{"id":17128,"date":"2025-06-15T12:28:13","date_gmt":"2025-06-15T16:28:13","guid":{"rendered":"https:\/\/cubalex.org\/?p=17128"},"modified":"2025-07-16T15:26:00","modified_gmt":"2025-07-16T19:26:00","slug":"el-estado-contra-los-cuerpos-vulnerables-analisis-critico-del-procedimiento-para-personas-con-conducta-deambulante-en-cuba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cubalex.org\/en\/2025\/06\/15\/el-estado-contra-los-cuerpos-vulnerables-analisis-critico-del-procedimiento-para-personas-con-conducta-deambulante-en-cuba\/","title":{"rendered":"The State against vulnerable bodies: a critical analysis of the procedure for people with \u201cwandering behavior\u201d in Cuba"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Photo: Taken from CiberCuba. <\/em> <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Presentado como una medida de protecci\u00f3n, el nuevo acuerdo institucionaliza un sistema de control, vigilancia y reclusi\u00f3n forzada que criminaliza la pobreza y oculta las causas estructurales de la exclusi\u00f3n social en Cuba.\u00a0<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>I. Introducci\u00f3n: \u00bfQu\u00e9 revela este acuerdo sobre el modelo social cubano?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el <a href=\"https:\/\/www.gacetaoficial.gob.cu\/sites\/default\/files\/goc-2025-o41.pdf\"><em>Procedimiento para la atenci\u00f3n a las personas con conducta deambulante<\/em><\/a>, publicado en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica de Cuba el 28 de abril de 2025, establece un protocolo estatal para la atenci\u00f3n de personas clasificadas bajo esta categor\u00eda. Aunque formalmente se presenta como una medida de protecci\u00f3n social, este instrumento normativo revela con crudeza las tensiones estructurales del modelo cubano: un Estado que se presenta como defensor de la dignidad humana, pero al mismo tiempo niega la existencia de pobreza y exclusi\u00f3n, y convierte a los sectores m\u00e1s vulnerables en objeto de vigilancia, medicalizaci\u00f3n forzada e internamiento sin consentimiento.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lejos de promover derechos, este procedimiento institucionaliza un enfoque de control social, naturalizando el castigo a la marginalidad mediante un entramado burocr\u00e1tico que articula a gobernadores, polic\u00edas, trabajadores sociales, fiscales y tribunales.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>II. La \u201cconducta deambulante\u201d como definici\u00f3n problem\u00e1tica: patologizaci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n de la pobreza<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art\u00edculo 2 del acuerdo constituye el eje conceptual del procedimiento y, al mismo tiempo, su formulaci\u00f3n m\u00e1s estigmatizante. Define la \u201cconducta deambulante\u201d como un \u201ctrastorno del comportamiento humano multicausal\u201d, asociado a factores como la inestabilidad habitacional, la falta de atenci\u00f3n familiar, la ausencia de autonom\u00eda econ\u00f3mica y de un proyecto de vida, que se expresa, seg\u00fan el texto, de forma \u201chabitual\u201d en \u201cla transgresi\u00f3n de las normas de convivencia y disciplina social\u201d.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El uso del t\u00e9rmino \u201cconducta deambulante\u201d evidencia, ante todo, una descontextualizaci\u00f3n profunda. Esta expresi\u00f3n pertenece al \u00e1mbito cl\u00ednico, en particular a la geriatr\u00eda y la psiquiatr\u00eda, donde se emplea para describir un patr\u00f3n de locomoci\u00f3n err\u00e1tica o sin rumbo fijo, caracter\u00edstico de personas con enfermedades neurocognitivas como la demencia o el Alzheimer. En estos casos, la deambulaci\u00f3n se interpreta como una manifestaci\u00f3n de desorientaci\u00f3n espacial, ansiedad, necesidad de estimulaci\u00f3n sensorial o respuesta a entornos inadecuados, y no como un comportamiento desviado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n puede observarse en personas con determinadas condiciones psiqui\u00e1tricas, durante episodios de agitaci\u00f3n o alteraciones del estado mental. Sin embargo, en todos estos contextos, la conducta se aborda desde un enfoque cl\u00ednico especializado, que prioriza el cuidado, la contenci\u00f3n no coercitiva y el respeto a la autonom\u00eda de la persona.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque algunos manuales y estudios mencionan que personas sin hogar pueden deambular como parte de su din\u00e1mica cotidiana \u2014por ejemplo, en la b\u00fasqueda de alimentos, refugio o seguridad\u2014, esta conducta no constituye en s\u00ed misma un trastorno, sino que refleja la precariedad estructural en la que viven. Asimilar sin distinci\u00f3n esta realidad a una \u201cconducta patol\u00f3gica\u201d borra las fronteras entre lo cl\u00ednico y lo social, y permite al Estado cubano justificar intervenciones disciplinarias bajo el disfraz de una supuesta atenci\u00f3n integral.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta ambig\u00fcedad conceptual es especialmente peligrosa cuando se ignoran los determinantes estructurales \u2014como la pobreza, el alcoholismo asociado a la exclusi\u00f3n o la falta de redes de apoyo\u2014, y se sustituye el enfoque de derechos por uno centrado en la vigilancia, la correcci\u00f3n de comportamientos y el control institucional.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En lugar de reconocer a estas personas como sujetos en situaci\u00f3n de calle \u2014una categor\u00eda ampliamente validada por organismos internacionales por su neutralidad y su \u00e9nfasis en la restituci\u00f3n de derechos\u2014, el Estado adopta una formulaci\u00f3n patologizante que habilita medidas de control, reclusi\u00f3n e institucionalizaci\u00f3n forzada. Este enfoque no solo deshumaniza, sino que encubre deliberadamente las causas estructurales de la pobreza, omitiendo su v\u00ednculo con pol\u00edticas p\u00fablicas fallidas o insuficientes.  <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>III. Desplazar el enfoque: por qu\u00e9 debe hablarse de personas en situaci\u00f3n de calle y no de \u201cconducta deambulante\u201d<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El concepto de \u201cpersonas en situaci\u00f3n de calle\u201d se refiere a individuos o grupos que carecen de una vivienda estable, segura y adecuada, condici\u00f3n que los expone a una vulnerabilidad extrema. Esta situaci\u00f3n no se limita a la ausencia de un techo, implica tambi\u00e9n la privaci\u00f3n de derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educaci\u00f3n, el empleo y la protecci\u00f3n social.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tanto la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Relator\u00eda Especial sobre Derechos Econ\u00f3micos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) han subrayado que las <a href=\"https:\/\/www.oas.org\/es\/CIDH\/jsForm\/?File=%2Fes%2Fcidh%2Fprensa%2Fcomunicados%2F2023%2F085.asp&amp;utm_source=chatgpt.com\">personas en situaci\u00f3n de calle<\/a> enfrentan m\u00faltiples formas de discriminaci\u00f3n y exclusi\u00f3n social. En consecuencia, instan a los Estados a adoptar pol\u00edticas p\u00fablicas integrales que reconozcan las causas estructurales de la falta de vivienda y promuevan la inclusi\u00f3n social desde un enfoque basado en derechos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En Europa, la<a href=\"https:\/\/www.feantsa.org\/en\"> Federaci\u00f3n Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA) <\/a>ha desarrollado la <a href=\"https:\/\/www.feantsa.org\/download\/spanish-19799486834942987019.pdf\">Tipolog\u00eda Europea de Sinhogarismo y Exclusi\u00f3n Residencial (ETHOS)<\/a>, que clasifica las distintas formas de exclusi\u00f3n habitacional y proporciona un marco com\u00fan para abordarlas con una mirada centrada en la dignidad humana.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En Am\u00e9rica Latina, diversas organizaciones y gobiernos han trabajado en la caracterizaci\u00f3n y atenci\u00f3n de las personas en situaci\u00f3n de calle. Por ejemplo, en Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social ha elaborado documentos que presentan y definen el <a href=\"https:\/\/www.gub.uy\/ministerio-desarrollo-social\/comunicacion\/publicaciones\/panorama-general-sobre-situacion-calle-definicion-caracterizacion-del\">problema social de la situaci\u00f3n de calle<\/a> en el contexto de la gesti\u00f3n e implementaci\u00f3n de pol\u00edticas sociales, destacando la complejidad y diversidad de las situaciones que enfrentan estas personas.<a href=\"https:\/\/www.gub.uy\/ministerio-desarrollo-social\/sites\/ministerio-desarrollo-social\/files\/documentos\/publicaciones\/1693.pdf?utm_source=chatgpt.com\">&nbsp;<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, es fundamental reconocer que las personas en situaci\u00f3n de calle no constituyen un grupo homog\u00e9neo. Esta poblaci\u00f3n incluye a ni\u00f1os, j\u00f3venes, personas adultas mayores, con discapacidad, migrantes \u2014incluidos los migrantes internos\u2014 y otros grupos que, por diversas razones, han sido empujados a vivir en condiciones de extrema precariedad. Cada uno de estos sectores enfrenta desaf\u00edos particulares, por lo que su atenci\u00f3n requiere enfoques diferenciados que respondan a sus necesidades espec\u00edficas y garanticen el respeto a su dignidad, autonom\u00eda y derechos fundamentales.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A la luz de los <a href=\"http:\/\/www.ohchr.org\/EN\/Issues\/Housing\/Pages\/AnnualReports.aspx\">international standards<\/a>, resulta evidente que el t\u00e9rmino m\u00e1s adecuado para describir esta realidad es \u201cpersona en situaci\u00f3n de calle\u201d. Esta denominaci\u00f3n no remite a una patolog\u00eda ni a una supuesta desviaci\u00f3n de conducta, sino que visibiliza una condici\u00f3n social marcada por la exclusi\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de derechos. A diferencia del concepto estigmatizante de \u201cconducta deambulante\u201d utilizado en la normativa cubana, el enfoque basado en \u201csituaci\u00f3n de calle\u201d <a href=\"https:\/\/www.ohchr.org\/sites\/default\/files\/Documents\/Issues\/Housing\/HomelessSummary_sp.pdf\">reconoce la responsabilidad estatal<\/a> en la garant\u00eda de derechos, y permite formular pol\u00edticas p\u00fablicas orientadas a la inclusi\u00f3n, la reparaci\u00f3n y el acceso efectivo a condiciones de vida dignas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>IV. Procedimientos institucionales: coerci\u00f3n, control y ausencia de consentimiento<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La arquitectura institucional definida en el acuerdo para atender a las personas con \u201cconducta deambulante\u201d consolida un entramado de vigilancia y coerci\u00f3n que contraviene los principios m\u00e1s elementales del derecho internacional de los derechos humanos. Lejos de establecer un sistema de acompa\u00f1amiento social respetuoso de la autonom\u00eda personal, el procedimiento se articula en torno a un circuito obligatorio de identificaci\u00f3n, clasificaci\u00f3n, traslado e internamiento, en el que participan m\u00e9dicos, trabajadores sociales, autoridades gubernamentales y la Polic\u00eda Nacional Revolucionaria (PNR).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 6, 8, 14 y 16, las personas clasificadas bajo esta categor\u00eda pueden ser trasladadas por la fuerza a Centros de Protecci\u00f3n Social, sin necesidad de su consentimiento informado ni de una orden judicial previa. Este tipo de actuaci\u00f3n desdibuja peligrosamente las fronteras entre asistencia y represi\u00f3n, entre cuidado y custodia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El nivel de intervenci\u00f3n estatal va m\u00e1s all\u00e1 del simple traslado: se habilita a las autoridades locales a involucrar a la Fiscal\u00eda y al Tribunal en casos en que la persona rechace ser institucionalizada o cuando se considere que sus familiares incumplen supuestas obligaciones de cuidado (arts. 15 y 18g). Esta estructura permite incluso sancionar penalmente a las familias, abrir procesos de suspensi\u00f3n de la patria potestad e iniciar denuncias formales contra quienes reincidan en pr\u00e1cticas como la mendicidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se trata de una estrategia que combina la medicalizaci\u00f3n con el castigo, proyectando sobre las personas en situaci\u00f3n de pobreza no solo una sospecha moral, sino tambi\u00e9n una condici\u00f3n de peligrosidad que habilita el ejercicio de un poder punitivo sobre sus cuerpos y decisiones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas disposiciones vulneran derechos fundamentales como la libertad personal, la protecci\u00f3n frente a detenciones arbitrarias y el principio de no discriminaci\u00f3n. La ausencia de consentimiento y de garant\u00edas procesales coloca a estas personas en una situaci\u00f3n de marcada indefensi\u00f3n. En lugar de construir un sistema de apoyo comunitario que genere condiciones para el ejercicio de la autonom\u00eda, se promueve un r\u00e9gimen de encierro institucional que niega la condici\u00f3n de sujeto de derechos a quienes viven en situaci\u00f3n de exclusi\u00f3n y vulnerabilidad.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>V. Estigmas y exclusi\u00f3n: el lenguaje como herramienta de control<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El lenguaje utilizado en el acuerdo no es neutro ni t\u00e9cnico: constituye una pieza central del dispositivo de control. T\u00e9rminos como \u201ctransgresi\u00f3n de normas de convivencia\u201d y \u201cmedidas profil\u00e1cticas y advertencias oficiales\u201d revelan una ret\u00f3rica disciplinaria que proyecta sobre las personas en situaci\u00f3n de calle una imagen de desviaci\u00f3n moral, amenaza al orden p\u00fablico y resistencia a la correcci\u00f3n. La elecci\u00f3n de estas expresiones no es inocente; instala la idea de que estas personas no solo necesitan ayuda, sino que representan un problema que debe ser contenido, reeducado o eliminado del espacio p\u00fablico. En lugar de ser consideradas sujetos de derechos que requieren acompa\u00f1amiento desde pol\u00edticas sociales reparadoras, se las posiciona como casos que deben ser \u201ctratados\u201d o \u201cnormalizados\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este lenguaje reactiva viejos estigmas asociados a la \u201cpeligrosidad social\u201d y a la \u201cinadaptaci\u00f3n\u201d, herencia de doctrinas criminol\u00f3gicas arcaicas que entend\u00edan la pobreza y la marginalidad como predisposiciones naturales al delito. Al vincular la exclusi\u00f3n con una conducta que merece advertencia y profilaxis, el Estado reproduce una narrativa que no busca transformar las condiciones que generan la situaci\u00f3n de calle, sino imponer un patr\u00f3n normativo de ciudadan\u00eda disciplinada. La terminolog\u00eda del acuerdo opera as\u00ed como un instrumento ideol\u00f3gico de poder, que enmascara la represi\u00f3n como protecci\u00f3n, y la institucionalizaci\u00f3n forzada como acto de cuidado. En este marco, toda resistencia o negativa a ser institucionalizado es interpretada como rebeld\u00eda, como una confirmaci\u00f3n de la \u201canormalidad\u201d del sujeto, lo que abre la puerta a nuevas formas de sanci\u00f3n, judicializaci\u00f3n o castigo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>VI. Invisibilizaci\u00f3n de la desigualdad estructural<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno de los silencios m\u00e1s elocuentes del acuerdo es su negativa a nombrar las causas estructurales que originan y perpet\u00faan la situaci\u00f3n de calle en Cuba. En ninguna de sus disposiciones se menciona la profunda crisis econ\u00f3mica que atraviesa el pa\u00eds, el deterioro sistem\u00e1tico del sistema de protecci\u00f3n social, ni la precariedad del empleo y el acceso a servicios b\u00e1sicos como la salud, la vivienda o la alimentaci\u00f3n. La omisi\u00f3n de estos factores no es casual: responde a una l\u00f3gica de Estado que se niega a reconocer que su modelo econ\u00f3mico ha fracasado en garantizar derechos fundamentales y ha expulsado a crecientes sectores de la poblaci\u00f3n a la marginaci\u00f3n y el abandono.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En lugar de reconocer la responsabilidad institucional en la producci\u00f3n de la pobreza, el acuerdo desplaza el foco hacia el individuo y lo presenta como carente de proyecto de vida, indisciplinado o negligente. Esta narrativa sit\u00faa a esta norma como un mecanismo de legitimaci\u00f3n del propio sistema, pues transforma una crisis estructural en la suma de fallas personales. As\u00ed, se justifica la intervenci\u00f3n coercitiva sobre las personas en situaci\u00f3n de calle al tiempo que se exime al Estado de revisar sus pol\u00edticas econ\u00f3micas y sociales. La estrategia discursiva no solo despolitiza el problema, sino que lo convierte en una cuesti\u00f3n de orden p\u00fablico y correcci\u00f3n moral, lo que permite una respuesta autoritaria all\u00ed donde deber\u00eda haber una pol\u00edtica de justicia social. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>VII. Riesgo de arbitrariedad y exclusi\u00f3n de la sociedad civil<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">M\u00e1s grave a\u00fan es el car\u00e1cter expansivo del art\u00edculo 14.1, que permite intervenir no solo sobre personas con la llamada \u201cconducta deambulante\u201d, sino tambi\u00e9n sobre quienes sean considerados propensos a ella, en funci\u00f3n del grado de \u201cdesatenci\u00f3n familiar\u201d que presenten. Esta cl\u00e1usula abre la puerta a una l\u00f3gica de profilaxis social: las autoridades quedan facultadas para identificar, clasificar y eventualmente institucionalizar a personas que ni siquiera han manifestado una situaci\u00f3n de calle, sin garant\u00edas suficientes, con un alto riesgo de arbitrariedad. Esto incrementa el riesgo de arbitrariedad y transforma el procedimiento, adem\u00e1s, en un instrumento de control preventivo que evoca las medidas de seguridad predelictivas <a href=\"https:\/\/www.14ymedio.com\/cuba\/peligrosidad-predelictiva-codigo-penal-regulacion_1_1043590.html\"> vigentes en la anterior normativa penal<\/a>, aplicadas no por hechos consumados, sino por supuestas predisposiciones a la comisi\u00f3n de hechos delictivos.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este esquema, la sociedad civil no solo es ignorada: es desplazada activamente como actor leg\u00edtimo en la formulaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de pol\u00edticas sociales. La norma no contempla ninguna participaci\u00f3n de organizaciones comunitarias, religiosas, barriales o de derechos humanos, a pesar de que en diversas experiencias internacionales estas entidades han demostrado una capacidad \u00fanica para generar v\u00ednculos de confianza, ofrecer respuestas adaptadas a la realidad local y promover la autonom\u00eda y el respeto a la dignidad de las personas en situaci\u00f3n de calle. El modelo cubano, en cambio, reproduce un patr\u00f3n de gesti\u00f3n centralizada que se reh\u00fasa a construir soluciones de forma colaborativa, debilitando as\u00ed el tejido comunitario y la posibilidad de respuestas integrales y sostenibles.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tal exclusi\u00f3n pone de manifiesto que el enfoque estatal no est\u00e1 centrado en las personas, sus necesidades o su dignidad, sino en preservar el monopolio del control y mantener un modelo asistencialista cerrado, vertical y punitivo. Frente a ello, urge desplazar el paradigma hacia pol\u00edticas p\u00fablicas que promuevan la participaci\u00f3n ciudadana y generen condiciones estructurales reales para la inclusi\u00f3n y el ejercicio pleno de los derechos. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>VIII. Impactos diferenciados: raza, g\u00e9nero y discapacidad<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque el texto normativo se presenta con un aparente tono universalista, omitiendo distinciones expl\u00edcitas entre grupos sociales, sus consecuencias pr\u00e1cticas afectan de forma desigual a determinados sectores hist\u00f3ricamente marginados. En un pa\u00eds como Cuba, donde el racismo estructural opera de forma soterrada pero persistente, es previsible que las personas afrodescendientes \u2014sobre-representadas en contextos de pobreza, informalidad y exclusi\u00f3n\u2014 sean las principales destinatarias de este tipo de pol\u00edticas. La criminalizaci\u00f3n de la pobreza termina reforzando, aunque no lo diga la ley, una selectividad racial en la aplicaci\u00f3n del control social, al reproducir los estigmas que hist\u00f3ricamente han asociado negritud con \u201cpeligrosidad\u201d o desajuste.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Del mismo modo, las personas con discapacidad psicosocial son especialmente vulnerables dentro de este marco. El acuerdo permite su ingreso en hospitales psiqui\u00e1tricos sin consentimiento, bajo criterios definidos por equipos institucionales sin supervisi\u00f3n judicial ni participaci\u00f3n directa de la persona afectada. Esta forma de internamiento forzoso reproduce esquemas violatorios de la <a href=\"https:\/\/www.un.org\/esa\/socdev\/enable\/documents\/tccconvs.pdf\">Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,<\/a> que exige respetar la voluntad y preferencias de las personas, garantizar apoyos adecuados para la toma de decisiones, y evitar cualquier forma de reclusi\u00f3n por motivos de salud mental.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The <a href=\"https:\/\/hogarsi.org\/mujeres-sin-hogar\/\">mujeres en situaci\u00f3n de calle<\/a>, por su parte, enfrentan riesgos a\u00fan m\u00e1s severos: violencia sexual, explotaci\u00f3n, abandono institucional, y p\u00e9rdida del v\u00ednculo con sus hijos. Sin embargo, el acuerdo carece de un enfoque de g\u00e9nero que permita identificar estas amenazas y dise\u00f1ar medidas de protecci\u00f3n diferenciadas. La ausencia de perspectiva interseccional impide ver c\u00f3mo la pobreza se cruza con otras dimensiones de opresi\u00f3n \u2014raza, g\u00e9nero, discapacidad, edad\u2014 generando violencias m\u00faltiples que no pueden abordarse desde una l\u00f3gica homog\u00e9nea. Esta omisi\u00f3n no s\u00f3lo invisibiliza realidades espec\u00edficas, sino que agrava las condiciones de desprotecci\u00f3n al dise\u00f1ar una respuesta institucional que no reconoce la diversidad de experiencias ni necesidades.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>IX. Conclusiones y recomendaciones<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el <em>\u201cProcedimiento para la atenci\u00f3n a las personas con conducta deambulante\u201d<\/em> no representa un avance en la garant\u00eda de derechos, sino una consolidaci\u00f3n del enfoque autoritario con el que el Estado cubano ha gestionado hist\u00f3ricamente la pobreza. En lugar de construir pol\u00edticas p\u00fablicas centradas en la dignidad, la autonom\u00eda y la participaci\u00f3n, este instrumento institucionaliza una l\u00f3gica de control que patologiza a las personas excluidas, despolitiza la pobreza y autoriza medidas de vigilancia, encierro e intervenci\u00f3n forzada bajo el disfraz de protecci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta norma no solo vulnera principios b\u00e1sicos del derecho internacional \u2014como el consentimiento informado, la libertad personal o la no discriminaci\u00f3n\u2014, sino que perpet\u00faa la invisibilidad de las causas estructurales que originan la situaci\u00f3n de calle en Cuba. El silencio sobre la crisis econ\u00f3mica, el colapso de los servicios p\u00fablicos, el desempleo y la inflaci\u00f3n no es un olvido t\u00e9cnico, sino una omisi\u00f3n intencional que traslada la carga del problema al individuo y blinda al Estado de su responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Frente a esta situaci\u00f3n, urge adoptar medidas concretas. En primer lugar, el procedimiento actual debe ser derogado en su totalidad y reemplazado por una pol\u00edtica p\u00fablica coherente con los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos. Esta pol\u00edtica debe partir del reconocimiento expl\u00edcito de la pobreza como un fen\u00f3meno estructural, y no como una desviaci\u00f3n individual, as\u00ed como del compromiso del Estado con la generaci\u00f3n de datos p\u00fablicos que permitan caracterizar y atender a las personas en situaci\u00f3n de calle desde una perspectiva inclusiva, en lugar de represiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, resulta imprescindible fortalecer el tejido social mediante alianzas con organizaciones comunitarias, religiosas, defensoras de derechos humanos y personas comprometidas con la realidad de quienes viven en situaci\u00f3n de calle, con el fin de co-crear estrategias que respondan a sus necesidades reales. Se trata de avanzar hacia un modelo que deje de estigmatizar y comience a proteger, garantizando el respeto de su dignidad.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Foto: Tomada de CiberCuba. 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