{"id":30185,"date":"2026-11-05T08:26:00","date_gmt":"2026-11-05T13:26:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cubalex.org\/?p=30185"},"modified":"2026-11-06T15:27:55","modified_gmt":"2026-11-06T20:27:55","slug":"redada-en-san-miguel-del-padron-nadie-es-ilegal-en-su-propio-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cubalex.org\/en\/2026\/11\/05\/redada-en-san-miguel-del-padron-nadie-es-ilegal-en-su-propio-pais\/","title":{"rendered":"Raid in San Miguel del Padr\u00f3n: no one is illegal in their own country"},"content":{"rendered":"
\n

Summary<\/p>\n

El Decreto 217 de 1997, que restringe la residencia en La Habana de personas procedentes de otras provincias, convierte un derecho constitucional en una autorizaci\u00f3n administrativa y facilita pr\u00e1cticas discriminatorias y detenciones arbitrarias.<\/p>\n

El operativo vulnera derechos reconocidos en la Constituci\u00f3n cubana y est\u00e1ndares internacionales, incluidos la libertad de circulaci\u00f3n y residencia, la inviolabilidad del domicilio, la igualdad ante la ley, la presunci\u00f3n de inocencia y el debido proceso.<\/p>\n

Cubalex denuncia que estas redadas afectan desproporcionadamente a personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y exige informaci\u00f3n sobre los 71 conducidos, el cese de la estigmatizaci\u00f3n p\u00fablica y la derogaci\u00f3n del Decreto 217 de 1997.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

A operativo policial<\/a> realizado el pasado 30 de octubre en el municipio habanero de San Miguel del Padr\u00f3n, en el que 71 personas fueron conducidas a la estaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional Revolucionaria (PNR), no es un hecho aislado. En realidad, forma parte del mismo patr\u00f3n restrictivo de los derechos humanos que Cubalex ha documentado anteriormente. Este se sostiene en un andamiaje legal dise\u00f1ado para restringir la libertad de movimiento de los ciudadanos cubanos dentro de su propio pa\u00eds. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mientras contra opositores, activistas y periodistas independientes estas normas se aplican de forma selectiva y con fines de control pol\u00edtico, en operativos como este se aplican de manera masiva contra personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, a quienes se presenta como delincuentes por el solo hecho de residir en La Habana sin autorizaci\u00f3n oficial. La publicaci\u00f3n oficialista no detalla cu\u00e1ntas personas del total de detenidos eran “indocumentados o ilegales”, sin embargo, lo menciona como una de las causas del arresto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Lo que revela la publicaci\u00f3n oficial: una detenci\u00f3n masiva anunciada como trofeo<\/h3>\n\n\n\n

La informaci\u00f3n sobre el operativo proviene de las propias autoridades. El perfil de Facebook “H\u00e9roes de azul en Cuba<\/a>“, que se identifica con la PNR, anunci\u00f3 que en una acci\u00f3n conjunta entre el Ministerio del Interior (MININT) y la polic\u00eda, efectuada “en todos los Consejos Populares” del municipio, los agentes “tocaron puerta” y condujeron a 71 personas a la unidad policial. La publicaci\u00f3n agrupa a los conducidos en categor\u00edas muy distintas entre s\u00ed: <\/strong>personas “indocumentadas e ilegales en la capital con conducta desajustada”, deudores de multas, tenencia de drogas, alteraci\u00f3n del orden, ejercicio de la prostituci\u00f3n, tenencia de armas blancas, actividad econ\u00f3mica il\u00edcita y autores de hechos delictivos pendientes de detenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Al colocar en una misma lista a quienes supuestamente cometieron delitos y a quienes carecen de un permiso administrativo para vivir en La Habana, las autoridades equiparan la migraci\u00f3n interna con la criminalidad.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Hasta hoy no se conoce cu\u00e1nto tiempo permanecieron detenidas estas personas, si se les comunicaron los motivos de su detenci\u00f3n, si tuvieron acceso a un abogado o a sus familiares, si se ingres\u00f3 en viviendas con orden de autoridad competente, ni si a alguna de ellas se le impuso una multa o la obligaci\u00f3n de regresar a su provincia. Tampoco se conoce cu\u00e1ntas personas corresponden a cada categor\u00eda. Estas omisiones impiden saber el alcance real de la afectaci\u00f3n, pero lo admitido por las propias autoridades basta para identificar graves incompatibilidades con los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

El marco legal nacional: nadie es “ilegal” en su propio pa\u00eds<\/h3>\n\n\n\n

La categor\u00eda de personas “indocumentadas e ilegales en la capital” tiene su origen en el Decree no. 217 of 1997<\/a>, Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana. Esta disposici\u00f3n exige que cualquier persona de otra provincia obtenga un permiso administrativo antes de domiciliarse en la capital, impone requisitos de vivienda que se aplican de forma discrecional y establece la obligaci\u00f3n de retornar de inmediato al lugar de origen, junto con sanciones pecuniarias, para quienes residan en La Habana sin reconocimiento oficial. Es decir, la norma convierte un derecho en una concesi\u00f3n del Estado y la ausencia de un tr\u00e1mite en una causa de persecuci\u00f3n policial. <\/p>\n\n\n\n

LEE TAMBI\u00c9N: Deportaci\u00f3n interna y criminalizaci\u00f3n del derecho a la residencia en Cuba<\/a><\/p>\n\n\n\n

Este entramado legal contraviene lo dispuesto en el Article 52<\/a> de la Constituci\u00f3n de 2019, en el cual se reconoce que las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia. Tambi\u00e9n vulnera el art\u00edculo 42 constitucional, que consagra la igualdad ante la ley y proh\u00edbe la discriminaci\u00f3n por origen nacional o territorial, entre otras condiciones. En la pr\u00e1ctica, el operativo afecta de manera desproporcionada a personas provenientes de otras provincias y a sectores empobrecidos, como quienes no pueden pagar multas o sobreviven mediante actividades econ\u00f3micas no autorizadas.<\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, la modalidad de “tocar puerta” en todos los Consejos Populares de un municipio supone una injerencia masiva en el \u00e1mbito domiciliario, protegido por el art\u00edculo 49 de la Constituci\u00f3n, que reconoce la inviolabilidad del domicilio. A ello se a\u00f1ade el uso de la expresi\u00f3n “conducta desajustada”, un concepto jur\u00eddicamente indeterminado que no describe ninguna conducta concreta prohibida por la ley y que deja en manos de los agentes la decisi\u00f3n de a qui\u00e9n detener. Finalmente, la exhibici\u00f3n p\u00fablica de las personas conducidas como culpables desconoce la presunci\u00f3n de inocencia y el derecho al debido proceso reconocidos en los art\u00edculos 94 y 95 constitucionales.<\/p>\n\n\n\n

Violation of international standards<\/h3>\n\n\n\n

este operativo no solo viola la Constituci\u00f3n cubana. Tambi\u00e9n vulnera international standards<\/a> de derechos humanos. En el art\u00edculo 13 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos se proclama que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”. En el \u00e1mbito interamericano, la Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplica a Cuba como Estado miembro de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos, reconoce en su art\u00edculo VIII el derecho de fijar residencia y transitar libremente dentro del territorio nacional, y en su art\u00edculo IX la inviolabilidad del domicilio.<\/p>\n\n\n\n

In it International Covenant on Civil and Political Rights<\/a> (PIDCP) se establece en su art\u00edculo 12 que “toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendr\u00e1 derecho a circular libremente por \u00e9l y a escoger libremente en \u00e9l su residencia”. El Comit\u00e9 de Derechos Humanos de la ONU, en su Observaci\u00f3n General no. 27<\/a>, precis\u00f3 que los nacionales de un Estado siempre se encuentran legalmente dentro de su territorio y que el disfrute de este derecho no debe depender de ning\u00fan objetivo o motivo en particular de la persona. Desde esta perspectiva, calificar como “ilegal” a un cubano por vivir en La Habana carece de todo fundamento en el derecho internacional.<\/p>\n\n\n\n

La conducci\u00f3n masiva de personas por motivos administrativos tambi\u00e9n es incompatible con la prohibici\u00f3n de la detenci\u00f3n arbitraria. Seg\u00fan la Observaci\u00f3n General no. 35<\/a> del Comit\u00e9 de Derechos Humanos, la privaci\u00f3n de libertad debe ser legal, necesaria y proporcional en cada caso concreto, y la arbitrariedad incluye elementos de injusticia, imprevisibilidad y falta de las debidas garant\u00edas. Detener a una persona por no tener un permiso de residencia o adeudar una multa no supera este examen. Asimismo, la Observaci\u00f3n General no. 32<\/a>, emitida tambi\u00e9n por el mencionado comit\u00e9 y cuyo contenido se relaciona con el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales, establece que las autoridades p\u00fablicas deben abstenerse de prejuzgar el resultado de un proceso, lo que se contradice con mensajes oficiales que presentan a los conducidos como culpables.<\/p>\n\n\n\n

En el caso de las mujeres conducidas por el “ejercicio de la prostituci\u00f3n”, la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de Todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer (CEDAW), ratificada<\/a> por Cuba, obliga al Estado a protegerlas de la explotaci\u00f3n, no a exponerlas p\u00fablicamente ni a tratarlas como delincuentes. Finalmente, a las personas migrantes internas afectadas por este operativo les son aplicables las consideraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos contenidas en los Principios y directrices pr\u00e1cticas sobre la protecci\u00f3n de los derechos humanos de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad<\/em><\/a>, que reconocen que estas personas corren un mayor riesgo de sufrir violaciones y abusos y que, por consiguiente, deben recibir una mayor protecci\u00f3n de los Estados.<\/p>\n\n\n\n

El operativo en San Miguel del Padr\u00f3n muestra la otra cara del mismo mecanismo que hoy amenaza a opositores como Day\u00e1n Meli\u00e1n Castro.<\/a><\/strong> Por un lado, el Decreto no. 217 se utiliza de forma selectiva para expulsar de la capital a voces cr\u00edticas. Por otro, se aplica de manera masiva contra poblaci\u00f3n vulnerable, lo que normaliza la deportaci\u00f3n interna y le otorga una apariencia de legitimidad ante la sociedad. En ambos casos, el Estado cubano convierte el lugar de nacimiento en una condici\u00f3n para el ejercicio de derechos <\/strong>y utiliza la coacci\u00f3n policial para hacer cumplir restricciones incompatibles con su propia Constituci\u00f3n y con los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n\n\n\n

Desde Cubalex, denunciamos que estas redadas son represivas, discriminatorias e incompatibles con las obligaciones internacionales de respeto y garant\u00eda de los derechos humanos. Exigimos a las autoridades cubanas que informen sobre la situaci\u00f3n de las personas conducidas y sobre el cumplimiento de las garant\u00edas del debido proceso en sus casos, que cesen la estigmatizaci\u00f3n p\u00fablica de personas que no han sido juzgadas y que deroguen el Decreto no. 217, de manera que ning\u00fan cubano sea tratado como ilegal en su propio pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

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Un operativo policial realizado el pasado 30 de octubre en el municipio habanero de San Miguel del Padr\u00f3n, en el que 71 personas fueron conducidas a la estaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional Revolucionaria (PNR), no es un hecho aislado. En realidad, forma parte del mismo patr\u00f3n restrictivo de los derechos humanos que Cubalex ha documentado anteriormente. 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