{"id":23888,"date":"2026-08-11T09:00:00","date_gmt":"2026-08-11T13:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cubalex.org\/?p=23888"},"modified":"2026-08-10T20:30:25","modified_gmt":"2026-08-11T00:30:25","slug":"la-ley-de-asociaciones-como-herramienta-de-control-estatal-en-cuba-el-caso-de-la-masoneria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cubalex.org\/en\/2026\/08\/11\/la-ley-de-asociaciones-como-herramienta-de-control-estatal-en-cuba-el-caso-de-la-masoneria\/","title":{"rendered":"The Law of Associations as a Tool of State Control in Cuba: The Case of Freemasonry"},"content":{"rendered":"

El conflicto que atraviesa actualmente a la masoner\u00eda cubana vuelve a poner bajo escrutinio una cuesti\u00f3n que trasciende las disputas internas de esa organizaci\u00f3n: hasta d\u00f3nde puede llegar el Estado en la regulaci\u00f3n de una asociaci\u00f3n y cu\u00e1ndo esa regulaci\u00f3n se convierte en injerencia y control sobre su autonom\u00eda<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

A inicios de agosto, una funcionaria del Ministerio de Justicia (MINJUS), identificada como Miriam Garc\u00eda<\/strong>, se present\u00f3 en la vivienda de Jos\u00e9 Ram\u00f3n Vi\u00f1as Alonso, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33<\/strong>, para entregarle una citaci\u00f3n oficial. El documento establec\u00eda que deb\u00eda presentarse el 7 de agosto a las 9:30 a. m.<\/strong> y entregar el Supremo Consejo a un “interino” designado por el Gobierno.<\/p>\n\n\n\n

La persona escogida por las autoridades hab\u00eda sido expulsada de la masoner\u00eda por decisi\u00f3n de la Alta C\u00e1mara del Rito<\/strong>. La actuaci\u00f3n del MINJUS, por tanto, no se limitar\u00eda a una funci\u00f3n registral, sino que incidir\u00eda directamente en qui\u00e9n debe ejercer la m\u00e1xima autoridad de una organizaci\u00f3n y en el resultado de sus propios procedimientos internos.<\/p>\n\n\n\n

El 7 de agosto, ante la citaci\u00f3n, masones se concentraron <\/a>en la sede del Supremo Consejo de Cuba, en La Habana, y manifestaron que solo reconocen a Jos\u00e9 Ram\u00f3n Vi\u00f1as Alonso como Soberano Gran Comendador<\/strong>. El episodio constituye un nuevo cap\u00edtulo de un conflicto que se arrastra desde 2025 y que ha enfrentado a buena parte de la masoner\u00eda cubana con las autoridades estatales.<\/p>\n\n\n\n

El gobierno cubano ha negado que exista intervenci\u00f3n estatal en la masoner\u00eda. En julio de 2025, el ministro de Justicia, \u00d3scar Manuel Silveira Mart\u00ednez<\/strong>, afirm\u00f3 en televisi\u00f3n nacional que era “falso, tendencioso y malintencionado” atribuir al MINJUS una interferencia en la instituci\u00f3n mas\u00f3nica. Tambi\u00e9n sostuvo que el Ministerio manten\u00eda una relaci\u00f3n de respeto con las asociaciones.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, el problema est\u00e1 precisamente en las facultades que la propia legislaci\u00f3n cubana concede al Estado.<\/p>\n\n\n\n

The Ley No. 54 de 1985<\/a>, Ley de Asociaciones<\/strong>, establece un r\u00e9gimen en el que el Ministerio de Justicia no funciona \u00fanicamente como una oficina administrativa encargada de llevar un registro. La norma le atribuye una funci\u00f3n rectora sobre el sistema asociativo y establece mecanismos de inscripci\u00f3n, supervisi\u00f3n, inspecci\u00f3n y sanci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El propio ministro Silveira record\u00f3 en su intervenci\u00f3n televisiva que el MINJUS tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la normativa asociativa. Esa potestad adquiere especial relevancia cuando el Ministerio interviene en controversias sobre la elecci\u00f3n o legitimidad de los dirigentes de una organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Un an\u00e1lisis publicado por Cubalex en julio de 2025 ya advert\u00eda que el conflicto de la masoner\u00eda evidenciaba c\u00f3mo el Estado pod\u00eda utilizar ese marco jur\u00eddico para condicionar la autonom\u00eda de las asociaciones.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Una ley que somete la existencia de las asociaciones a autorizaci\u00f3n estatal<\/h3>\n\n\n\n

La Ley 54 establece un modelo de autorizaci\u00f3n previa<\/strong>: una organizaci\u00f3n no puede simplemente constituirse y comenzar a funcionar por voluntad de sus integrantes. Su reconocimiento jur\u00eddico depende de la inscripci\u00f3n ante el Registro de Asociaciones y de la aprobaci\u00f3n correspondiente.<\/p>\n\n\n\n

Esto coloca al Estado en una posici\u00f3n de poder frente a cualquier grupo que pretenda organizarse de manera independiente.<\/p>\n\n\n\n

El problema se vuelve a\u00fan m\u00e1s evidente cuando la normativa permite al MINJUS negar la inscripci\u00f3n sobre la base de criterios como la existencia de otra organizaci\u00f3n con objetivos o denominaci\u00f3n similares. El inciso d) del art\u00edculo 8 del Reglamento de la Ley 54<\/strong> establece precisamente ese criterio de exclusividad.<\/p>\n\n\n\n

Desde una perspectiva de derechos humanos, una regulaci\u00f3n de este tipo deber\u00eda estar sometida a criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad. El art\u00edculo 22 del International Covenant on Civil and Political Rights<\/a> (PIDCP)<\/strong> reconoce el derecho de toda persona a asociarse libremente y permite restricciones \u00fanicamente cuando est\u00e9n previstas por ley y sean necesarias en una sociedad democr\u00e1tica para fines leg\u00edtimos.<\/p>\n\n\n\n

El problema del modelo cubano es que el Estado no solo determina las condiciones para que una asociaci\u00f3n exista legalmente, sino que conserva herramientas para supervisar su funcionamiento una vez constituida<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Del registro a la vigilancia<\/h3>\n\n\n\n

El Reglamento de la Ley 54, aprobado mediante la Resoluci\u00f3n 53\/1986, establece obligaciones que permiten al Estado conocer detalles de la estructura y funcionamiento de las asociaciones.<\/p>\n\n\n\n

Entre ellas est\u00e1 la obligaci\u00f3n de llevar un Register of Associates<\/strong> con informaci\u00f3n como nombres y apellidos, n\u00famero de carn\u00e9 de identidad, ciudadan\u00eda, nacionalidad, profesi\u00f3n y domicilio. Los libros y documentos de las organizaciones deben permanecer disponibles para las autoridades durante las inspecciones.<\/p>\n\n\n\n

Esto tiene una consecuencia que va mucho m\u00e1s all\u00e1 de la simple transparencia administrativa: el Estado obtiene informaci\u00f3n detallada sobre qui\u00e9nes pertenecen a cada organizaci\u00f3n, d\u00f3nde viven y cu\u00e1l es su estructura interna<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El reglamento tambi\u00e9n contempla mecanismos de intercambio de informaci\u00f3n entre las asociaciones y los \u00f3rganos estatales con los que mantienen relaciones, as\u00ed como inspecciones sobre su funcionamiento.<\/p>\n\n\n\n

En un Estado democr\u00e1tico, la fiscalizaci\u00f3n de una organizaci\u00f3n puede ser leg\u00edtima en determinadas circunstancias \u2014por ejemplo, para garantizar el cumplimiento de obligaciones financieras o prevenir delitos\u2014, pero debe estar limitada por la ley, ser necesaria y respetar la autonom\u00eda de la asociaci\u00f3n. Una supervisi\u00f3n permanente y discrecional puede convertirse, en cambio, en un mecanismo de vigilancia preventiva.<\/p>\n\n\n\n

Cuando el Estado decide qui\u00e9n puede dirigir una asociaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

El conflicto de la masoner\u00eda muestra el problema con especial claridad.<\/p>\n\n\n\n

La disputa comenz\u00f3 a hacerse visible en 2025 cuando los masones intentaron resolver internamente sus diferencias y renovar autoridades. Cubalex document\u00f3 entonces que el Registro de Asociaciones del MINJUS se neg\u00f3 a reconocer determinados resultados internos<\/strong>, mientras la Seguridad del Estado citaba y deten\u00eda a dirigentes mas\u00f3nicos.<\/p>\n\n\n\n

En junio de 2026, adem\u00e1s, la Corte Suprema de Justicia Mas\u00f3nica expuls\u00f3 a ocho miembros acusados de diversas infracciones contra la fraternidad. Entre ellos se encontraban figuras relacionadas con la direcci\u00f3n anterior de la organizaci\u00f3n. La decisi\u00f3n fue presentada por masones como un intento de recuperar la autonom\u00eda de la instituci\u00f3n despu\u00e9s de a\u00f1os de conflictos internos.<\/p>\n\n\n\n

Ahora, la presentaci\u00f3n de una funcionaria del MINJUS en la vivienda del Soberano Gran Comendador y la exigencia de entregar el Supremo Consejo a un “interino” que, seg\u00fan la informaci\u00f3n recibida por Cubalex, hab\u00eda sido expulsado por la propia organizaci\u00f3n, lleva la controversia a otro nivel.<\/p>\n\n\n\n

No se trata ya solamente de registrar una asociaci\u00f3n o verificar el cumplimiento de sus estatutos: se trata de qui\u00e9n tiene autoridad para dirigirla.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cuando el Estado puede desconocer a la persona elegida conforme a las normas internas y promover o imponer a otra, la autonom\u00eda asociativa queda vaciada de contenido.<\/p>\n\n\n\n

Los acontecimientos actuales no son aislados. En 2025, el MINJUS se neg\u00f3 a inscribir al dirigente elegido por la masoner\u00eda y c\u00f3mo, paralelamente, la Seguridad del Estado rode\u00f3 instalaciones mas\u00f3nicas, cit\u00f3 a dirigentes y ejerci\u00f3 presi\u00f3n sobre quienes cuestionaban la intervenci\u00f3n estatal.<\/p>\n\n\n\n

La organizaci\u00f3n tambi\u00e9n document\u00f3 entonces el caso de Jos\u00e9 Ram\u00f3n Vi\u00f1as Alonso<\/strong>, quien se convirti\u00f3 en una figura inc\u00f3moda para el Gobierno despu\u00e9s de condenar p\u00fablicamente la represi\u00f3n de las protestas del 11 de julio de 2021.<\/p>\n\n\n\n

En 2025, Vi\u00f1as Alonso fue objeto de interrogatorios y posteriormente de un proceso por supuesto “tr\u00e1fico de divisas”. Medios independientes tambi\u00e9n reportaron una campa\u00f1a destinada a desacreditarlo y apartarlo de la direcci\u00f3n mas\u00f3nica.<\/p>\n\n\n\n

Estos antecedentes permiten observar el conflicto actual no como un episodio administrativo aislado, sino como parte de una secuencia de presiones sobre una organizaci\u00f3n que ha intentado preservar espacios de autonom\u00eda frente al poder pol\u00edtico<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La contradicci\u00f3n con la anunciada apertura econ\u00f3mica<\/h3>\n\n\n\n

La intervenci\u00f3n estatal en la masoner\u00eda tambi\u00e9n contrasta con el discurso econ\u00f3mico que La Habana ha desplegado desde junio.<\/p>\n\n\n\n

El gobierno anunci\u00f3 entonces un paquete de 176 reformas econ\u00f3micas <\/a><\/strong>que, seg\u00fan la propia informaci\u00f3n oficial, contempla ampliar la participaci\u00f3n privada, reducir actividades prohibidas para actores no estatales, permitir nuevas formas societarias, conceder mayor autonom\u00eda a empresas y abrir espacios para la banca privada y la inversi\u00f3n extranjera.<\/p>\n\n\n\n

D\u00edaz-Canel present\u00f3 esos cambios como una respuesta a las “exigencias de los tiempos actuales”, con la intenci\u00f3n de descentralizar y dinamizar la econom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Pero una econom\u00eda no puede considerarse realmente abierta si el Estado mantiene control discrecional sobre la organizaci\u00f3n independiente de la sociedad<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La apertura econ\u00f3mica anunciada puede ampliar el espacio para determinadas actividades privadas, pero mientras el gobierno conserve la capacidad de decidir qu\u00e9 asociaciones pueden existir, qui\u00e9nes pueden dirigirlas y qu\u00e9 informaci\u00f3n deben entregar sobre sus miembros, la apertura seguir\u00e1 limitada a aquellos \u00e1mbitos que el poder considere compatibles con sus intereses.<\/p>\n\n\n\n

El problema no es solo la masoner\u00eda<\/h3>\n\n\n\n

El caso mas\u00f3nico resulta especialmente ilustrativo porque se trata de una organizaci\u00f3n hist\u00f3rica, con estatutos y estructuras propias anteriores a la legislaci\u00f3n vigente.<\/p>\n\n\n\n

Pero el problema que revela afecta potencialmente a todo el tejido asociativo cubano<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La Ley 54 y su reglamento establecen un sistema en el que la legalidad de una asociaci\u00f3n depende del reconocimiento estatal y en el que, una vez inscrita, su actividad queda sometida a diferentes formas de supervisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

A ello se suma la criminalizaci\u00f3n de determinadas formas de organizaci\u00f3n no registrada. El Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha expresado preocupaci\u00f3n por las restricciones desproporcionadas a la libertad de asociaci\u00f3n y por la criminalizaci\u00f3n de las actividades de asociaciones no registradas en contextos comparables de regulaci\u00f3n estatal.<\/p>\n\n\n\n

El resultado es un efecto inhibidor<\/strong>: grupos y ciudadanos pueden abstenerse de crear organizaciones independientes no porque carezcan de voluntad para hacerlo, sino porque conocen las consecuencias que puede tener funcionar fuera de los canales autorizados por el Estado.<\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 22 del PIDCP protege la libertad de asociaci\u00f3n y establece que las restricciones deben ser necesarias en una sociedad democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

La cuesti\u00f3n fundamental, por tanto, no es si el Estado cubano tiene alguna facultad para registrar asociaciones o verificar que estas cumplan la ley. La cuesti\u00f3n es si esas facultades pueden utilizarse para sustituir las decisiones de los propios miembros, seleccionar dirigentes, inspeccionar de forma permanente la vida interna de las organizaciones o utilizar los datos de sus integrantes como mecanismo de vigilancia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La respuesta desde los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos es clara: la regulaci\u00f3n administrativa no puede convertirse en una autorizaci\u00f3n para intervenir arbitrariamente en la autonom\u00eda de las asociaciones.<\/p>\n\n\n\n

El caso de la masoner\u00eda cubana muestra precisamente esa frontera.<\/p>\n\n\n\n

La organizaci\u00f3n intenta resolver sus controversias mediante sus propios mecanismos internos. El Estado, en cambio, invoca su potestad registral para determinar qu\u00e9 decisiones reconoce y cu\u00e1les no.<\/p>\n\n\n\n

Cuando esa potestad llega al punto de designar un “interino” para sustituir a la autoridad que la organizaci\u00f3n reconoce y que, seg\u00fan las denuncias recibidas, hab\u00eda sido expulsado por la propia estructura mas\u00f3nica<\/strong>, la Ley de Asociaciones deja de operar como una norma administrativa y se convierte en un instrumento de control pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n

El problema no es que exista una Ley de Asociaciones. El problema es que el Estado utilice esa ley para decidir qui\u00e9n puede asociarse, c\u00f3mo debe organizarse y qui\u00e9n puede hablar en nombre de una asociaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cubalex considera que estos hechos deben ser observados como parte de un patr\u00f3n m\u00e1s amplio de restricciones a la libertad de asociaci\u00f3n en Cuba. La autonom\u00eda de las organizaciones civiles no puede depender de la voluntad de un ministerio ni de su afinidad con las autoridades. Una sociedad civil verdaderamente independiente requiere que las asociaciones puedan elegir, sustituir y organizar a sus dirigentes sin intervenci\u00f3n estatal.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El caso de la masoner\u00eda vuelve a demostrar que, mientras el Gobierno anuncia una apertura econ\u00f3mica y nuevas oportunidades para el sector privado, el espacio c\u00edvico contin\u00faa sometido a mecanismos de vigilancia, autorizaci\u00f3n e injerencia incompatibles con el ejercicio pleno de la libertad de asociaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El conflicto que atraviesa actualmente a la masoner\u00eda cubana vuelve a poner bajo escrutinio una cuesti\u00f3n que trasciende las disputas internas de esa organizaci\u00f3n: hasta d\u00f3nde puede llegar el Estado en la regulaci\u00f3n de una asociaci\u00f3n y cu\u00e1ndo esa regulaci\u00f3n se convierte en injerencia y control sobre su autonom\u00eda.<\/p>","protected":false},"featured_media":23892,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_wpcom_ai_launchpad_first_post":false,"_jetpack_hide_featured_image":false,"_jetpack_featured_image_duplicate_dismissed":0,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[551856634],"tags":[31684,34097768,139553],"class_list":["post-23888","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis-legal","tag-derechos-humanos","tag-estado-cubano","tag-leyes"],"featured_image_src":"https:\/\/i0.wp.com\/cubalex.org\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/masoneria-cubana.jpg?fit=1200%2C560&ssl=1","acf":{"translation_reviewed":false},"yoast_head":"\nLa Ley de Asociaciones como herramienta de control estatal en Cuba: el caso de la masoner\u00eda - 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