Resumen Ejecutivo
El 14 de enero de 2025, el gobierno cubano anunció un proceso de excarcelación anticipada que generó expectativas entre las familias de personas privadas de libertad. Sin embargo, una investigación realizada por Cubalex revela que estas liberaciones no respondieron a un compromiso genuino con los derechos humanos ni a criterios legales transparentes, sino que formaron parte de una estrategia política y diplomática para mejorar la imagen internacional del régimen y obtener beneficios geopolíticos.
La mayoría de las excarcelaciones —182 de las 553 anunciadas— ocurrieron entre el 14 y el 19 de enero de 2025, coincidiendo con dos hechos significativos: las negociaciones con la Iglesia Católica y la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
El análisis de Cubalex, sustentado en acceso a autos judiciales y testimonios directos de personas excarceladas, demuestra que:
-No se publicaron los criterios legales de selección, ni se informó a los familiares con antelación.
– Se aplicaron restricciones posteriores a la excarcelación, incluyendo libertad condicional, prohibiciones de movimiento, censura política y vigilancia sistemática.
-Las excarcelaciones se usaron como moneda de cambio en negociaciones internacionales, replicando patrones ya observados en 2010 tras la Primavera Negra.
-Presos políticos con derecho legal a la libertad condicional fueron ignorados sistemáticamente, hasta que la coyuntura política hizo útil su liberación.
Además, el proceso estuvo acompañado de intimidación, trato cruel y degradante, así como de presiones laborales que obligaron a personas excarceladas a aceptar trabajos forzosos y estigmatizantes. Testimonios documentan amenazas directas contra quienes intentaran denunciar públicamente su situación o continuar con actividades opositoras.
Cubalex concluye que el sistema judicial cubano ha sido instrumentalizado para mantener el control social, reprimir el disenso y proyectar una falsa imagen de apertura. La liberación de prisioneros, lejos de representar un avance democrático, refuerza una estructura de represión extendida más allá de las cárceles.
Recomendaciones clave
1- El Estado cubano debe reconocer la existencia de presos políticos y garantizar la aplicación imparcial y transparente de la Ley de Ejecución Penal.
2- Las excarcelaciones deben responder a criterios jurídicos objetivos, y no a conveniencias políticas.
3- Deben establecerse garantías de no repetición, y mecanismos de reparación integral para las víctimas de detenciones arbitrarias, tortura y persecución política.
4- La comunidad internacional y las organizaciones de la sociedad civil deben mantener el monitoreo activo y denunciar el uso del derecho penal con fines represivos, no solo en Cuba, sino también en contextos similares como Nicaragua y Venezuela.
La excarcelación no fue un acto de justicia, sino parte de una estrategia política. Conoce en nuestro informe los hallazgos de Cubalex sobre la falta de transparencia y el uso instrumental del sistema judicial en Cuba.