Por: Lic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo (Abogado de Cubalex) <\/p>\n\n\n\n
Desafortunadamente, en el contexto jur\u00eddico cubano no existe un Tribunal\nConstitucional o, si prefieren llamarle, de garant\u00edas constitucionales. Al\nigual que muchos juristas, no juristas y tambi\u00e9n diputados, esperaba un cambio.\nConfiaba, junto a otros colegas en la tradici\u00f3n constitucionalista nacional y\nen especial en el hito marcado por la Carta Magna de 1940, reconocida como la m\u00e1s\navanzada de Am\u00e9rica Latina para su \u00e9poca; sin embargo, no aconteci\u00f3 as\u00ed. Todos:\nquienes votaron s\u00ed y quienes votaron no, contin\u00faan sin garant\u00edas\nconstitucionales.<\/p>\n\n\n\n
El nuevo texto, en vigor desde el 10 de abril de 2019, necesita para su\nimplementaci\u00f3n leyes de desarrollo, las cuales a\u00fan no se han dispuesto y los\ntiempos para hacerlo son diversos. Este vac\u00edo da lugar a lo que muchos han\nllamado \u201claguna legislativa<\/em>\u201d o \u201climbo jur\u00eddico<\/em>\u201d, que no es otra cosa\nque el tiempo de paralizaci\u00f3n del sistema jurisdiccional en espera de que sean\npromulgadas las leyes. Hasta hoy, la Carta Magna no pasa de ser una proclama\nsin aplicaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n En resumen, los cubanos debemos aguardar seis meses por la nueva Ley\nElectoral que regular\u00e1 la elecci\u00f3n de los diputados a la Asamblea Nacional, su\nPresidente, Vicepresidente y Secretario; adem\u00e1s del Consejo de Estado, el\nPresidente y Vicepresidente de la Rep\u00fablica. La espera ser\u00e1 a\u00fan m\u00e1s dilatada\npara otros procesos. Por ejemplo: los reglamentos de la Asamblea Nacional demorar\u00e1n\nun a\u00f1o, y dos esperaremos por los del Consejo de Ministros, los gobiernos\nprovinciales y municipales, y de sus consejos de la administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Dieciocho meses distan para que promulgue la Ley de los Tribunales\nPopulares, las modificaciones a las Leyes de Procedimientos penal, civil, administrativo,\nlaboral y econ\u00f3mico; as\u00ed como las modificaciones legislativas que se requieran\npara hacer efectivo el art\u00edculo 99 de la nueva Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En cuanto al proyecto de C\u00f3digo\nde Familia, que es la ventana que a\u00fan queda a un posible matrimonio\nigualitario, faltan 24 meses para el inicio del proceso de consulta popular y\nreferendo al respecto.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl m\u00e1s acabado y avanzado de los textos constitucionales cubanos\u201d, como\nha calificado a la nueva Constituci\u00f3n el Secretario del Consejo de Estado,\nHomero Acosta \u00c1lvarez, ser\u00e1 aplicable a pedazos, pues necesita, seg\u00fan el propio\nHomero no menos de 50 leyes de desarrollo. Y realmente cuesta ser optimista <\/p>\n\n\n\n Las leyes de desarrollo que respaldaban la Constituci\u00f3n de 1976 no dejan\nun recuerdo grato. Pensemos en la Ley de Migraci\u00f3n (condicion\u00f3 el derecho a salir del pa\u00eds a un permiso de salida, carta\nblanca, otorgado por el Ministerio del Interior<\/em>), o la de Asociaciones y su\nReglamento, (hicieron depender el derecho\nde asociaci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n previa del Ministro de Justicia<\/em>).<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n pueden enumerarse otras\nleyes de desarrollo igual de fatales, entre ellas el Decreto-Ley 149 (vulner\u00f3 el derecho a la propiedad personal\nconsagrado en el art\u00edculo 21 de dicha Constituci\u00f3n<\/em>). Por otra parte el Decreto\nNo. 217 de 1997 (estableci\u00f3 a los\nciudadanos cubanos de otras provincias un sin n\u00famero de requisitos legales para\nresidir de manera permanente en La Habana,<\/em>)<\/p>\n\n\n\n Si una conclusi\u00f3n transmiten las leyes de desarrollo es que son armas de\ndoble filo que coactaron y restringieron derechos proclamados en ese texto\nconstitucional, haci\u00e9ndolos no ejercitables por los ciudadanos. <\/p>\n\n\n\n \u00bfAcontecer\u00e1 de igual modo en esta oportunidad? En mi opini\u00f3n: s\u00ed. Debemos\nestar muy atentos los cubanos a esas leyes de desarrollo pues ser\u00e1n promulgadas\nsin previa consulta popular, por lo que no les ser\u00e1 posible incidir en su\ncontenido a pesar de la tan cacareada democracia.<\/p>\n\n\n\n Recordemos que el art\u00edculo 26 de la antigua Carta Magna reconoc\u00eda el\nderecho de toda persona que sufriere da\u00f1o o perjuicio causado indebidamente por\nfuncionarios o agentes. Luego este derecho fue restringido en el apartado 2 del\nart\u00edculo 96 del C\u00f3digo Civil y subordinando su ejercicio y materializaci\u00f3n a la\ndeclaraci\u00f3n de ilicitud en los actos por la autoridad estatal superior\ncorrespondiente. Es decir, si no es de inter\u00e9s de esa autoridad estatal\nsuperior, no hay reparaci\u00f3n, mucho menos indemnizaci\u00f3n ni derecho\nconstitucional que valga.<\/p>\n\n\n\n Tal derecho, con id\u00e9ntica formulaci\u00f3n est\u00e1 previsto en el art\u00edculo 98 de\nla nueva Ley de Leyes. Ahora queda por ver si la normativa que ha de\ndesarrollar este precepto constitucional, d\u00edgase C\u00f3digo Civil, establecer\u00e1 un mandato\nlegal de menor jerarqu\u00eda jur\u00eddica, coartando el derecho a la reparaci\u00f3n e indemnizaci\u00f3n\n por \nda\u00f1os o perjuicios causados indebidamente por autoridades estatales. <\/p>\n\n\n\n Si la nueva Carta Magna hubiera concebido el Tribunal de Garant\u00edas\nConstitucionales u otro \u00f3rgano de naturaleza similar con la autoridad y\njerarqu\u00eda requerida para proteger la Constituci\u00f3n, aquellas personas a las que\nles sean vulnerados sus derechos, tendr\u00edan un \u00f3rgano al cual acudir para defender\nla constitucionalidad. Ese \u00f3rgano ser\u00eda un muro de contenci\u00f3n a las\narbitrariedades.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Si una conclusi\u00f3n transmiten las leyes de desarrollo es que son armas de doble filo que coartaron y restringieron derechos proclamados en el pasado texto constitucional, haci\u00e9ndolos no ejercitables por los ciudadanos. 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