Resumen Ejecutivo
Durante junio de 2024, Cuba continuó inmersa en una crisis sistémica que afecta todas las dimensiones de la vida cotidiana: salud pública, vivienda, alimentación, servicios básicos y seguridad. Las intensas lluvias causaron inundaciones, derrumbes de viviendas y protestas por el deficiente abasto de agua. A ello se sumaron apagones prolongados tras la salida de servicio de la termoeléctrica Antonio Guiteras.
El brote del virus Oropouche y otras enfermedades transmitidas por vectores, sumado a la escasez de medicamentos, agravó aún más la emergencia sanitaria. Mientras tanto, las autoridades respondieron con medidas restrictivas, controles al sector privado y criminalización de la crítica, sin una estrategia real para aliviar la crisis.
Represión en cifras
Cubalex registró 242 hechos represivos que implicaron 525 incidentes violatorios distribuidos en 51 categorías distintas, ocurridos en 50 municipios de las 15 provincias del país.
Se identificaron al menos 214 víctimas directas. La mayoría no pertenece a organizaciones de la sociedad civil independiente, lo que revela la generalización del control represivo.
Violaciones en cárceles y represión institucionalizada
En las prisiones, se reiteraron las denuncias por falta de asistencia médica, negligencias mortales (3 de las 4 muertes en prisión están asociadas a esta causa), uso de celdas de castigo, incomunicación, tortura física y psicológica, y negación de derechos penitenciarios.
Cinco opositores fueron condenados hasta siete años de prisión por “propaganda contra el orden constitucional” tras manifestarse con carteles y transmitirlo por redes sociales. También se denunció el uso del exilio forzado como moneda de libertad condicional, y la colaboración del régimen de Ortega para impedir salidas del país, como en el caso de Bárbaro de Céspedes.
Criminalización del activismo y uso de nuevas leyes represivas
El informe advierte sobre la entrada en vigor de la nueva Ley de Comunicación Social, que refuerza el control sobre la libertad de expresión y prensa. Además, se presentó un proyecto de Ley de Ciudadanía que permitiría retirar arbitrariamente la nacionalidad cubana por motivos políticos.
Se reportaron agresiones y amenazas contra personas que realizaban labores humanitarias, como Alberto Turis o Nelson Álvarez, y detenciones arbitrarias de académicas como Alina Bárbara López. También se documentaron citaciones y amenazas a familiares de presos políticos por asistir a misa.
Metodología
El informe se elaboró a partir del análisis de 552 registros recopilados entre el 1.º y el 30 de junio de 2024. Las fuentes de información incluyen publicaciones en Facebook (224), sitios web informativos (195), Twitter (62) y reportes enviados directamente a Cubalex (55). La organización advierte que estas cifras constituyen un subregistro, debido a la censura, el temor a represalias y las limitaciones tecnológicas que dificultan la denuncia y visibilización de muchos casos.
Para más detalles sobre las violaciones documentadas, consulta nuestro informe completo: