La legislación cubana, específicamente la Ley No. 143, Ley del Proceso Penal (LPP-143/21), estipula una serie de situaciones en las que la detención de individuos es legalmente permitida, abarcando desde casos de delitos flagrantes hasta situaciones más graves como la evasión de prisión. A pesar de que estas detenciones deben llevarse a cabo con total transparencia y respeto por los derechos humanos, la legislación presenta ambigüedades que podrían propiciar prácticas abusivas, poniendo en juego la integridad y seguridad de los ciudadanos.

En la esfera internacional, las prácticas de detención en Cuba, reguladas por la LPP-143/21, exhiben discrepancias significativas con los estándares globales. Dichos estándares enfatizan sobre la claridad en los motivos de detención y las restricciones sobre quién puede llevar a cabo una detención. A pesar de que la legislación cubana ofrece un amplio margen de discrecionalidad a las autoridades y permite que cualquier individuo detenga a otro bajo determinadas circunstancias, es fundamental evaluar las implicaciones de estas disposiciones en la práctica y su alineación con los principios internacionales de derechos humanos.

La legalidad y legitimidad de las prácticas de detención en Cuba se encuentran en una encrucijada debido a las discrepancias entre la Ley No. 143, Ley del Proceso Penal (LPP-143/21), y la Constitución Cubana de 2019. Mientras que la Constitución, en sus Artículos 94 y 95, establece claramente que solo las autoridades pueden realizar detenciones, la LPP-143/21 otorga un margen más amplio para el arresto sin una orden de detención y por cualquier individuo en ciertas circunstancias. Esta contradicción pone de manifiesto una grave inconstitucionalidad que amenaza el respeto por los derechos individuales, lo cual ratifica la inexistencia de un estado de derecho en Cuba.

Puedes consultar aquí el informe:

Claridad-y-Justicia-Un-analisis-de-las-practicas-de-detencion-en-Cuba