En relación con su observación general núm. 1 (2001) sobre los propósitos de la educación, el Comité recomienda al Estado parte emprenda esfuerzos para introducir una cultura de paz a través de sus iniciativas educativas sobre los efectos negativos del conflicto e incluya sistemáticamente la educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario en los programas escolares, con particular referencia a los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo.