los objetivos, programas y tareas que atiende. Las direcciones administrativas provinciales y municipales prestan atenci\u00f3n y dan respuesta a los planteamientos, quejas, denuncias y solicitudes que les dirijan los ciudadanos, o se tramiten por los diputados a la Asamblea Nacional y los delegados a las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular, y cumplir con los t\u00e9rminos establecidos y sus jefes controlar, tramitar y buscar soluci\u00f3n a las preocupaciones, planteamientos, quejas, denuncias y solicitudes de la poblaci\u00f3n[12]<\/sup><\/sup><\/a>.<\/p>\n El Consejo de Ministros implementa la debida atenci\u00f3n a los planteamientos de la poblaci\u00f3n que le corresponda, asegurando la participaci\u00f3n de los integrantes de este \u00f3rgano, de los organismos de la Administraci\u00f3n Central del Estado, de las administraciones y de las asambleas locales del Poder Popular, en darles respuesta pronta y eficaz[13]<\/sup><\/sup><\/a>. Los cuadros tienen los deberes de garantizar que su colectivo de direcci\u00f3n y personalmente \u00e9l, den atenci\u00f3n y brinden adecuada respuesta a los planteamientos y quejas de la poblaci\u00f3n[14]<\/sup><\/sup><\/a>. Los Consejos de Direcci\u00f3n de los Organismos de la Administraci\u00f3n Central del Estado eval\u00faan y controlan la marcha de la atenci\u00f3n a las reclamaciones, quejas y planteamientos de la poblaci\u00f3n que se dirijan al Jefe del Organismo y otros jefes principales del mismo y regular su atenci\u00f3n en todo el sistema, as\u00ed como mantenerse al tanto de los estados de opini\u00f3n del pueblo, que se den a conocer a la jefatura del organismo sobre la situaci\u00f3n de las actividades y tareas de las cuales \u00e9ste es rector[15]<\/sup><\/sup><\/a><\/p>\n <\/p>\n <\/a>Bibliograf\u00eda<\/p>\n Asamblea General de Naciones Unidas. (2009). Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Peri\u00f3dico Universal- Cuba.<\/em> A\/HRC\/11\/22, Consejo de Derechos Humanos.<\/p>\n Asamblea Nacional del Poder Popular. (27 de diciembre de 1996). Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 25 dediciembre de 1996. Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica(48), Ordinaria<\/em>, 758. Cuba.<\/p>\n Consejo de Estado. (19 de abril de 1983). Decreto Ley No. 67 de 19 de abril de 1983, “De Organizaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n Central del Estado” (Derogado). Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica(9), Extraordinaria<\/em>, 61. Cuba.<\/p>\n Consejo de Estado. (13 de septiembre de 1995). Acuerda el Reglamento de la Asambleas Municipales del Poder Popular de 13 de septiembre de 1995. Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica(4), Extraordinaria<\/em>, 21. Cuba.<\/p>\n Consejo de Estado. (13 de septiembre de 1995). Acuerdo de 13 de septiembre de 1995 “Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder popular”. Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica(4), Extraordinaria<\/em>, 21. Cuba.<\/p>\n Consejo de Estado. (13 de septiembre de 1995). Acuerdo de 13 de septiembre de 1995 “Reglamento de las Asambleas Provinciales del Poder Popular”. Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica(4), Extraordinaria<\/em>, 13. Cuba.<\/p>\n Consejo de Estado. (18 de diciembre de 1998). Acuerdo de 30 de noviembre de 1998 ” Reglamento de la Ley de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica”. Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica(63), Ordinaria<\/em>, 1045. Cuba.<\/p>\n Consejo de Estado. (20 de noviembre de 2007). Decreto Ley No. 196 de 15 de octubre de 1999, \u201cSistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y del Gobierno\u201d. Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica(54), Extraordinaria<\/em>, 445. Cuba.<\/p>\n Consejo de Estado. (3 de enero de 2008). Decreto Ley No. 257 de 4 de diciembre de 2007, \u201cDe los Consejos de Direcci\u00f3n de los Organismos de la Administraci\u00f3n Central del Estado\u201d. Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica(1), Extraordinaria<\/em>, 1. Cuba.<\/p>\n Consejo de Estado. (13 de agosto de 2010). Decreto Ley No. 272 de 16 de julio de 2010, \u201cDe la Organizaci\u00f3n y Funcionamiento del Consejo de Ministros\u201d. Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica(33), Ordinaria<\/em>, 937. Cuba.<\/p>\n Consejo de Ministros. (11 de diciembre de 2007). Acuerdo de 13 de noviembre de 2002 “Reglamento de las Administraciones Locales del Poder Popular”. Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica(81), Ordinaria<\/em>, 1164. Cuba.<\/p>\n Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. (s.f.). Folleto Informativo No. 19, “Instituciones Nacionales de Promoci\u00f3n y Proteccion de los Derechos Humanos”.<\/em> Ginebra.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n [1]<\/a> Folleto Informativo No. 19 de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, \u201cInstituciones Nacionales de Promoci\u00f3n y Protecci\u00f3n de los derechos Humanos\u201d<\/p>\n [2]<\/a> Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Peri\u00f3dico Universal- Cuba, Consejo de Derechos Humanos, 2009<\/p>\n [3]<\/a> Articulos 15, inciso b), 20, 21, 36,inciso b), 44, inciso d) y los articulos del 46 al 54 del Acuerdo de 30 de noviembre de 1998 del Consejo de Estado ” Reglamento de la Ley de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica”.<\/p>\n [4]<\/a> Art\u00edculo 61 de la Resoluci\u00f3n No. 142 de 18 de diciembre de 1984 del Ministerio de Justicia, Reglamento del Decreto Ley No. 81 de 8 de junio de 1984 \u201cSobre el Ejercicio de la Abogac\u00eda y la Organizaci\u00f3n Nacional de Bufetes Colectivos\u201d<\/p>\n [5]<\/a> Articulo13 inciso f) del Decreto Ley No. 81 de 8 de junio de 1984 \u201cSobre el Ejercicio de la Abogac\u00eda y la Organizaci\u00f3n Nacional de Bufetes Colectivos\u201d<\/p>\n [6]<\/a> Art\u00edculo 7 inciso i) del Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 25 de diciembre de 1996<\/p>\n [7]<\/a> Art\u00edculo 9, inciso g) y Art\u00edculo 11, inciso h) del Acuerdo de 13 de septiembre de 1995 del Consejo de Estado, “Reglamento de las Asambleas Provinciales del Poder Popular”<\/p>\n [8]<\/a> Art\u00edculo 7 inciso s), Art\u00edculo 9, inciso g), Art\u00edculo 11 inciso h)\u00a0 del Acuerdo de 13 de septiembre de 1995 del Consejo de Estado, “Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder popular”<\/p>\n [9]<\/a> Articulo Art\u00edculo 8, 15 y 16\u00a0 del Acuerdo de 13 de septiembre de 1995 del Consejo de Estado, “Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder popular”,\u00a0 Art\u00edculo 9 y 10 del Acuerdo de 13 de noviembre de 2002 del Consejo de Ministros “Reglamento de las Administraciones Locales del Poder Popular”<\/p>\n [10]<\/a>Art\u00edculo 8 del Acuerdo de 13 de septiembre de 1995 del Consejo de Estado, “Reglamento de las Asambleas Provinciales del Poder Popular” y del Acuerdo de 13 de septiembre de 1995 del Consejo de Estado, “Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder popular”, Art\u00edculo 9 y 10 del Acuerdo de 13 de noviembre de 2002 del Consejo de Ministros “Reglamento de las Administraciones Locales del Poder Popular”<\/p>\n [11]<\/a> \u00cddem<\/p>\n [12]<\/a> Art\u00edculo 13, apartado 13; Art\u00edculo 14, apartado 8; Art\u00edculo 17, apartado 7; Art\u00edculo 55, apartado 25; Art\u00edculo 56, apartado 20 del Acuerdo de 13 de noviembre de 2002 del Consejo de Ministros “Reglamento de las Administraciones Locales del Poder Popular”<\/p>\n [13]<\/a> Art\u00edculo 40 del Decreto Ley No. 272 de 16 de julio de 2010, \u201cDe la Organizaci\u00f3n y Funcionamiento del Consejo de Ministros\u201d<\/p>\n<\/a>Regulaci\u00f3n Internacional<\/h2>\n
<\/a>Regulaci\u00f3n Nacional<\/h2>\n
<\/a>Sistema Interinstitucional<\/h2>\n
<\/a>Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica de Cuba<\/h3>\n
<\/a>Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica<\/h3>\n
<\/a>Los Tribunales Populares<\/h3>\n
<\/a>Organizaci\u00f3n Nacional de Bufetes Colectivos<\/h3>\n
<\/a>\u00d3rganos del Poder Popular<\/h3>\n
<\/a>Consejo de la Administraci\u00f3n Municipal de los \u00d3rganos Locales del Poder Popular<\/h3>\n
<\/a>Organismos de la Administraci\u00f3n Central del Estado<\/h3>\n