Por: Julio Alfredo Ferrer Tamayo<\/p>\n\n\n\n
He se\u00f1alado de manera reiterada que la no existe de un Tribunal Constitucional o de Garant\u00edas Constitucionales constituye una nefasta ausencia en el contexto jur\u00eddico cubano. Haciendo uso de \u201csu visi\u00f3n de futuro habitual\u201d los redactores del proyecto de Constituci\u00f3n desestimaron este \u00f3rgano que tanto necesita la naci\u00f3n y que queda amparado en el Derecho Procesal Constitucional. Hagamos la anotaci\u00f3n que esta es la rama del derecho que se encarga del estudio de las v\u00edas procesales que permiten la protecci\u00f3n de la supremac\u00eda constitucional y de los derechos fundamentales de los ciudadanos contenidos en la Constituci\u00f3n. Su ausencia permite el estado de impunidad de gozan las autoridades y funcionarios estatales.<\/p>\n\n\n\n
El Decreto No. 14 ” De las Infracciones contra la Higiene Comunal y las medidas sanitarias para la etapa de enfrentamiento a la Covid-19 en la provincia de La Habana”, dictado por el Consejo de Ministros el 28 de agosto de 2020, es la materializaci\u00f3n de ese Estado de Impunidad y de la Indisciplina Legislativa que contin\u00faa caracterizando el actuar tanto de los \u00f3rganos de Estado y gobierno, como de las autoridades y funcionarios estatales.<\/p>\n\n\n\n
Para constar tal aseveraci\u00f3n, basta con analizar el mencionado Decreto No. 14, a trav\u00e9s de la lupa de otras disposiciones normativas de superior jerarqu\u00eda, que, a mi modesto modo de ver, han sido inobservadas por el Consejo de Ministros al momento de pronunciar dicho Decreto.<\/p>\n\n\n\n
Para demostrar la anterior aseveraci\u00f3n, analizar\u00e9 varias normas cubanas:<\/p>\n\n\n\n
Empecemos por la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica, vigente desde el 10 de abril de 2019. En su art\u00edculo 9 expresa la obligaci\u00f3n de: “Cumplir estrictamente la legalidad socialista es una obligaci\u00f3n de todos. Los \u00f3rganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, adem\u00e1s, velan por su respeto en la vida de toda la sociedad y actuar dentro de los l\u00edmites de sus respectivas competencias.”<\/p>\n\n\n\n
La vulneraci\u00f3n por el Decreto N. 14 de tal mandato constitucional, es f\u00e1cilmente apreciable en su art\u00edculo 9. 3., cito: ” Transcurrido los treinta (30) d\u00edas naturales posteriores a la duplicaci\u00f3n de la multa, de no realizarse el pago, no procede la aplicaci\u00f3n de la v\u00eda de apremio administrativa y la autoridad facultada formula la correspondiente denuncia para dar inicio al proceso penal.”<\/p>\n\n\n\n
Precepto, este, que quebranta de manera inobjetable la aplicaci\u00f3n de la v\u00eda de apremio para el cobro de las multas contravencionales, que consiste en que la oficina de cobros, a los efectos del cobro de las multas embargue:<\/p>\n\n\n\n
a) el sueldo, salario, pensi\u00f3n o cualquier otro ingreso peri\u00f3dico que perciba el obligado;<\/p>\n\n\n\n
b) en caso de no existir ingreso peri\u00f3dico alguno, su cuenta bancaria;<\/p>\n\n\n\n
c) de no existir los anteriores, cualquier bien mueble embargable de propiedad del obligado.<\/p>\n\n\n\n
Embargo que en los casos a que se refiere el inciso a) no podr\u00e1 exceder de la quinta parte del monto total de los ingresos peri\u00f3dicos, previa deducci\u00f3n de las obligaciones por pensiones alimenticias, pago de vivienda y cr\u00e9ditos bancarios.<\/p>\n\n\n\n
Sigamos analizando otra norma y c\u00f3mo el mencionado decreto la viola:<\/p>\n\n\n\n
Apremio establecido en el Cap\u00edtulo IV, Secci\u00f3n Cuarta, del Decreto-Ley No. 99 de 25 de diciembre de 1987 es disposici\u00f3n normativa de superior jerarqu\u00eda que el Decreto No. 14 de 2020. Esto constituye una indisciplina legislativa, pues una norma de superior jerarqu\u00eda, como lo es el Decreto-Ley No.99 no debe ser modificada y mucho menos quebrantada por otra norma de inferior.<\/p>\n\n\n\n
El C\u00f3digo Penal, prev\u00e9 en el art\u00edculo 170.1 el delito de Incumplimiento de las Obligaciones derivadas de la comisi\u00f3n de contravenciones, cito:” El que no cumpla las obligaciones derivadas de una resoluci\u00f3n que haya agotado sus tr\u00e1mites procesales legales, dictada por autoridad o funcionario competente, relativo a las contravenciones, incurre en privaci\u00f3n de libertad de uno a seis meses”<\/p>\n\n\n\n
Este precepto es de igual modo vulnerado por el art\u00edculo 9 del Decreto No. 14 de 2020, al establecer que no procede la aplicaci\u00f3n de la v\u00eda de apremio administrativa y la autoridad facultada formula la correspondiente denuncia para dar inicio al proceso penal.<\/p>\n\n\n\n
Lo anterior, nos lleva a cuestionar: \u00bfDe qu\u00e9 modo, los tribunales de justicia condenar\u00e1n a los que no abonen la multa en el t\u00e9rmino de los treinta d\u00edas? Si este delito precisa para su integraci\u00f3n de un elemento de tipicidad insoslayable: que se hayan agotado por la autoridad o funcionario competente los tr\u00e1mites procesales legales a ese efecto, es decir se haya agotado la v\u00eda de apremio. Por lo que podemos concluir que tal v\u00eda ha sido declarada improcedente por el Conejo de Ministros, sin ser competente para ello, al pronunciar el Decreto No. 14 de 2020.<\/p>\n\n\n\n
El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular para establecer una pr\u00e1ctica uniforme respecto al agotamiento, por la Oficina del Cobro de Multas, de los tramites procesales legales pronunci\u00f3 la Instrucci\u00f3n No.190 de 11 de febrero de 2009 de la cual cito:<\/p>\n\n\n\n
“SEGUNDO: La denuncia por posible delito de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisi\u00f3n de contravenciones, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 170 del C\u00f3digo Penal y el art\u00edculo 38 del Decreto Ley n\u00famero 99, se formular\u00e1 ante el Tribunal Municipal Popular de la demarcaci\u00f3n en que reside el acusado, que es el competente territorialmente para su conocimiento.———————————————————————————-<\/p>\n\n\n\n
TERCERO: Con la denuncia deber\u00e1 acompa\u00f1arse el expediente \u00fanico establecido para el control de la tramitaci\u00f3n por las Oficinas Municipales de Control y Cobro de Multas, que acredite debidamente que se han agotado las gestiones administrativas para el cobro de la cantidad adeudada, que no necesariamente deben comprender el procedimiento de embargo de bienes pero s\u00ed del salario cuando ello resulte posible, de acuerdo a lo previsto en el Decreto Ley 99, de fecha 25 de diciembre de 1987—————————————————————————–\u00ad\u00ad\u00ad————- <\/p>\n\n\n\n
CUARTO: Los Tribunales exigir\u00e1n que en el expediente \u00fanico consten los documentos siguientes:<\/p>\n\n\n\n
a) Modelo de diligencia de los requerimientos realizados al obligado a pagar la multa, decursado los 30 d\u00edas a partir de su imposici\u00f3n incluyendo la comunicaci\u00f3n de que se duplic\u00f3 la misma y que se iniciar\u00e1 la v\u00eda de apremio.<\/p>\n\n\n\n
b) Constancia de las acciones realizadas que acrediten que el deudor no tiene ingresos peri\u00f3dicos, ni bienes embargables, las que se adjuntar\u00e1n al expediente.<\/p>\n\n\n\n
c) Modelo de acta suscrita por el Jefe de la Oficina de Control y Cobro de Multas como constancia tanto de las infructuosas acciones realizadas para lograr el cobro de la multa como de la comunicaci\u00f3n al deudor que se proceder\u00e1 a realizar la denuncia ante el tribunal por el posible delito de incumplimiento de obligaciones derivadas de la comisi\u00f3n de contravenciones. Este documento debe ser firmado adem\u00e1s por el infractor y en caso de negarse \u00e9ste se proceder\u00e1 a consignar ese extremo.<\/p>\n\n\n\n
d) Modelo de presentaci\u00f3n de denuncia por el jefe de la oficina ante el Tribunal Municipal Popular.—————————————————————————————<\/p>\n\n\n\n
QUINTO: De no adjuntarse a la denuncia los antecedentes antes referidos o cuando de su examen previo el Tribunal advierta que no se han realizado todas las gestiones racionalmente pertinentes para la ejecuci\u00f3n de las obligaciones derivadas de la comisi\u00f3n de la correspondiente contravenci\u00f3n dictar\u00e1 resoluci\u00f3n, conforme a las disposiciones del art\u00edculo 360 de la Ley de Procedimiento Penal, devolviendo la denuncia y, en su caso, los antecedentes recibidos a la oficina de cobros, a los efectos de que, para la debida comprobaci\u00f3n del delito, practique las diligencias que correspondan, las que precisar\u00e1 adecuadamente a fin de que se agote efectivamente la v\u00eda de apremio con las formalidades legales establecidas, disponi\u00e9ndose el archivo de la copia de la resoluci\u00f3n dictada y del oficio de devoluci\u00f3n.———————————————————————————–“, fin de la cita.<\/p>\n\n\n\n
Hasta aqu\u00ed creo que resulta evidente c\u00f3mo irrespetar\u00e1n, los tribunales de justicia del pa\u00eds, las disposiciones contenidas en la Instrucci\u00f3n No. 190 de 2009, las que est\u00e1n obligados a observar. Para cumplimentar lo que mandata el Decreto No. 14 de 2020 ponen en duda y quebrantan lo que proclama la Constituci\u00f3n en el art\u00edculo 1: Cuba es un Estado de derecho y justicia social.<\/p>\n\n\n\n
La Dra. Marta Prieto Vald\u00e9s ha afirmado reiteradamente, que la Constituci\u00f3n cubana, establece derechos fundamentales para los ciudadanos, que leyes secundarias restringen, tal aseveraci\u00f3n es constatable en el caso del Decreto No. 14 de 2020.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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