Este informe alternativo, elaborado por diversas organizaciones de la sociedad civil, evalúa el cumplimiento del Estado cubano respecto a las recomendaciones del Comité contra la Tortura (CAT), en el marco del procedimiento de seguimiento a su tercer informe periódico.
El documento se centra en tres áreas prioritarias:
– Inspección independiente de los lugares de detención
– Protección de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y artistas
– Represión y procesamiento de manifestantes tras las protestas del 11 de julio de 2021 (11J)
Desde la última revisión del CAT, la situación de los derechos humanos en Cuba se ha deteriorado aún más. El cierre del espacio cívico, el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales y la represión sistemática contra activistas, periodistas y artistas reflejan un entorno cada vez más autoritario. Además, la incapacidad del Estado para garantizar derechos básicos ha limitado gravemente el ejercicio pleno de los derechos humanos por parte de la ciudadanía.
Principales hallazgos
– Centros de detención sin supervisión independiente: No existen mecanismos imparciales para inspeccionar prisiones. Se siguen reportando torturas, tratos crueles, muertes bajo custodia y condiciones infrahumanas, sin investigaciones ni sanciones a los responsables.
– Persecución a personas defensoras, periodistas y artistas: El Estado emplea detenciones arbitrarias, leyes restrictivas y censura como herramientas de control. Criminaliza la disidencia y obliga al exilio a quienes ejercen la libertad de expresión y defensa de derechos.
– Criminalización de las protestas del 11J: Las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021 fueron tratadas como delitos de sedición. Se impusieron penas desproporcionadas basadas en pruebas insuficientes, sin que se investigaran los abusos cometidos por agentes del Estado.
El Estado cubano no ha dado cumplimiento a las recomendaciones clave del Comité contra la Tortura. Persiste un patrón de represión institucionalizada, impunidad y falta de voluntad política para impulsar reformas estructurales. La situación de derechos humanos ha empeorado notablemente, especialmente en lo referente al trato a personas detenidas, la criminalización de la disidencia y el cierre de los espacios de participación cívica.
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