{"id":27133,"date":"2026-09-18T00:11:55","date_gmt":"2026-09-18T04:11:55","guid":{"rendered":"https:\/\/cubalex.org\/?post_type=report&p=27133"},"modified":"2026-09-18T00:12:19","modified_gmt":"2026-09-18T04:12:19","slug":"muertes-bajo-custodia-en-establecimientos-penitenciarios-2024-2026","status":"publish","type":"report","link":"https:\/\/cubalex.org\/en\/report\/muertes-bajo-custodia-en-establecimientos-penitenciarios-2024-2026\/","title":{"rendered":"Muertes bajo custodia en establecimientos penitenciarios (2024\u20132026)"},"content":{"rendered":"
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Descargar PDF<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Resumen ejecutivo<\/h2>\n\n\n\n

Entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de 2026, Cubalex registr\u00f3 115 muertes bajo custodia estatal vinculadas a establecimientos penitenciarios en Cuba. El universo comprende a personas privadas de libertad por resoluci\u00f3n judicial e incluye siete casos de excarcelaci\u00f3n o licencia extrapenal in extremis<\/em>, en los que el fallecimiento ocurri\u00f3 horas o d\u00edas despu\u00e9s de la liberaci\u00f3n, cuando el proceso que condujo a la muerte, originado durante la reclusi\u00f3n, ya era irreversible.<\/p>\n\n\n\n

La negligencia o negaci\u00f3n de atenci\u00f3n m\u00e9dica constituye el mecanismo predominante, identificado en al menos 80 casos, aproximadamente el 70 % del total. Los registros describen retrasos en la asistencia, interrupciones o ausencia de tratamientos y falta de respuesta ante situaciones de riesgo conocido. Dentro de este eje destacan al menos 21 muertes atribuidas a desnutrici\u00f3n severa o inanici\u00f3n y 12 vinculadas a tuberculosis. Su recurrencia y concentraci\u00f3n en determinados establecimientos se\u00f1alan deficiencias graves en la provisi\u00f3n de alimentaci\u00f3n, la atenci\u00f3n sanitaria y la prevenci\u00f3n de riesgos colectivos, que trascienden la actuaci\u00f3n aislada de determinados funcionarios.<\/p>\n\n\n\n

El informe documenta tambi\u00e9n violencia letal atribuida a agentes penitenciarios, uso prolongado de medios de coerci\u00f3n y muertes de especial sospecha en las que las versiones oficiales de suicidio coexisten con indicios de violencia. Estos supuestos se distinguen de las muertes atribuidas al suicidio, cuyo an\u00e1lisis revela antecedentes de depresi\u00f3n desatendida, intentos previos sin seguimiento y trato degradante. Las muertes causadas por otros reclusos plantean, por su parte, interrogantes sobre la supervisi\u00f3n y la protecci\u00f3n frente a terceros. La atribuci\u00f3n del fallecimiento a una conducta autolesiva o a otro interno no excluye el examen de las acciones u omisiones estatales que pudieron contribuir al desenlace.<\/p>\n\n\n\n

Las excarcelaciones in extremis \u2014que no constituyen un mecanismo de muerte aut\u00f3nomo, sino una circunstancia transversal, pues el fallecimiento se computa seg\u00fan su causa real, mayoritariamente la omisi\u00f3n\u2014 cuestionan, junto con las denegaciones o dilaciones de licencias extrapenales durante el deterioro de la salud, la oportunidad y eficacia protectora de este mecanismo. Tambi\u00e9n puede dificultar la trazabilidad del fallecimiento y favorecer su exclusi\u00f3n de registros limitados a muertes ocurridas formalmente bajo custodia. El informe subraya que en este contexto subsiste la obligaci\u00f3n de investigar y las posibles responsabilidades por actos u omisiones anteriores.<\/p>\n\n\n\n

La distribuci\u00f3n territorial muestra una concentraci\u00f3n de casos documentados en Santiago de Cuba, La Habana y Mayabeque, que re\u00fanen m\u00e1s de la mitad del total. La repetici\u00f3n de determinados mecanismos en establecimientos espec\u00edficos permite identificar prioridades de prevenci\u00f3n e investigaci\u00f3n. A su vez, las necesidades de atenci\u00f3n de las personas con enfermedades cr\u00f3nicas, adultas mayores y con padecimientos de salud mental exigen medidas diferenciadas de protecci\u00f3n. Los casos de mujeres, personas afrodescendientes y personas encarceladas por motivos pol\u00edticos requieren un seguimiento espec\u00edfico, atento a posibles formas de discriminaci\u00f3n y violencia interseccional. <\/p>\n\n\n\n

Los hallazgos deben interpretarse considerando las limitaciones del registro: en 8 casos, la informaci\u00f3n disponible no permiti\u00f3 precisar el mecanismo de muerte. Estas limitaciones no disminuyen la gravedad de los hechos ni la necesidad de esclarecerlos. En conjunto, el informe identifica patrones recurrentes de desatenci\u00f3n, violencia y desprotecci\u00f3n cuya prevenci\u00f3n exige combinar medidas inmediatas de atenci\u00f3n sanitaria y alimentaria con investigaciones independientes, supervisi\u00f3n externa, transparencia y reparaci\u00f3n a las familias. El esclarecimiento de cada fallecimiento debe acompa\u00f1arse de cambios en las pr\u00e1cticas y condiciones institucionales que favorecen la repetici\u00f3n de estos hechos.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Introduction<\/h2>\n\n\n\n

El presente informe constituye una actualizaci\u00f3n y profundizaci\u00f3n del an\u00e1lisis realizado por Cubalex en 2024 sobre las muertes ocurridas bajo custodia del Estado cubano.1<\/a><\/sup> Aquel primer informe se propuso, desde el inicio, analizar patrones, identificar factores de riesgo y encuadrar los hechos dentro de los est\u00e1ndares internacionales aplicables a la privaci\u00f3n de libertad, el uso de la fuerza y la obligaci\u00f3n estatal de prevenir, investigar y sancionar muertes potencialmente il\u00edcitas. La actualizaci\u00f3n que ahora se presenta parte de esos hallazgos identificados y los proyecta en el tiempo, con el objetivo de profundizar en la comprensi\u00f3n de las muertes ocurridas bajo custodia estatal en Cuba en el per\u00edodo comprendido entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de 2026. En esta primera entrega, centraremos el an\u00e1lisis de las muertes vinculadas al contexto penitenciario para identificar expresiones agravadas de patrones que este informe analiza de manera diferenciada.<\/p>\n\n\n\n

En lo que respecta a nuestro marco conceptual de referencia, nos apoyamos en la definici\u00f3n de las muertes potencialmente il\u00edcitas como categor\u00eda jur\u00eddica amplia desarrollada en el derecho internacional de los derechos humanos para identificar aquellos fallecimientos en los que existe una sospecha razonable de violaci\u00f3n del derecho a la vida. De acuerdo con el Protocolo de Minnesota sobre la Investigaci\u00f3n de Muertes Potencialmente Il\u00edcitas (2016), esta categor\u00eda abarca no solo las muertes causadas directamente por agentes del Estado, sino tambi\u00e9n aquellas en las que el Estado pudo haber contribuido mediante acci\u00f3n, aquiescencia u omisi\u00f3n, incluyendo situaciones en las que incumpli\u00f3 su deber de prevenir riesgos previsibles contra la vida. El Protocolo establece que el deber de investigar se activa siempre que el Estado tenga conocimiento, o debiera haberlo tenido, de una muerte potencialmente il\u00edcita, incluso en ausencia de una denuncia formal, lo que refuerza el car\u00e1cter preventivo y garantista de esta obligaci\u00f3n internacional.2<\/a><\/sup> <\/p>\n\n\n\n

Dentro de este concepto, se ubican las muertes bajo custodia como subcategor\u00eda espec\u00edfica caracterizada por el control directo y efectivo del Estado sobre la persona fallecida. El Protocolo de Minnesota reconoce que cuando una persona muere mientras se encuentra privada de libertad o bajo la custodia de autoridades estatales se activa una presunci\u00f3n general de responsabilidad estatal. Esta presunci\u00f3n se fundamenta en el deber reforzado de garant\u00eda que recae sobre el Estado en contextos de privaci\u00f3n de libertad, donde la persona depende completamente de las autoridades para su seguridad, integridad y acceso a servicios esenciales como la atenci\u00f3n m\u00e9dica.3<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n

A los efectos de este informe, la custodia se define por el ejercicio de control efectivo del Estado sobre la vida, integridad y libertad de una persona. Esta concepci\u00f3n material y funcional encuentra respaldo en la Observaci\u00f3n General n.\u00ba 35 del Comit\u00e9 de Derechos Humanos, que comprende expresamente la hospitalizaci\u00f3n involuntaria y el traslado contra la propia voluntad; en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la relaci\u00f3n de sujeci\u00f3n especial y la posici\u00f3n de garante del Estado respecto de toda persona bajo su control, autoridad o custodia (Ximenes Lopes vs. Brasil, 2006; V\u00e9lez Loor vs. Panam\u00e1, 2010; Chinchilla Sandoval y otros vs. Guatemala, 2016); y en las Reglas M\u00ednimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), cuya regla 27 establece que el traslado a un centro sanitario externo no interrumpe el estatus de custodia ni la responsabilidad de las autoridades. En la pr\u00e1ctica, la subsistencia de la custodia se verifica mediante tres indicadores operativos: la vigilancia estatal continua o delegada; la restricci\u00f3n objetiva de la salida, incluida la imposibilidad de que la persona o su familia decidan el alta o el traslado; y la supeditaci\u00f3n del egreso o del destino a la autorizaci\u00f3n de una autoridad policial, judicial o administrativa. La concurrencia de cualquiera de estos elementos acredita custodia material, con independencia de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica que el propio Estado asigne a la situaci\u00f3n.4<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n

En este sentido, resulta jur\u00eddicamente consistente afirmar que toda muerte en custodia debe ser considerada, a primera impresi\u00f3n, como una muerte potencialmente il\u00edcita. Esto no implica que todas las muertes en custodia sean autom\u00e1ticamente il\u00edcitas, sino que, dadas las condiciones de control absoluto del Estado, existe una sospecha inicial que obliga a una investigaci\u00f3n rigurosa, independiente y efectiva. La carga de la prueba, en estos casos, se desplaza hacia el Estado, que debe demostrar que cumpli\u00f3 con sus obligaciones de protecci\u00f3n y que la muerte no fue consecuencia de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a sus agentes.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a la relaci\u00f3n con las ejecuciones extrajudiciales, estas deben entenderse como una forma agravada de muerte potencialmente il\u00edcita, caracterizada por la privaci\u00f3n de la vida como resultado de la acci\u00f3n directa de agentes del Estado \u2014o de particulares que act\u00faan con su autorizaci\u00f3n, apoyo o aquiescencia\u2014 mediante el uso de fuerza letal o potencialmente letal en violaci\u00f3n de los est\u00e1ndares legales y de derechos humanos. A diferencia de otras muertes potencialmente il\u00edcitas, que pueden derivarse de omisiones estatales, negligencia o falta de protecci\u00f3n, las ejecuciones extrajudiciales se vinculan principalmente con conductas activas que generan un riesgo previsible de muerte, tales como disparos, golpizas, asfixia, embestidas o cualquier forma de violencia incompatible con el uso leg\u00edtimo de la fuerza.<\/p>\n\n\n\n

Si bien algunas ejecuciones extrajudiciales pueden ocurrir en contextos de custodia, muchas tienen lugar fuera de estos, por ejemplo, durante operativos policiales, acciones de persecuci\u00f3n penal o control migratorio. No obstante, en contextos de privaci\u00f3n de libertad, la distinci\u00f3n entre muerte en custodia y ejecuci\u00f3n extrajudicial no siempre es excluyente, ya que una misma muerte puede reunir ambas condiciones cuando existen indicios de que agentes estatales causaron directamente la muerte mediante el uso de la fuerza. En estos casos, la calificaci\u00f3n no depende de la prueba de una intenci\u00f3n espec\u00edfica de matar \u2014lo cual suele ser inaccesible en contextos de opacidad institucional\u2014 sino de la existencia de elementos objetivos que permitan inferir que la muerte fue consecuencia de una actuaci\u00f3n estatal arbitraria, abusiva o incompatible con el deber de garant\u00eda de la vida.<\/p>\n\n\n\n

En este sentido, conforme al Protocolo de Minnesota, el an\u00e1lisis debe centrarse en si la muerte pudo haber sido causada por actos u omisiones del Estado o en violaci\u00f3n de su obligaci\u00f3n de proteger la vida, y no exclusivamente en la intenci\u00f3n subjetiva del agente. Este enfoque permite una clasificaci\u00f3n m\u00e1s adecuada en contextos donde el acceso a la informaci\u00f3n es limitado, las investigaciones carecen de independencia y existen patrones de encubrimiento. As\u00ed, la identificaci\u00f3n de una posible ejecuci\u00f3n extrajudicial puede basarse en indicios como la presencia de lesiones incompatibles con la versi\u00f3n oficial, la falta de documentaci\u00f3n, la incomunicaci\u00f3n previa de la v\u00edctima, o contradicciones en el relato estatal, sin que sea necesario acreditar plenamente la intencionalidad del agente en esta etapa.<\/p>\n\n\n\n

En consecuencia, la relaci\u00f3n entre estas categor\u00edas puede comprenderse de la manera siguiente: la muerte potencialmente il\u00edcita funciona como una categor\u00eda paraguas que engloba todas aquellas muertes respecto de las cuales existen indicios de responsabilidad estatal, ya sea por acci\u00f3n, omisi\u00f3n o incumplimiento del deber de protecci\u00f3n; la muerte en custodia se define por el contexto de control estatal sobre la persona y activa una presunci\u00f3n reforzada de responsabilidad; y la ejecuci\u00f3n extrajudicial se configura por el tipo de conducta atribuible a agentes del Estado, particularmente cuando la muerte resulta del uso de fuerza letal o potencialmente letal, o de actuaciones arbitrarias incompatibles con los est\u00e1ndares que rigen el uso de la fuerza. <\/p>\n\n\n\n

En este marco, la calificaci\u00f3n no depende exclusivamente de la prueba de una intenci\u00f3n espec\u00edfica de matar, sino de la existencia de elementos objetivos que permitan inferir que la privaci\u00f3n de la vida es consecuencia de una actuaci\u00f3n estatal abusiva o contraria a sus obligaciones internacionales. Esta distinci\u00f3n permite organizar de manera coherente el an\u00e1lisis de los casos en contextos de alta opacidad, sin perder de vista que en todos ellos subyace una obligaci\u00f3n com\u00fan del Estado: respetar, proteger y garantizar el derecho a la vida conforme a los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Principales mecanismos de muerte analizados en el contexto penitenciario<\/h2>\n\n\n\n

A los efectos de este informe, se entiende por mecanismo de muerte el proceso mediante el cual determinadas acciones, omisiones o condiciones de reclusi\u00f3n conducen o contribuyen al fallecimiento de una persona. El t\u00e9rmino se utiliza en un sentido anal\u00edtico para examinar c\u00f3mo se produjo el desenlace y qu\u00e9 relaci\u00f3n guarda con la actuaci\u00f3n de las autoridades, las condiciones de custodia y el cumplimiento de los deberes estatales de protecci\u00f3n. La clasificaci\u00f3n responde a la informaci\u00f3n disponible sobre cada caso y permite identificar patrones recurrentes, sin sustituir la investigaci\u00f3n necesaria para esclarecer las circunstancias y determinar las responsabilidades correspondientes.<\/p>\n\n\n\n

El primer mecanismo analizado es la omisi\u00f3n estructural, que comprende las muertes vinculadas a la negligencia, la negaci\u00f3n o el retraso de atenci\u00f3n m\u00e9dica, as\u00ed como a fallas estatales en la provisi\u00f3n de condiciones b\u00e1sicas de reclusi\u00f3n, especialmente alimentaci\u00f3n, agua y salubridad. Dentro de este mecanismo se distinguen cuatro subpatrones: las muertes por desnutrici\u00f3n o inanici\u00f3n; las asociadas a enfermedades transmisibles, particularmente tuberculosis; las ocurridas durante huelgas de hambre en contextos de desatenci\u00f3n del riesgo; y las vinculadas a deshidrataci\u00f3n. El elemento com\u00fan es la falta de una respuesta institucional adecuada frente a necesidades esenciales o situaciones de peligro para la vida.<\/p>\n\n\n\n

El segundo mecanismo es la acci\u00f3n directa letal, que agrupa las muertes atribuidas a la violencia estatal bajo custodia y aquellas en las que existen indicios que requieren esclarecer esa posible intervenci\u00f3n. Dentro de este eje se identifican casos clasificados como ejecuci\u00f3n extrajudicial, que comprenden golpizas con resultado de muerte y uso de fuerza letal por agentes estatales. Conforme al criterio de clasificaci\u00f3n empleado en el informe, tambi\u00e9n se incluyen casos en los que la informaci\u00f3n recabada se\u00f1ala expresamente la violencia f\u00edsica como causa del fallecimiento, aunque la identidad o condici\u00f3n del perpetrador no se encuentre plenamente confirmada. <\/p>\n\n\n\n

Dentro de la acci\u00f3n directa letal, se ubican tambi\u00e9n muertes de especial sospecha, en las que una versi\u00f3n oficial de suicidio coexiste con indicios de violencia por parte de agentes estatales, testimonios que cuestionan la versi\u00f3n oficial de suicidio o indicios de posibles actos de encubrimiento por parte de las autoridades, sin que sea posible identificar con certeza al responsable. En estos casos, su inclusi\u00f3n responde a la necesidad de examinar la posible intervenci\u00f3n de violencia estatal bajo el est\u00e1ndar reforzado de investigaci\u00f3n y la presunci\u00f3n de responsabilidad del Estado aplicables a las muertes violentas bajo custodia, conforme al Protocolo de Minnesota, sin presentar como esclarecida una autor\u00eda que permanece por determinar.<\/p>\n\n\n\n

El tercer mecanismo corresponde a la alegaci\u00f3n de suicidio bajo custodia. Comprende fallecimientos atribuidos a una conducta autolesiva respecto de los cuales no se han identificado indicios consistentes de violencia estatal directa como causa inmediata de la muerte. Esta clasificaci\u00f3n no excluye la existencia de antecedentes de maltrato, desatenci\u00f3n de la salud mental u omisiones de protecci\u00f3n que pudieran haber incrementado el riesgo suicida. <\/p>\n\n\n\n

El cuarto mecanismo es la violencia entre reclusos, que comprende las muertes causadas por otros internos. Su an\u00e1lisis no se limita a identificar al autor inmediato de la agresi\u00f3n, sino que examina el cumplimiento del deber estatal de protecci\u00f3n frente a terceros, particularmente las medidas de prevenci\u00f3n, control y supervisi\u00f3n dentro de los establecimientos penitenciarios. La intervenci\u00f3n de otro recluso no excluye, por tanto, la posible responsabilidad estatal por acciones u omisiones que hayan contribuido al desenlace.<\/p>\n\n\n\n

De forma diferenciada, el informe examina la excarcelaci\u00f3n in extremis<\/em> como una categor\u00eda transversal, que no constituye mecanismo aut\u00f3nomo de muerte. Se refiere a las excarcelaciones o licencias extrapenales concedidas cuando el proceso que condujo al fallecimiento, originado durante la reclusi\u00f3n, ya era irreversible y el deceso se produjo horas o d\u00edas despu\u00e9s. Los siete casos identificados dentro del universo de 115 muertes se contabilizan seg\u00fan el mecanismo correspondiente \u2014mayoritariamente la omisi\u00f3n estructural\u2014, sin sumarlos nuevamente al total. Su an\u00e1lisis como patr\u00f3n de externalizaci\u00f3n de la muerte atiende a la salida formal de custodia en la fase terminal y al riesgo de que el fallecimiento quede excluido de registros limitados a muertes ocurridas formalmente bajo custodia, sin que esa salida interrumpa el nexo causal con las condiciones de reclusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, la categor\u00eda mecanismo no determinado re\u00fane los casos en los que la informaci\u00f3n disponible resulta insuficiente para establecer c\u00f3mo se produjo el fallecimiento. Incluye tanto registros que no precisan las causas como aquellos que \u00fanicamente mencionan un infarto o un paro, sin aportar indicios de negligencia, violencia o encubrimiento. Esta categor\u00eda expresa una limitaci\u00f3n de la informaci\u00f3n recabada, no una conclusi\u00f3n sobre la ausencia de responsabilidad estatal, y no releva al Estado de su obligaci\u00f3n de investigar y esclarecer las circunstancias de la muerte.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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1. Delimitaci\u00f3n del universo<\/h2>\n\n\n\n

Entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de 2026, Cubalex registr\u00f3 115 muertes bajo custodia estatal en establecimientos penitenciarios, correspondientes a personas privadas de libertad por resoluci\u00f3n judicial.5<\/a><\/sup> Dentro de este universo se incluyen siete casos de personas a quienes se les concedi\u00f3 excarcelaci\u00f3n o licencia extrapenal in extremis<\/em>: situaciones en las que la liberaci\u00f3n se produjo cuando el proceso que condujo a la muerte \u2014originado de manera determinante durante la reclusi\u00f3n\u2014 ya era irreversible, y el fallecimiento ocurri\u00f3 a las pocas horas o d\u00edas de la salida formal del penal. Su inclusi\u00f3n responde a que, en estos supuestos, la excarcelaci\u00f3n no interrumpe el nexo causal entre las condiciones de custodia y el resultado letal, ni extingue la responsabilidad del Estado como garante. Este subgrupo se analiza como patr\u00f3n espec\u00edfico en la secci\u00f3n 2.5. Por tratarse de una circunstancia transversal y no de un mecanismo de muerte, estos siete casos se contabilizan seg\u00fan su mecanismo real \u2014mayoritariamente la omisi\u00f3n estructural\u2014 y no como una categor\u00eda separada que se sume al total. <\/p>\n\n\n\n

Frecuencia mensual de muertes en custodia.<\/figcaption>
Frecuencia mensual de muertes en custodia<\/title><\/line>0<\/text><\/line>2<\/text><\/line>4<\/text><\/line>6<\/text><\/line>8<\/text><\/line>10<\/text><\/rect>6<\/text>Feb-2024<\/text><\/rect>4<\/text>Mar-2024<\/text><\/rect>3<\/text>Abr-2024<\/text><\/rect>4<\/text>May-2024<\/text><\/rect>6<\/text>Jun-2024<\/text><\/rect>2<\/text>Jul-2024<\/text><\/rect>4<\/text>Ago-2024<\/text><\/rect>3<\/text>Sep-2024<\/text><\/rect>4<\/text>Oct-2024<\/text><\/rect>7<\/text>Nov-2024<\/text><\/rect>5<\/text>Dic-2024<\/text><\/rect>5<\/text>Ene-2025<\/text><\/rect>9<\/text>Feb-2025<\/text><\/rect>4<\/text>Mar-2025<\/text><\/rect>1<\/text>Abr-2025<\/text><\/rect>2<\/text>May-2025<\/text><\/rect>3<\/text>Jun-2025<\/text><\/rect>2<\/text>Jul-2025<\/text><\/rect>4<\/text>Ago-2025<\/text><\/rect>4<\/text>Sep-2025<\/text><\/rect>2<\/text>Oct-2025<\/text><\/rect>2<\/text>Nov-2025<\/text><\/rect>1<\/text>Dic-2025<\/text><\/rect>1<\/text>Ene-2026<\/text><\/rect>10<\/text>Feb-2026<\/text><\/rect>3<\/text>Mar-2026<\/text><\/rect>7<\/text>Abr-2026<\/text><\/rect>6<\/text>May-2026<\/text><\/rect>1<\/text>Jun-2026<\/text>2024<\/text>2025<\/text>2026<\/text><\/svg><\/div>

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