{"id":22577,"date":"2026-05-25T13:19:01","date_gmt":"2026-05-25T17:19:01","guid":{"rendered":"https:\/\/cubalex.org\/?p=22577"},"modified":"2026-05-25T13:33:07","modified_gmt":"2026-05-25T17:33:07","slug":"fotografiar-no-es-delito-el-caso-de-anyelo-ramirez-martinez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cubalex.org\/en\/2026\/05\/25\/fotografiar-no-es-delito-el-caso-de-anyelo-ramirez-martinez\/","title":{"rendered":"Fotografiar no es delito: el caso de Anyelo Ram\u00edrez"},"content":{"rendered":"<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>I. Los hechos seg\u00fan la propia acusaci\u00f3n fiscal<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todo comenz\u00f3 porque un ciudadano cubano tom\u00f3 fotograf\u00edas de un operativo policial en la v\u00eda p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan la acusaci\u00f3n presentada por la Fiscal\u00eda, el 5 de marzo de 2026 Anyelo Ram\u00edrez Mart\u00ednez transitaba por una calle de Santiago de Cuba cuando observ\u00f3 un despliegue de agentes del Ministerio del Interior alrededor de un supuesto hecho de \u201cpropaganda subversiva\u201d: un grafiti realizado en una pared. Anyelo comenz\u00f3 entonces a fotografiar tanto la pintada como la actuaci\u00f3n de los agentes presentes en el lugar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El escrito acusatorio reconoce que, al percatarse de ello, oficiales del MININT se acercaron al joven, le exigieron que dejara de tomar fotograf\u00edas, le ordenaron entregar su tel\u00e9fono celular y le pidieron eliminar las im\u00e1genes captadas. Anyelo se neg\u00f3. Seg\u00fan el expediente, respondi\u00f3 que no estaba haciendo nada ilegal y que pod\u00eda tomar fotograf\u00edas en un espacio p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A partir de ese momento la situaci\u00f3n escal\u00f3 r\u00e1pidamente. El Mayor Dainier Su\u00e1rez Pag\u00e1n, identificado en el documento como segundo jefe de la Contrainteligencia en Santiago de Cuba, decidi\u00f3 sujetarlo f\u00edsicamente \u201cpor el brazo derecho con el objetivo de trasladarlo\u201d. Solo despu\u00e9s de esa intervenci\u00f3n f\u00edsica inicial se produjo el presunto forcejeo que posteriormente dio lugar a las acusaciones por desobediencia, atentado y resistencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hoy, por esos hechos, la Fiscal\u00eda solicita una sanci\u00f3n conjunta de cuatro a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad, adem\u00e1s de sanciones accesorias como la privaci\u00f3n de derechos civiles y pol\u00edticos y la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este caso resulta especialmente preocupante porque evidencia c\u00f3mo una actuaci\u00f3n inicialmente vinculada al ejercicio leg\u00edtimo de derechos protegidos \u2014en particular la documentaci\u00f3n de un operativo estatal en la v\u00eda p\u00fablica\u2014 deriv\u00f3 en la activaci\u00f3n del aparato penal y en la formulaci\u00f3n de cargos graves con petici\u00f3n de privaci\u00f3n de libertad. Asimismo, el expediente refleja un uso expansivo y punitivo de figuras penales como desobediencia, atentado y resistencia, frecuentemente utilizadas en Cuba para criminalizar conductas vinculadas a la documentaci\u00f3n ciudadana y la reacci\u00f3n frente a intervenciones arbitrarias y desproporcionadas de las autoridades.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El presente an\u00e1lisis se basa principalmente en la versi\u00f3n de la propia acusaci\u00f3n fiscal. Es precisamente esa narrativa oficial la que permite identificar violaciones al debido proceso, restricciones arbitrarias de libertad, uso desproporcionado de la fuerza y una preocupante criminalizaci\u00f3n del ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresi\u00f3n y el derecho a buscar y difundir informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:18px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>II. Criminalizaci\u00f3n de la libertad de expresi\u00f3n y del derecho a documentar<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El n\u00facleo del caso contra Anyelo Ram\u00edrez Mart\u00ednez se origina en una conducta que, bajo est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos, se encuentra protegida: fotografiar un operativo estatal en un espacio p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El expediente fiscal reconoce que el joven comenz\u00f3 a tomar im\u00e1genes de un despliegue policial relacionado con un supuesto hecho de \u201cpropaganda subversiva\u201d. No se describe que estuviera interfiriendo f\u00edsicamente en el operativo, amenazando a los agentes o impidiendo el desarrollo de sus funciones. La actuaci\u00f3n que desencaden\u00f3 toda la intervenci\u00f3n fue, esencialmente, observar y documentar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto resulta jur\u00eddicamente relevante porque el derecho a la libertad de expresi\u00f3n no se limita \u00fanicamente a emitir opiniones. Comprende tambi\u00e9n el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico, incluyendo informaci\u00f3n relacionada con actuaciones de agentes estatales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <a href=\"https:\/\/docstore.ohchr.org\/SelfServices\/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaqoW3y%2FrwBqQ1hhVz2z2lpRr6MpU%2B%2FxEikw9fDbYE4QPFdIFW1VlMIVkoM%2B312r7R#:~:text=Nadie%20puede%20ver%20conculcados%20los,%2C%20hist%C3%B3rica%2C%20moral%20o%20religiosa.\">Observaci\u00f3n General No. 34 del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas<\/a>, al interpretar el art\u00edculo 19 del <a href=\"https:\/\/www.ohchr.org\/es\/instruments-mechanisms\/instruments\/international-covenant-civil-and-political-rights\">Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos,<\/a> establece que la libertad de expresi\u00f3n protege todas las formas de comunicaci\u00f3n y todos los medios utilizados para transmitir informaci\u00f3n, incluidas las formas audiovisuales y electr\u00f3nicas. Asimismo, subraya que las restricciones impuestas por el Estado deben cumplir estrictos requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este contexto, documentar actuaciones policiales en espacios p\u00fablicos constituye una manifestaci\u00f3n leg\u00edtima del derecho a la informaci\u00f3n y un mecanismo de control ciudadano sobre el ejercicio del poder estatal. Sin embargo, seg\u00fan la propia versi\u00f3n oficial, los agentes actuantes intentaron impedir que Anyelo continuara fotografiando, le exigieron entregar su tel\u00e9fono celular y le ordenaron eliminar las im\u00e1genes captadas. El expediente no menciona la existencia de una orden judicial, una base legal espec\u00edfica para la ocupaci\u00f3n del dispositivo ni razones objetivas que justificaran restringir el acceso o conservaci\u00f3n de ese contenido.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La exigencia de borrar im\u00e1genes y entregar un tel\u00e9fono celular en estas circunstancias constituye una medida particularmente grave desde el punto de vista de los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos. Adem\u00e1s de implicar una interferencia arbitraria sobre bienes personales y privacidad, restringe el derecho de toda persona a conservar, acceder y difundir informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los est\u00e1ndares internacionales han advertido que los Estados no pueden utilizar mecanismos indirectos para impedir la circulaci\u00f3n de informaci\u00f3n o inhibir la documentaci\u00f3n ciudadana de actuaciones oficiales. La confiscaci\u00f3n arbitraria de dispositivos electr\u00f3nicos, la eliminaci\u00f3n forzada de contenido y la intimidaci\u00f3n contra quienes registran operativos estatales constituyen formas de censura indirecta incompatibles con el art\u00edculo 19 <a href=\"https:\/\/www.ohchr.org\/es\/instruments-mechanisms\/instruments\/international-covenant-civil-and-political-rights\">del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos<\/a> y con las garant\u00edas b\u00e1sicas de libertad de expresi\u00f3n y acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:18px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>III. \u201cLo tom\u00f3 por el brazo derecho con el objetivo de trasladarlo\u201d: el abuso de autoridad como detonante<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno de los elementos m\u00e1s relevantes del expediente es que la propia acusaci\u00f3n fiscal reconoce que la primera acci\u00f3n f\u00edsica coercitiva provino del agente estatal y no de Anyelo Ram\u00edrez Mart\u00ednez.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan la narrativa oficial, despu\u00e9s de que el joven se negara a entregar su tel\u00e9fono celular y a eliminar las fotograf\u00edas tomadas, el Mayor Dainier Su\u00e1rez Pag\u00e1n \u201clo tom\u00f3 por el brazo derecho con el objetivo de trasladarlo\u201d. Esta afirmaci\u00f3n resulta central, porque desmonta la idea de que el conflicto comenz\u00f3 con una agresi\u00f3n contra la autoridad. Por el contrario, la propia Fiscal\u00eda reconoce que el uso inicial de fuerza f\u00edsica parti\u00f3 del agente del Ministerio del Interior.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sujetar f\u00edsicamente a una persona para \u201ctrasladarla\u201d implica una restricci\u00f3n material de su libertad de circulaci\u00f3n y el inicio de una conducci\u00f3n o detenci\u00f3n arbitraria. Bajo est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos, cualquier privaci\u00f3n o limitaci\u00f3n de libertad debe estar previamente sustentada en una base legal, ser estrictamente necesaria y aplicarse de manera proporcional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, la acusaci\u00f3n no explica cu\u00e1l era el fundamento concreto para conducir f\u00edsicamente a Anyelo. El expediente no menciona:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>la existencia de un delito flagrante;<\/li>\n\n\n\n<li>una orden de detenci\u00f3n;<\/li>\n\n\n\n<li>razones objetivas que justificaran el uso de fuerza;<\/li>\n\n\n\n<li>ni que el ciudadano hubiera sido informado de los motivos de su conducci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tampoco se explica por qu\u00e9 fotografiar un operativo policial o negarse a entregar un tel\u00e9fono celular justificar\u00eda una intervenci\u00f3n f\u00edsica inmediata por parte de agentes estatales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <a href=\"https:\/\/www.ohchr.org\/sites\/default\/files\/spn.pdf\">Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos<\/a> y el art\u00edculo 9 del <a href=\"https:\/\/www.ohchr.org\/es\/instruments-mechanisms\/instruments\/international-covenant-civil-and-political-rights\">Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos<\/a> proh\u00edben las detenciones arbitrarias y exigen que toda privaci\u00f3n de libertad est\u00e9 claramente fundamentada en la ley. La <a href=\"https:\/\/www.refworld.org\/es\/leg\/coment\/ccpr\/2014\/es\/104763\">Observaci\u00f3n General No. 35 del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Naciones Unidas <\/a>establece adem\u00e1s que una detenci\u00f3n puede ser arbitraria cuando carece de base legal, pero tambi\u00e9n cuando resulta innecesaria, desproporcionada o utilizada como respuesta al ejercicio leg\u00edtimo de derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este caso, la informaci\u00f3n disponible impide examinar si la actuaci\u00f3n inicial de los agentes fue leg\u00edtima, necesaria o proporcional. Por el contrario, la narrativa fiscal presume autom\u00e1ticamente la legalidad del actuar de los agentes estatales y desplaza toda la responsabilidad sobre el ciudadano, a\u00fan frente a elementos de abuso de autoridad y actuaci\u00f3n arbitraria por parte de los agentes estatales.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:18px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>IV. El uso expansivo del derecho penal: desobediencia, atentado y resistencia<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El caso refleja un patr\u00f3n ampliamente documentado: actuaciones de las autoridades inicialmente dirigidas a impedir el ejercicio de libertades fundamentales escalan r\u00e1pidamente hacia procesos penales sustentados en delitos como atentado, resistencia o desobediencia, utilizados para legitimar intervenciones arbitrarias de las autoridades estatales y reforzar mecanismos de control social y disciplinamiento ciudadano.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Desobediencia<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La acusaci\u00f3n por desobediencia se sostiene esencialmente sobre la negativa de Anyelo Ram\u00edrez Mart\u00ednez a obedecer \u00f3rdenes emitidas por agentes del Ministerio del Interior, espec\u00edficamente dejar de fotografiar, entregar su tel\u00e9fono celular y eliminar las im\u00e1genes tomadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art\u00edculo 189.1 del <a href=\"https:\/\/www.parlamentocubano.gob.cu\/sites\/default\/files\/documento\/2022-09\/goc-2022-o93_0.pdf\">C\u00f3digo Penal cubano<\/a> sanciona a quien \u201cdesobedezca las decisiones de las autoridades o los funcionarios p\u00fablicos, o las \u00f3rdenes de sus agentes o auxiliares, dictadas en el ejercicio de sus funciones\u201d. Como se\u00f1ala el propio tipo penal, el deber de obediencia frente a agentes estatales no es absoluto. Para que exista desobediencia, la orden impartida debe emitirse dentro de las competencias legales del agente y ser compatible con las garant\u00edas m\u00ednimas de legalidad y debido proceso.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ese an\u00e1lisis est\u00e1 completamente ausente en la acusaci\u00f3n fiscal que presupone, una vez m\u00e1s, la legalidad de la actuaci\u00f3n arbitraria de las autoridades estatales.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Atentado<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El delito de atentado, previsto en el art\u00edculo 182.1 del <a href=\"https:\/\/www.parlamentocubano.gob.cu\/sites\/default\/files\/documento\/2022-09\/goc-2022-o93_0.pdf\">C\u00f3digo Penal cubano<\/a>, sanciona el uso de violencia o intimidaci\u00f3n contra autoridades o sus agentes para impedirles ejercer sus funciones. Sin embargo, en este caso, incluso tomando como cierta la versi\u00f3n de la Fiscal\u00eda, los hechos descritos no evidencian una agresi\u00f3n grave ni una conducta con capacidad real de poner en peligro la integridad de los agentes estatales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La acusaci\u00f3n se limita a describir un forcejeo y supuestos intentos de golpear al oficial en el contexto inmediato en que Anyelo Ram\u00edrez Mart\u00ednez estaba siendo sujetado f\u00edsicamente para ser trasladado. La informaci\u00f3n disponible no refiere lesiones, uso de armas, amenazas graves ni una intenci\u00f3n clara de causar da\u00f1o severo, ni elementos suficientes que permitan concluir una intenci\u00f3n deliberada de impedir el ejercicio de funciones p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La utilizaci\u00f3n del delito de atentado en este caso evidencia una aplicaci\u00f3n expansiva del derecho penal orientada m\u00e1s a imponer una l\u00f3gica de subordinaci\u00f3n absoluta frente a la autoridad estatal \u2014incluso ante actuaciones ilegales o extralimitadas\u2014 que a proteger bienes jur\u00eddicos reales. Bajo esta construcci\u00f3n, la persona sometida inicialmente a una intervenci\u00f3n arbitraria termina siendo reconstruida por el Estado como victimaria, invisibilizando as\u00ed los abusos de autoridad que desencadenaron los hechos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Resistencia<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art\u00edculo 184.1 del <a href=\"https:\/\/www.parlamentocubano.gob.cu\/sites\/default\/files\/documento\/2022-09\/goc-2022-o93_0.pdf\">C\u00f3digo Penal cubano<\/a> sanciona a quien \u201coponga resistencia\u201d a una autoridad, funcionario p\u00fablico o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. En este caso, la acusaci\u00f3n sostiene que Anyelo Ram\u00edrez Mart\u00ednez ejerci\u00f3 fuerza f\u00edsica y oposici\u00f3n corporal para evitar ser reducido y esposado por los agentes actuantes. Sin embargo, esta imputaci\u00f3n presenta las mismas deficiencias se\u00f1aladas respecto al delito de atentado: el expediente omite analizar la legalidad y proporcionalidad de la intervenci\u00f3n estatal y construye la supuesta \u201cresistencia\u201d a partir de la reacci\u00f3n frente a una actuaci\u00f3n arbitraria.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A esto debemos sumar que, desde una perspectiva t\u00e9cnico-penal, la imputaci\u00f3n simult\u00e1nea de los delitos de atentado y resistencia sobre un mismo n\u00facleo de hechos resulta cuestionable. La narrativa fiscal describe una \u00fanica secuencia de hechos: soltarse del agarre, forcejear e intentar evitar ser reducido por los agentes. No existen conductas diferenciadas que permitan sostener ambos delitos sin incurrir en una superposici\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras la resistencia sanciona la oposici\u00f3n f\u00edsica frente a agentes en el ejercicio de sus funciones, el atentado exige un nivel superior de violencia o intimidaci\u00f3n dirigido a impedir gravemente la actuaci\u00f3n estatal. La utilizaci\u00f3n concurrente de ambas figuras penales evidencia as\u00ed una expansi\u00f3n del poder punitivo contraria al principio de legalidad orientada a agravar y duplicar la respuesta penal sobre una misma secuencia de hechos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta construcci\u00f3n genera serias tensiones con principios b\u00e1sicos del derecho penal, particularmente con el principio de legalidad, la prohibici\u00f3n de doble valoraci\u00f3n de una misma conducta y el principio de proporcionalidad.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:18px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>V. Discriminaci\u00f3n por motivos pol\u00edticos, ausencia de garant\u00edas e indefensi\u00f3n frente al poder punitivo&nbsp;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno de los elementos m\u00e1s alarmantes del expediente es la incorporaci\u00f3n de valoraciones de naturaleza pol\u00edtica y \u201cconducta social\u201d. La propia Fiscal\u00eda se\u00f1ala que Anyelo Ram\u00edrez Mart\u00ednez \u201cno demuestra simpat\u00eda\u201d por el proceso revolucionario, no aparece en el listado de cederistas y se relaciona con personas \u201cproclives a la comisi\u00f3n de hechos delictivos\u201d. Estas referencias no guardan relaci\u00f3n directa con los hechos imputados y reflejan una l\u00f3gica de estigmatizaci\u00f3n pol\u00edtica incompatible con principios b\u00e1sicos del derecho penal moderno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La acusaci\u00f3n intenta construir una imagen de peligrosidad basada en la falta de adhesi\u00f3n pol\u00edtica y en valoraciones subjetivas sobre el comportamiento social del acusado. Este enfoque se acerca a formas de derecho penal de autor, donde el reproche estatal en lugar de enmarcarse en hechos espec\u00edficos, abarca tambi\u00e9n a caracter\u00edsticas personales, opiniones o niveles de conformidad con el sistema pol\u00edtico. Ello resulta especialmente grave en un contexto donde la discriminaci\u00f3n por motivos de opini\u00f3n pol\u00edtica est\u00e1 prohibida por los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A estas preocupaciones se suman importantes d\u00e9ficits en materia de garant\u00edas que confirman la indefensi\u00f3n ciudadana frente al poder punitivo del Estado. Tanto la presunta v\u00edctima como los testigos propuestos pertenecen a estructuras militares o del Ministerio del Interior, sin que existan referencias a testigos independientes, registros audiovisuales u otros medios de prueba que permitan contrastar la versi\u00f3n oficial. La acusaci\u00f3n descansa exclusivamente en los testimonios de las propias autoridades implicadas en los hechos, quienes adem\u00e1s tienen un inter\u00e9s directo en legitimar la actuaci\u00f3n desplegada y descartar cualquier cuestionamiento sobre excesos o arbitrariedades cometidas durante la intervenci\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:18px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>VI. Conclusiones<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El caso de Anyelo Ram\u00edrez Mart\u00ednez constituye una seria se\u00f1al de alarma sobre el deterioro de las garant\u00edas b\u00e1sicas para la protecci\u00f3n de derechos humanos y el debido proceso en Cuba. La propia acusaci\u00f3n fiscal evidencia c\u00f3mo conductas vinculadas al ejercicio leg\u00edtimo de libertades fundamentales \u2014como documentar actuaciones estatales en espacios p\u00fablicos\u2014 pueden derivar r\u00e1pidamente en intervenciones arbitrarias, imputaciones penales y peticiones de privaci\u00f3n de libertad desproporcionadas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde Cubalex, advertimos que este caso debe analizarse como parte de un patr\u00f3n m\u00e1s amplio de utilizaci\u00f3n expansiva del derecho penal para desalentar el ejercicio de derechos ciudadanos, reforzar la subordinaci\u00f3n absoluta e incuestionable frente a agentes estatales y limitar la documentaci\u00f3n independiente de actuaciones oficiales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Frente a ello, llamamos a la ciudadan\u00eda cubana, a organizaciones de derechos humanos, mecanismos internacionales de protecci\u00f3n y actores de la comunidad internacional a mantener la observaci\u00f3n y el acompa\u00f1amiento sobre este caso y otros similares, que reflejan el uso del sistema penal como herramienta de control y disciplinamiento social. La vigilancia p\u00fablica y la solidaridad internacional contin\u00faan siendo fundamentales frente a contextos donde el ejercicio de derechos fundamentales puede derivar en represalias estatales y procesos penales arbitrarios.&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I. Los hechos seg\u00fan la propia acusaci\u00f3n fiscal Todo comenz\u00f3 porque un ciudadano cubano tom\u00f3 fotograf\u00edas de un operativo policial en la v\u00eda p\u00fablica. 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