Resumen ejecutivo · Informe febrero–julio de 2026
Desde enero de 2026, Cuba vive una militarización progresiva de la vida civil sin que el Estado haya declarado formalmente ninguna de las situaciones excepcionales que su propia Constitución prevé. Este informe documenta 215 eventos registrados entre febrero y julio y describe cómo esa militarización pasó de una fase organizativa a convertirse en la forma ordinaria de gobernar el país.
El punto de partida fue la sesión del Consejo de Defensa Nacional del 17 de enero de 2026, que aprobó los «planes y medidas del paso al Estado de Guerra». Desde entonces, estructuras militares de mando han asumido funciones civiles —transporte, combustible, orden público, servicios— sin proclamación oficial, sin límites temporales y sin control judicial ni parlamentario. Es lo que este informe denomina una excepcionalidad de facto.
Lo que hay que saber para entender el caso
Cuba es un Estado de partido único. El Partido Comunista es, por definición constitucional, «la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado», y no existen elecciones competitivas, prensa independiente legalizada ni organizaciones de derechos humanos autorizadas a operar dentro del país.
La Constitución de 2019 prevé tres situaciones excepcionales —estado de guerra, movilización general y estado de emergencia— y crea el Consejo de Defensa Nacional, que en esas situaciones dirige el país y puede asumir las atribuciones de los demás órganos del Estado. Pero la ley que lo desarrolla es de 1994, anterior a la propia Constitución, y contiene una disposición decisiva: permite activar el Consejo de forma preventiva, antes de cualquier declaración formal. Esa es la llave jurídica de todo lo que este informe describe.
A ello se suma el contexto material: desde 2024 el sistema eléctrico nacional colapsa de forma recurrente, con apagones de veinte y treinta horas, y cada caída ha sido seguida de descontento social visible.
Cómo evolucionó el patrón
Febrero a abril fue la fase de organización, operación y consolidación: activación de Zonas de Defensa y milicias, despliegues en respuesta a un récord de protestas por el colapso eléctrico, y estructuras militares asumiendo funciones civiles. La campaña «Mi Firma por la Patria» reunió 6,2 millones de firmas mediante presión en centros de trabajo y visitas domiciliarias.
Mayo fue el mes de la institucionalización preventiva, con la mayor dispersión territorial del año. Un ejercicio nacional de defensa encabezado por el Presidente y la distribución de una «Guía Familiar para la Protección ante una Agresión Militar» llevaron la lógica bélica hasta el interior de los hogares. Ese mismo mes, una resolución del Ministerio del Interior autorizó congelar cuentas y activos «sin demora y sin notificación previa», sin proceso penal previo y con recursos que no suspenden la medida.
Junio y julio invirtieron el detonante: la crisis eléctrica multiplicó las protestas vecinales y la respuesta estatal siguió una secuencia que se repitió semana tras semana —protesta por apagones, despliegue de tropas especiales, detenciones y presencia militar permanente en el barrio—. En este período se produjo también el anuncio de que un civil está siendo procesado en la jurisdicción militar por un video satírico.
Las cifras
| Mes | Eventos | Incidentes de represión | Víctimas identificadas |
|---|---|---|---|
| Febrero | 10 | 2 | 0 |
| Marzo | 33 | 22 | 1 |
| Abril | 42 | 31 | 18 |
| Mayo | 37 | 21 | 8 |
| Junio | 54 | 43 | 25 |
| Julio (al 24) | 39 | 31 | 26 |
Cuatro lecturas se desprenden de la serie. La escalada no se detuvo con la consolidación de abril: junio marca el máximo y julio avanza a un ritmo equivalente. La composición del registro se invirtió: de 80 % noticias de contexto en febrero a alrededor del 80 % represión directa en junio y julio. Las víctimas identificadas muestran una tendencia general ascendente, de cero a veintiséis mensuales. Y la geografía se concentró: junio y julio acumulan el 54 % de los eventos en La Habana, donde se libra el ciclo de protesta y represión.
Dos series de contexto completan el cuadro. Las protestas registradas pasaron de 32 en enero a picos de 234 en marzo y 254 en junio, y a cada pico la militarización respondió con un salto que después no se desmontó. Los reportes de inseguridad ciudadana aumentaron un 109 % entre enero y abril: si el despliegue estuviera orientado a la seguridad de la población, ambas curvas se moverían en sentido contrario. Crecen juntas.
Evaluación jurídica
Medida contra los estándares internacionales sobre estados de excepción, la situación falla en todos los requisitos esenciales. No hay proclamación oficial: las medidas se aplican mientras se niega su existencia. No hay límite temporal: ninguna disposición fija cuándo terminan. No hay necesidad ni proporcionalidad demostradas: se restringen la circulación, el patrimonio y la protesta de toda la población frente a una amenaza cuya evaluación el propio Estado mantiene en secreto. Y no hay control: ni judicial, ni parlamentario, ni ciudadano.
A ello se suman violaciones que ninguna emergencia autoriza a suspender. Las amenazas de fusilamiento contra personas privadas de libertad por motivos políticos comprometen el derecho a la vida, inderogable en cualquier circunstancia. El juzgamiento de civiles por tribunales militares viola las garantías del debido proceso. Y la represión sistemática de protestas por electricidad y agua criminaliza el ejercicio de la libertad de reunión pacífica.
El papel de los tribunales merece mención específica. Lejos de operar como contrapeso, el poder judicial actúa en coordinación con el poder político-militar, y su intervención más característica no es la condena sino la obstaculización de los recursos: beneficios penitenciarios negados a presos políticos que cumplen los requisitos legales, licencias extrapenales denegadas pese a cuadros clínicos graves incompatibles con el régimen de privación de libertad, y recursos de hábeas corpus que los tribunales simplemente se niegan a recibir o dejan vencer sin respuesta.
Nivel de riesgo
En la escala de militarización social de Cubalex (1 a 5), el período mayo–julio mantiene y profundiza el nivel 5: sustitución funcional del orden civil por la lógica militar. Como el nivel ya era el máximo, la evolución se mide en desplazamientos internos: de la militarización preventiva a la represión directa de la protesta; de la amenaza discursiva a la amenaza letal con destinatarios concretos; y de las medidas operativas a la normalización jurídica encubierta.
La tendencia es de excepcionalidad permanente: la excepción convertida en forma ordinaria de gobierno.
Lo que pedimos a la Comisión Interamericana
En la audiencia del 4 de agosto de 2026, Cubalex solicitó a la Comisión que:
- Reconozca y visibilice el patrón como un modelo de gobernanza por emergencia no declarada, que restringe derechos sin garantías de legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad ni control judicial efectivo.
- Reitere al Estado cubano que la seguridad nacional y la invocación de amenazas externas no pueden usarse para criminalizar la protesta, controlar el disenso ni restringir el espacio cívico.
- Le recomiende abstenerse de emplear fuerzas de seguridad, estructuras militarizadas, organizaciones de masas y mecanismos comunitarios de vigilancia para el control social.
- Le requiera información específica y verificable sobre el fundamento legal, la duración, el alcance territorial y los mecanismos de control de las medidas aplicadas.
- Incluya y dé seguimiento a este patrón en el Capítulo IV.B sobre Cuba de su Informe Anual, con atención especial a la protesta social, las comunicaciones, las personas privadas de libertad, la niñez, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Qué vigilar — y cómo participar
Cinco señales concentran el riesgo inmediato: cualquier escalada del escenario de intervención externa, que puede activar las amenazas documentadas contra presos políticos; el avance de un proceso militar contra el humorista detenido, que abriría la vía para procesar civiles ante la jurisdicción castrense de forma sistemática; la persistencia de la crisis eléctrica, que garantiza nuevos ciclos de protesta y represión; la consolidación de nuevas facultades excepcionales por vía ministerial, sin ley ni control; y posibles represalias contra quienes denuncian esta situación ante mecanismos internacionales.
Vigilar esto no es tarea exclusiva de las organizaciones de derechos humanos.
- A la ciudadanía dentro de Cuba: documentar y reportar —con fecha, lugar y, cuando sea seguro, imagen— los despliegues en los barrios, las amenazas de agentes estatales, las citaciones sin documento oficial, las restricciones de viaje y los cortes de comunicación. Cada reporte verificado alimenta el registro que hace posible informes como este.
- A la prensa: sostener la vigilancia sobre las estructuras de defensa y sus actos, que se anuncian por canales oficiales y pueden contrastarse.
- A la comunidad internacional: dar seguimiento a este patrón, exigir al Estado cubano la información que niega a su población y proteger a quienes la documentan.
Nota metodológica
Las cifras provienen del registro de eventos del sistema de monitoreo de Cubalex, con corte al 25 de julio de 2026.Las cifras de víctimas son mínimas: la mayoría de los eventos registra cantidades indeterminadas de personas afectadas . Julio es un mes parcial, cerrado el día 24. Los eventos se incorporan cuando se identifican, por lo que los meses anteriores pueden ajustarse levemente entre cortes. El aumento observado puede reflejar tanto la escalada real como una mayor capacidad de documentación.