FEBRERO 2026
FEBRERO 2026
Informe Mensual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba | Febrero 2026
Situación de los derechos humanos en Cuba
La tensión social generada por el régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro aumentó en el mes de febrero con varios hechos relevantes: la protesta masiva de reclusos en la Prisión Provincial de Ciego de Ávila; la eliminación y captura, en circunstancias poco claras, de un grupo de exiliados que intentó desembarcar en la Isla con fines insurreccionales; y los ataques de Estados Unidos e Israel al régimen iraní, uno de los aliados internacionales de la dictadura cubana.
La protesta en el reclusorio avileño fue la manifestación de descontento social de mayor magnitud en un mes donde este tipo de expresiones se duplicaron respecto al período anterior. El equipo de monitoreo de Cubalex registró 68 protestas, con amplia preponderancia de carteles antigubernamentales, muchos de ellos firmados por organizaciones como Cuba Primero y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Además de las frases contra el régimen características de este tipo de protesta, se observaron varios mensajes de apoyo al presidente norteamericano y sus políticas de presión hacia la dictadura cubana. Se registraron además otras modalidades de protesta como los cacerolazos, consignas, huelgas de hambre, ocupación de espacios públicos, daños a vallas propagandísticas, quema de basura y sabotajes a objetivos económicos estatales.
Donald Trump volvió a referirse a Cuba como un Estado fallido y aseguró que mantienen conversaciones con el régimen al más alto nivel, lo cual fue negado por La Habana. Se mantuvo el bloqueo petrolero estadounidense a la Isla; aunque el presidente norteamericano eliminó los aranceles a la exportación de crudo a Cuba y autorizó la importación de combustibles por parte de supuestos negocios privados,muchos de los cuales se encuentran vinculados familiar y empresarialmente al régimen. Tanto el canciller cubano Bruno Rodríguez como el encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, visitaron de forma independiente el Vaticano y sostuvieron reuniones con representantes de varios países y la Iglesia Católica. Cuba aceptó el retorno de nacionales deportados desde Estados Unidos con récord criminal, algo a lo que se había negado sistemáticamente.
Documentos publicados por la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade revelaron que empresas del régimen cubano se benefician de las licencias de exportación emitidas por Estados Unidos y realizan compras de lujo, mientras en Cuba escasean bienes básicos. En el país, los alimentos registraron aumentos drásticos de precios, el Estado incumple con la venta de productos normados, las divisas suben su valor en el mercado informal y los efectos de la escasez de combustible se hacen sentir en casi todos los sectores del país. Ante la deficiente recogida de desechos urbanos, autoridades estatales han orientado la quema de basura, lo que provoca serios daños ambientales y a la salud de la población. Varios países emitieron alertas de viaje a Cuba para sus nacionales.
En este contexto continuó llegando al país ayuda humanitaria procedente de Estados Unidos, México, Vietnam, España, Chile y Canadá; sin embargo, continúan las denuncias ciudadanas sobre problemas con la entrega de las ayudas y la calidad de las mismas. Vladimir Putin y Xi Jinping expresaron su voluntad de mantener la cooperación con Cuba, mientras Guatemala, Guyana, San Vicente y las Granadinas y Honduras interrumpieron la contratación de brigadas médicas cubanas en condiciones de trabajo forzado. Nicaragua eliminó el libre visado a los cubanos, sustituyéndolo por un sistema de solicitud electrónica gratuita. La gira de Bruno Rodríguez, además del Vaticano, incluyó visitas a China, Vietnam, Rusia y España, en busca de apoyos al régimen cubano. Desde La Habana se condenó de inmediato el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.
En el ámbito doméstico, la violencia continúa siendo motivo de preocupación ciudadana. Durante el mes se registraron 21 homicidios (uno menos que en enero), algunos de ellos ejecutados por varias personas y otros con altos niveles de crueldad. El equipo de monitoreo de Cubalex tuvo conocimiento de otros 53 eventos de inseguridad, que incluyeron asaltos, robos, agresiones sexuales, y ataques con armas blancas, consumo de drogas, maltrato animal, destrozos a la propiedad y riñas callejeras
Apagones
Escasez Combustible
Desabastecimiento
Crisis de Basura
Inflación de Precios
Inseguridad
Aumento de Divisas
Alertas de Viaje
Incidentes de hostigamiento
Durante el mes de febrero, el equipo de monitoreo de Cubalex documentó 242 eventos represivos, ocurridos en todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud. Las provincias con más eventos violatorios registrados fueron La Habana (57), Ciego de Ávila (28) y Santiago de Cuba (22); y entre los municipios, Ciego de Ávila (26), Santiago de Cuba (21) y Camagüey (20).
Provincias con más eventos de represión
Mapa interactivo: Pase el cursor sobre las provincias para ver detalles.
Los 242 eventos represivos registrados incluyeron 528 incidentes de hostigamiento, distribuidos en 44 categorías de represión. Los incidentes más reiterados fueron las violaciones contra personas privadas de libertad (96), el uso de la violencia o acoso (43), los traslados en prisiones o hacia centros de detención (42), los operativos policiales de vigilancia (35), la amenaza o coacción (31) y las detenciones arbitrarias (30).1
- 96 Violaciones contra personas privadas de libertad
- 43 Uso de la violencia o acoso
- 42 Traslados en prisiones o hacia centros de detención
- 35 Operativos policiales de vigilancia
- 31 Amenaza o coacción
- 30 Detenciones arbitrarias
Un total de 190 personas (46 mujeres y 144 hombres) resultaron víctimas de alguna de estas violaciones. El preso político Alexander Verdecia Rodríguez y los creadores de contenido del proyecto audiovisual “El 4tico”, Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez fueron las personas con más eventos represivos en su contra. Las organizaciones cuyos miembros resultaron más acosados fueron la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el Frente Antitotalitario Unido (FANTU) y Cuba Decide, aunque la mayoría de las víctimas no se encuentran afiliadas a ninguna agrupación de la sociedad civil. Los grupos vulnerables más reprimidos fueron las personas privadas de libertad, los afrodescendientes y los defensores de derechos humanos.2
Se identificaron 190 personas que fueron víctimas de al menos un evento represivo.
Personas con mayor cantidad de hechos violatorios
Rodríguez
Medina
Pérez
Los hechos más relevantes del mes fueron la protesta en la Prisión Provincial de Ciego de Ávila (conocida como Canaleta), el ataque letal y detención de un grupo de emigrados que intentaron ingresar al país con fines insurreccionales y la detención de los creadores de contenido de “El4tico”.
El desencadenante de la protesta en Canaleta fueron las pésimas e inhumanas condiciones existentes en las cárceles de todo el país. El hambre, los abusos, las torturas y la falta de atención médica denunciadas de manera reiterada en los informes de Cubalex, llevaron al límite a los reclusos de Canaleta, quienes corearon consignas políticas y enviaron hacia el exterior las imágenes a través de teléfonos que mantenían clandestinamente en el penal. La respuesta del régimen fue una represión brutal, de la cual aún no se tiene una visión completa. El silenciamiento a los reclusos, los traslados a otras prisiones en condiciones de desaparición forzada y la negación de información a los familiares han impedido verificar de forma inequívoca denuncias de violaciones cometidas para aplacar las protestas, algunas de estas muy graves, como posibles asesinatos de reclusos. El Ministerio del Interior se pronunció escuetamente sobre el suceso, disminuyendo su magnitud, escamoteando su carácter político y sin informar sobre el estado de los reclusos.
Las muertes en prisiones son una de las expresiones más palpables del abandono y desamparo en que se encuentran los reclusos. Cubalex documentó durante el mes el deceso de siete prisioneros por causas que incluyen la desnutrición, asesinatos entre reos, supuestos suicidios y deficiente atención médica. En el caso del preso político Luis Miguel Oña Jiménez, las autoridades recurrieron a la frecuente práctica de otorgar una tardía licencia extrapenal, cuando la situación ya era irreversible, para evadir la responsabilidad estatal ante el inevitable deceso.
También se registró la muerte bajo custodia del joven Abraham Limonta Estrada, quien se suicidó debido al acoso sufrido mientras pasaba el servicio militar obligatorio; la de Yasmani Aranguren Caraballo, mientras se encontraba detenido en el Técnico de Alamar, y en cuyo cuerpo se notaron signos de violencia física; y la de una mujer con discapacidad y en estado de desnutrición, a quien los trabajadores del asilo donde se encontraba abandonaron en el hospital Calixto García tras un ataque epiléptico, donde finalmente falleció.
Los hechos documentados en relación con la interceptación marítima de un grupo de exiliados el 25 de febrero plantean serias preocupaciones desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en lo relativo a las obligaciones del Estado de garantizar el derecho a la vida, la integridad personal, el acceso a garantías judiciales efectivas y la protección contra desapariciones forzadas. La existencia de personas fallecidas durante la operación, la incertidumbre inicial sobre el paradero de algunos sobrevivientes y las dificultades reportadas para activar mecanismos judiciales de control de la detención —como el recurso de hábeas corpus— evidencian la necesidad de un esclarecimiento completo, independiente y transparente de los hechos.
De conformidad con los estándares internacionales aplicables, el Estado tiene la obligación de demostrar que el uso de la fuerza se ajustó a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, garantizar atención médica adecuada a las personas heridas bajo su custodia; asegurar el acceso inmediato a recursos judiciales efectivos; e investigar de manera pronta e imparcial cualquier muerte potencialmente ilícita ocurrida en el contexto de operaciones de seguridad. La investigación exhaustiva de estos hechos y la plena cooperación con los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos resultan esenciales para garantizar la rendición de cuentas, el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.
El régimen cubano continuó su escalada de persecución contra la libertad de expresión. Los creadores de contenido del proyecto audiovisual “El4tico” fueron detenidos en sus hogares y puestos bajo prisión provisional por los supuestos delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir. En paralelo, figuras del oficialismo y cuentas asociadas al régimen en redes sociales desarrollaron una campaña de descrédito contra estos jóvenes, que también se extendió contra los miembros del proyecto audiovisual Fuera de la Caja. Leonard Richard González Alfonso fue enjuiciado y enfrenta una condena de ocho años de cárcel por propaganda contra el orden constitucional y amenazas, por escribir en una pared “Hasta cuándo. Nos están matando”. También por escribir carteles contra el régimen, el profesor universitario Ariel Manuel Martín Barroso cumple una sanción de 10 años de prisión. Asimismo, un grupo de diez ciudadanos panameños y cuatro cubanos fueron detenidos y encarcelados, acusados de hacer pintadas antigubernamentales en La Habana.
La represión también se extiende hacia las familias de las personas que disienten. A Yunisley Suárez, esposa del ex preso político Arony Yanko García, le dejaron en su casa un cartel con la frase “Te estamos velando, gusana”. Funcionarios de la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior amenazaron en dos ocasiones a Eliannis Villavicencio, esposa del preso político Alexander Verdecia, con procesarla y quitarle la custodia de sus hijas si continuaban exigiendo en redes sociales la libertad del opositor. A la abuela y la tía de Yurisnel Domenech el Estado le retiró la ayuda social que recibían como represalia por las denuncias de este en sus redes sociales. La familia del preso político Roilán Álvarez Rensoler ha sufrido detenciones y actas de advertencia por exigir la libertad del opositor, que ha permanecido en huelga de hambre durante todo el mes de febrero.
Lo sucedido con las Damas de Blanco Leticia Ramos Herrería y su madre, Amada Rosa Herrería Rodríguez, de 86 años, constituye una muestra no solo de la arbitrariedad, sino también de la crueldad con que actúa el régimen cubano. Ambas regresaban de Estados Unidos, a donde viajaron para recibir tratamiento médico, cuando las autoridades cubanas impidieron a Leticia la entrada al país, le confiscaron sus pertenencias y la obligaron a regresar en el mismo vuelo a Estados Unidos, con lo cual provocan una separación forzada de la familia y además colocan a su madre, una adulta mayor, en situación de vulnerabilidad extrema.