Resumen Ejecutivo
Abril estuvo marcado por la continuidad de la crisis estructural en Cuba: apagones prolongados, escasez de combustible, colapso sanitario, falta de alimentos y un deterioro generalizado de las condiciones de vida. La ratificación de Miguel Díaz-Canel como presidente en un proceso indirecto y antidemocrático despertó poco interés ciudadano frente a la urgencia por sobrevivir a la crisis.
La escasez de combustible obligó a suspender clases universitarias y actos estatales por el Primero de Mayo. A ello se sumaron 11 asesinatos (6 mujeres y 5 hombres), robos a mano armada, saqueos a iglesias y ataques a campesinos, en un escenario creciente de violencia e inseguridad ciudadana.
Internacionalización del autoritarismo y control digital
En abril, funcionarios cubanos firmaron un acuerdo de ciberseguridad con China y se reunieron con empresas chinas sancionadas por EE. UU. por exportar modelos de vigilancia digital. Cuba también estrechó la cooperación con Rusia, Vietnam, Bielorrusia y otros gobiernos autoritarios, y se opuso en la ONU a ampliar el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
Represión en cifras
Durante abril, Cubalex documentó 217 incidentes represivos en 48 municipios, con mayor concentración en La Habana y Mayabeque, principalmente vinculados a violaciones cometidas en las prisiones de Combinado del Este y Quivicán. En este último penal, se denunciaron amenazas, intentos de suicidio y tortura psicológica contra presos del 11J, como en el caso de Abel Lázaro Machado Conde, paciente psiquiátrico bajo vigilancia estatal. Las 195 víctimas identificadas incluyeron activistas, opositores, defensores de derechos humanos, personas afrodescendientes y ciudadanos privados de libertad.
Se repiten las denuncias desde centros penitenciarios, con 91 incidentes provenientes de prisiones. Los presos reportan torturas, celdas de castigo, golpizas, aislamiento, alimentación deficiente, enfermedades, falta de asistencia médica y uso de reclusos comunes para hostigar a presos políticos. Esta última práctica, considerada una forma de tortura, se documentó en varias cárceles de la isla.
Criminalización del activismo y represión selectiva
Destacan los casos de Yasmani González, activista detenido y desaparecido en Villa Marista tras un operativo violento, y de Marisol Peña Cobas, activista de Guantánamo cuya hija de siete años fue interrogada sin consentimiento en una operación liderada por la Seguridad del Estado y la Oficina de Atención a Menores. Peña Cobas ya había sido criminalizada por su activismo y su familia sufrió represalias desde años anteriores.
También continuó la “regulación migratoria” arbitraria, usada para impedir la salida del país de voces críticas, como en el caso de las activistas Aimee Hidalgo, Ada Ibis Ladrón de Guevara, Yaimara Márquez y el escritor Jorge Fernández Era.
Análisis legal: ausencia de democracia electoral
El informe incluye un análisis legal sobre la designación del presidente y vicepresidente de la República en Cuba, denunciando la falta de elecciones libres y directas. Los máximos cargos del Estado son elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), controlada por el Partido Comunista de Cuba (PCC), que concentra el poder y limita la participación ciudadana real. El 97 % de los diputados militan en el PCC o la UJC, y 362 de ellos son altos dirigentes de estructuras estatales o partidistas.
Metodología
El informe se elaboró a partir del análisis de 491 registros, de los cuales 274 correspondieron a contexto y 217 a incidentes represivos, recolectados entre el 1.º y el 30 de abril de 2023. Las fuentes utilizadas fueron publicaciones en Facebook (233), sitios web (189) y Twitter (61). Cubalex aclara que los datos representan un subregistro, ya que muchas víctimas no pueden denunciar debido a la censura, el miedo o la falta de acceso digital.
Consulta el informe completo para conocer las violaciones documentadas durante el mes.