Situación de los derechos humanos en Cuba
El presente documento da continuidad a los informes semestrales presentados por Cubalex, en los cuales se analizan tendencias y patrones represivos ejecutados por el Estado cubano. La información que aquí se presenta fue recopilada durante el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025 por el equipo de Monitoreo de Cubalex, y ha sido procesada, analizada y sistematizada de conjunto con los equipos Legales y de Comunicación de la organización. Los patrones y las tendencias descritos dan continuidad y dialogan con los expuestos en el informe correspondiente al primer semestre de 2025.
Entre el Iro de julio y el 31 de diciembre de 2025, Cubalex documentó 1279 eventos que implicaron violaciones de derechos humanos, para un promedio de casi 7 eventos violatorios diarios. Estas cifras son menores que las registradas el semestre anterior. Sin embargo, esto puede interpretarse como una disminución real de la represión, sino que es producto de la persistencia de condiciones que afectan el registro de los hechos, como son los extensos y persistentes cortes de electricidad e internet, el encarecimiento y restricciones a la navegación en la web, las represalias contra quienes denuncian y el éxodo forzado de activistas, periodistas, ex presos políticos y personas con una actitud crítica hacia el régimen.
Estos hechos represivos se documentaron en 88 municipios de las 15 provincias del país, incluido el municipio especial Isla de la Juventud. Las provincias con mayor número de registros violatorios fueron La Habana (442), Santiago de Cuba (122) y Villa Clara (96) у entre los municipios Santiago de Cuba (89), Guanabacoa (84) y Santa Clara (73).
La represión alcanzó de manera directa e individualizada al menos a 779 personas (189 mujeres y 590 hombres). Las personas que sufrieron mayor cantidad de actos represivos fueron los presos políticos Yosvany Rosell García Caso y Maykel "Osorbo" Castillo Pérez, los opositores Mario Alberto Hernández Leyva, Ángel Juan Moya Acosta y José Daniel Ferrer, la Dama de Blanco Berta Soler Fernández y la periodista Camila Acosta Rodríguez.
Aunque las personas que sufren la represión de forma más recurrente son presos políticos, opositores, activistas y periodistas independientes, debe señalarse que las dos terceras partes de las víctimas totales no está afiliada a ninguna organización de la sociedad civil, lo cual muestra la amplitud del diapasón represivo en Cuba. Entre las organizaciones de la sociedad civil, fueron el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Cuba Decide y las Damas de Blanco, cuyos miembros sufrieron mayor cantidad de eventos represivos. Entre los grupos vulnerables más reprimidos se encuentran las personas privadas de libertad, los defensores de derechos humanos y los afrodescendientes.
Se registraron violaciones en 61 categorías de incidentes represivos, siendo los más recurrentes las violaciones contra personas privadas de libertad (527), operativos policiales de vigilancia (212), uso de la violencia o acoso (205), los traslados hacia centros de detención o establecimientos penitenciarios (172), amenaza o coacción (167), detenciones arbitrarias (151), negación de atención médica o negligencia, mayormente a reclusos (137), citaciones arbitrarias (109), restricción de movilidad interna (90), reclusión domiciliaria (86), incomunicación (66), interrogatorios (61), descrédito en medios de comunicación y canales cercanos al oficialismo (44) y multa (44).
Concentración de incidentes represivos documentados por provincia (Julio - Diciembre 2025).
Pasa el cursor sobre las provincias para ver los datos.
El presente análisis, basado en los datos recopilados por el equipo de Monitoreo de Cubalex durante el segundo semestre de 2025, confirma que la represión en Cuba no constituye una suma de hechos aislados, sino que responde a una maquinaria de control social sistemática, estructurada a partir de patrones recurrentes y prácticas represivas previsibles. Este entramado, consolidado durante décadas por el grupo político en el poder, se expresa en violaciones generalizadas de derechos humanos que afectan directamente derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y se perpetúa por la falta de investigación, sanción y reparación, en un contexto de impunidad crónica.
En el período analizado se identifican tanto la continuidad de patrones documentados en semestres anteriores como la profundización de tendencias que amplían el alcance de la represión hacia sectores no organizados de la población, los cuales acumulan la mayor parte de las víctimas.
Entre las víctimas se encuentran personas que participaron o presenciaron protestas, expresaron críticas en redes sociales, ejercieron actividades económicas informales, practicaron su fe, o se encontraban en situaciones de especial vulnerabilidad. El reconocimiento de estas dinámicas permite comprender la lógica de funcionamiento del aparato represivo, anticipar escenarios de riesgo y fortalecer las estrategias de documentación y protección frente a las violaciones de derechos humanos.
Como se ha señalado en informes anteriores, las muertes bajo custodia estatal y la impunidad que la acompañan, constituyen uno de los patrones represivos más preocupantes. Durante el semestre se registró un total de 27 muertes bajo custodia, que sumadas a las 40 del período anterior, arrojan un total de 67 muertes bajo custodia estatal en 2025.
17 de las muertes registradas en el segundo semestre del año correspondieron a personas privadas de libertad:
La pésima alimentación, condiciones de vida inhumanas, hacinamiento, proliferación de brotes infecciosos, malos tratos y golpizas, contribuyen a la presencia constante y abundante de todo tipo de enfermedades entre la población penal. Esto, unido a la carencia casi total hasta de los medicamentos más básicos y la indolencia con que las autoridades penitenciarias atienden los reclamos sanitarios de los reclusos, conlleva en cuantiosas ocasiones a muertes evitables.
Además de la convivencia en estas condiciones inhumanas y de la ineficacia de los recursos de acceso a la justicia, la falta de atención psicológica oportuna y la inacción de los responsables contribuyen a la ocurrencia de suicidios. En el caso del recluso Leudis Ramos Mejías, desde días antes de su muerte presentaba un cuadro severo de depresión y había solicitado cambio de destacamento para protegerse de otros prisioneros con los que tenía deudas de juego, pero las autoridades de la prisión de Boniato, no atendieron sus reclamos. Otros casos, como el de Ezequiel Figueroa Mesa, presentan inconsistencias que plantean dudas respecto al uso del suicidio como forma de encubrir muertes por violencia de las autoridades o negligencia institucional.
La muerte de Alfredo Ulecia Planche, esposado a una cama durante tres días, sin consumir alimentos, luego de una sobredosis con psicofármacos, es muestra de la existencia normalizada en las cárceles cubanas de formas de tortura, aplicadas sin que existan consecuencias incluso en los desenlaces más fatales.
Por último, dos reclusos fallecieron en huelga de hambre reclamando su inocencia ante las condenas impuestas, uno de ellos el preso político Yan Carlos González González. El tratamiento dado por las autoridades cubanas a los reclusos que emplean esta forma de protesta evidencia un patrón sostenido y estandarizado de violaciones que conducen a la muerte del recluso en varias ocasiones.
Estos números, obtenidos a pesar del férreo control sobre la información en las prisiones y las represalias contra los presos y familiares que denuncian, constituyen un subregistro considerable de una situación mucho peor, según testimonios brindados a nuestra organización por ex prisioneros.
Al menos siete jóvenes reclutados en el servicio militar obligatorio perdieron la vida por falta de atención médica, suicidio y accidentes de tránsito o en maniobras militares en el semestre. Tres de las muertes ocurrieron en circunstancias no esclarecidas que evidencian un patrón de irresponsabilidad y falta de transparencia.
También en el semestre se registró la muerte en instituciones hospitalarias de tres personas con discapacidad psicosocial, que se encontraban bajo custodia estatal. Dos de ellos se encontraban reportados como desaparecidos por sus familias y fueron internados sin comunicárselo a sus allegados. Uno de ellos mostraba en su cuerpo signos de violencia física, al igual que el tercer caso, una mujer de 54 años que pereció a raíz de los golpes propinados por trabajadores de la institución durante una crisis que sufrió. En todos los casos, las autoridades no asumieron su responsabilidad en estas muertes potencialmente ilícitas.
En conjunto, las muertes bajo custodia del Estado registradas durante el semestre confirman que este patrón represivo no se limita al sistema penitenciario ni se deriva exclusivamente de la persecución penal formal, sino que se extiende a múltiples espacios institucionales donde el Estado ejerce control directo sobre la vida e integridad de las personas. Los casos documentados muestran que la custodia estatal puede materializarse en prisiones, unidades militares e incluso instituciones hospitalarias, reproduciendo dinámicas similares de negligencia sistemática, ausencia de garantías, violencia institucional, falta de supervisión efectiva y encubrimiento. La reiteración de muertes por falta de atención médica, suicidios prevenibles, torturas, respuesta abusiva ante protestas como las huelgas de hambre, así como fallecimientos de reclutas y de personas con discapacidad psicosocial bajo internamiento forzoso o irregular, evidencia un mismo hilo conductor: la normalización de prácticas que colocan a los individuos en situación de absoluta indefensión, seguidas por la impunidad y la falta de transparencia como respuesta institucional. Este patrón revela que la custodia estatal, en Cuba, opera como un mecanismo estructural de represión y control social, donde la vida humana resulta prescindible y las instituciones actúan sin rendición de cuentas, incluso cuando las muertes son evitables o potencialmente ilícitas.
Comparativa por semestres (2023 - 2025)
En el semestre, el equipo de monitoreo de Cubalex registró 275 protestas en espacios públicos, número superior al del período anterior en el cual se documentaron 179 protestas. El crecimiento está dado fundamentalmente por el aumento de carteles contestarios que aparecen por todo el país, los apagones de más de 20 horas que generan cacerolazos y protestas, así como las manifestaciones que se produjeron luego del paso del huracán Melissa por el oriente de la Isla en el mes de octubre.
Además de los carteles, cacerolazos y manifestaciones públicas, se registraron otras tipologías como el cierre de calles, daños a la propiedad estatal y la propaganda, quema de basureros, desnudos públicos, caminatas individuales, octavillas y protestas en instituciones.
En el caso de las formas de protesta cuyos autores se desconocen, como los carteles y daños a propiedades, las fuerzas represivas operaron para identificar a los implicados, en varios casos responsabilizando a personas de la localidad u opositores residentes en zonas cercanas, los cuales fueron objeto de citaciones, interrogatorios, amenazas, persecución allanamientos, detenciones y prisión.
Por su parte, las manifestaciones públicas en las que se hace más fácil identificar a los implicados, siguieron un patrón de castigo directo, ya sea en el momento de las protestas o en fechas posteriores. En algunas de las manifestaciones con mayor cantidad de participantes se reportaron detenciones de más de una decena de personas, incluidos menores de edad y una de ellas embarazada. La falta de información y el silencio de víctimas y familiares debido a las amenazas, dificulta calibrar la totalidad de la represión y seguir la evolución de cada caso. Sin embargo, y en concordancia con los patrones identificados anteriormente, una cantidad considerable de estas personas permanecen en prisión o con medidas cautelares pendientes a juicio, y luego se conoce de sus condenas, como ocurrió con 15 manifestantes bayameses que fueron sancionados con hasta 9 años de cárcel por participar en una protesta en marzo de 2024. Este patrón, de realizar juicio un año después a manifestantes que pasan todo este tiempo encarcelados, también se vio con los seis condenados por protestar en Manicaragua en octubre de 2024.
Además de las detenciones contra manifestantes, también se registraron citaciones, multas, amenazas. El párroco mexicano José Ramírez fue expulsado de Cuba por tocar las campanas del templo de La Milagrosa durante una protesta por apagones en La Habana. Los masones habaneros fueron hostigados por no ceder ante imposiciones de la Seguridad del Estado en su organización fraternal. Varios de los detenidos por participar en una protesta en Baire en el mes de octubre fueron forzados a grabar videos retractándose por haberse manifestado, lo cual constituye una forma más de revictimización y criminalización del derecho a la protesta.
Al igual que en semestres anteriores, la detención arbitraria fue una de las principales medidas represivas empleadas por el régimen cubano contra personas que ejercen sus derechos. La temporalidad de estas puede variar desde unas horas o días hasta el internamiento de la persona en una cárcel a la espera de ser procesado penalmente. En muchos casos, la detención se acompaña por condiciones de desaparición forzada, no solo por la violación del derecho del detenido a informar de su situación, sino porque la policía niega explícitamente la detención ante reclamos de familiares que se personan en las estaciones policiales.
Participar en protestas no fue el único motivo por el que se registraron detenciones. Un amplio espectro de personas de la sociedad civil y la ciudadanía en general sufrieron esta forma de hostigamiento por intentar salir de su casa estando sitiados arbitrariamente, realizar publicaciones, comentarios y videos críticos en redes sociales, asistir a misa, ejercer como gestores particulares de remesas y vendedores ambulantes, por excesos policiales, negarse a asistir a citaciones que no cumplen con la legalidad, ejercer el periodismo independiente, intentar asistir a juicios políticos, visitar activistas, asistir a actividades diplomáticas, discutir con autoridades, pertenecer a organizaciones de la sociedad civil o incluso portar una bala como amuleto forman parte de un amplísimo diapasón que incluye prácticamente el ejercicio de cualquier tipo de derechos restringidos por el régimen cubano.
Los arrestos fueron ejecutados fundamentalmente por la policía, oficiales de la Seguridad del Estado y también, aunque en menor medida, soldados de las tropas especiales. Varias de las detenciones ocurrieron luego de que las personas asistieran a citaciones policiales, se acompañaron de uso injustificado de violencia, tanto en el momento de la detención como luego dentro de las unidades policiales e incluyeron amenazas y actas de advertencia. Las detenciones arbitrarias implicaron la violación de otros derechos como la libertad de expresión, de movimiento, de asociación y la libertad religiosa.
Las amenazas forman parte de la metodología de trabajo de los órganos represivos cubanos, con la finalidad de disuadir el ejercicio de derechos fundamentales. Policías, oficiales de la Seguridad del Estado y el Ministerio del Interior, funcionarios públicos y penitenciarios y paramilitares hacen uso de esta práctica amparados en la impunidad de sus puestos. La intensidad de la denuncia varía según el perfil de la víctima y su nivel de frontalidad ante el régimen. Estas pueden ir desde amenazas de prisión o hasta la muerte.
Las amenazas no siempre quedan en palabras vacías. En ocasiones son la antesala de graves violaciones de derechos que se ejecutan si la víctima persiste en el ejercicio de sus derechos. En entornos cerrados y de alta vulnerabilidad para los sujetos, como son las prisiones, son frecuentes las amenazas para evitar que salgan al exterior las violaciones que se cometen en los penales. Para ello son frecuentes las advertencias que emplean el uso de la violencia, medidas disciplinarias, traslados a prisiones lejanas y hasta la muerte, ya sea por parte de funcionarios penitenciarios o de reclusos comunes al servicio de estos.
Los canales digitales son empleados de forma intensiva para amenazar a personas dentro de Cuba y en el exilio, o a familiares de estos que aún residen en la Isla. También han realizado ataques homofóbicos y misóginos contra familiares de personas que están siendo hostigadas por la Seguridad del Estado. Algunos mensajes incluyen amenazas de muerte, haciendo énfasis en la capacidad del régimen cubano de actuar transnacionalmente. Normalmente las amenazas son realizadas por personas que se identifican con el sistema sociopolítico imperante en la Isla o desde perfiles anonimizados cercanos a la Seguridad del Estado. Ninguna de estas acciones deriva en investigaciones ni tienen consecuencias legales, a pesar de que el Estado cubano sistemáticamente persigue y sanciona a otras personas por sus publicaciones en redes sociales.
Como en períodos anteriores, persiste el patrón de funcionarios estatales que amenazan a mujeres con la pérdida de la patria potestad de sus hijos y amenazas de muerte que apelan a la posibilidad de un accidente, comer algo en mal estado o a la desaparición de la persona.
Estas prácticas se insertan en una política de Estado que de forma abierta y constante apela a la aplicación sobre el ciudadano del poder totalitario. En fecha tan significativa como el 11J, cuando cuatro años atrás el mandatario designado Miguel Díaz-Canel dio en televisión pública su fatídica "orden de combate", utilizó sus canales oficiales de comunicación para emitir un mensaje amenazante y beligerante hacia la población. Ese mismo día las páginas en Facebook de los ejércitos Occidental y Oriental publicaron mensajes exhibiendo su potencial militar y aludiendo a la "defensa de la Patria".
Muchas veces las amenazas se concretan con prácticas de matonismo ejecutadas de forma solapada por las fuerzas represivas o personas bajo su mando. Estas incluyen accidentes, robos, agresiones fisicas, apedreamientos, entre otras. También es frecuente el uso de inspectores para hostigar a activistas, opositores y familiares de presos políticos.
Comparativa Semestral de los Temas Noticiosos más frecuentes en 2025
Comparativa Semestral de las Categorías de Incidentes de Hostigamiento más frecuentes en 2025
Según las denuncias en redes sociales y reportes de organizaciones especializadas, la conexión a internet ha continuado con muchos problemas en el país. Esto se debe fundamentalmente a los prolongados y continuos apagones eléctricos, que afectan también el servicio de internet. A ello se suman las limitaciones a la conectividad provocadas por el aumento de precios y restricciones aplicadas por el monopolio estatal ETECSA en el semestre anterior.
Más allá de estos problemas generales que afectan el derecho a la información y violan los derechos de los consumidores que pagan una de las tarifas de internet más costosas (respecto al salario medio del país) y deficientes del mundo, también desde el Estado se ejecutan cortes intencionados con finalidad política en zonas y contra personas específicas.
Así, se volvieron a registrar apagones de internet focalizados en zonas donde se realizaban protestas populares. Persiste la práctica de cortar el servicio de internet por datos móviles a opositores, activistas y periodistas independientes en fechas en las que el régimen despliega operativos nacionales represivos, como los aniversarios del Maleconazo, el 11J o el Día Internacional de los Derechos Humanos. También son comunes los cortes selectivos contra personas que protestan, realizan denuncias o contra miembros de la sociedad civil, a quienes aplican esta forma de incomunicación y censura indistintamente. Los cortes pueden durar desde horas hasta días y algunos casos implican la inutilización permanente de la línea telefónica. Son ejecutados por el monopolio estatal de las telecomunicaciones ETECSA, por órdenes de la Seguridad del Estado.
Además de los cortes de internet y telefonía móvil, también se han registrado afectaciones a la telefonía fija. Asimismo, activistas han reportado el hackeo de aplicaciones de mensajería privadas como WhatsApp.
El aumento de tarifas de ETECSA en mayo de 2025 no debe interpretarse como un cambio económico aislado, sino como una política estructural de control estatal que restringe la conectividad y reduce la capacidad de denunciar y documentar represión desde Cuba. Los datos muestran un patrón consistente: mientras las noticias se mantienen o aumentan (de 55.5% en abril a 79.8% en diciembre), los incidentes documentados caen drásticamente (de 44.5% a 20.2%), especialmente entre agosto y diciembre. Esto no significa que exista menos represión, sino que se vuelve menos visible por el encarecimiento del acceso a internet, lo que limita testimonios, envío de evidencias y reportes directos. Este hallazgo demuestra que el "silencio estadístico" es un efecto deliberado de represión digital.
En conjunto, el patrón de cortes de comunicaciones registrado en el segundo semestre de 2025 y el impacto del aumento de tarifas de ETECSA en mayo confirman la existencia de un fenómeno estructural de control comunicacional orientado al silenciamiento social. Mientras el encarecimiento del acceso a internet reduce de forma general la capacidad de conexión y denuncia de la población, los cortes intencionados, apagones prolongados y bloqueos selectivos contra activistas y zonas de protesta refuerzan esa restricción de manera focalizada y política. La relación entre ambos factores explica coherentemente la caída de incidentes documentados por Cubalex en los meses posteriores, sin que ello implique una disminución real de la represión, sino una reducción de la visibilidad y de la evidencia disponible. Este comportamiento demuestra la efectividad de las estrategias estatales de silenciamiento: el Estado no solo reprime, sino que controla las condiciones para que esa represión no pueda ser reportada.
Reducción del uso diario de servicios de Google en Cuba frente a eventos críticos de infraestructura en 2025.
Fuente de los datos: Tráfico e interrupciones en Google
El Estado cubano usa la restricción a la libertad de movimiento para evitar el ejercicio de derechos como los de reunión y libertad de expresión y también como castigo contra personas con actitudes críticas hacia el régimen, ya sea dentro o fuera del país, un patrón documentado en informes anteriores.
Lo aplica de tres maneras principalmente: a) arrestos domiciliarios arbitrarios; b) prohibición de salir fuera del municipio o la provincia; c) prohibición de entrada y salida del país.
La primera opción se aplica mayormente durante los operativos represivos a nivel nacional que se ejecutan en fechas señaladas. En el semestre se documentaron este tipo de acciones el día en que la Embajada de Estados Unidos en La Habana celebró el aniversario de la independencia de ese país, el 11 de julio (aniversario de las protestas masivas de 2021), el 5 de agosto (aniversario de la protesta de 1994 conocida como El Maleconazo), el 8 de septiembre (Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba), el 24 de septiembre (Día de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos) y el 10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos).
En estas fechas, decenas de periodistas, activistas, familiares de presos políticos, opositores y ciudadanos amanecen con patrullas, oficiales de la Seguridad del Estado o paramilitares de las Brigadas de Respuesta Rápida que les impiden salir de sus viviendas, a veces con varios días de antelación a la fecha, so pena de ser detenidos. Estos arrestos domiciliarios se acompañan normalmente de detenciones, amenazas, citaciones, uso de la violencia, cortes de internet, entre otras formas represivas combinadas para violentar los derechos de estas personas.
La prohibición de salir del municipio o provincia tiene como objetivos evitar la participación en actividades que reúnan en un mismo lugar a personas de diferentes territorios, realizar encuentros con personal diplomático, o efectuar reclamos ante instituciones gubernamentales de nivel nacional. Aunque en ocasiones no queda claro el motivo de estas prohibiciones, que puede ser puntual o indefinida, se aplican siempre de manera discrecional, arbitraria y sin ningún tipo de documentación legal.
En cuanto a las salidas y entradas del país, las autoridades continuaron con la práctica conocida como regulación, que consiste en impedir de manera arbitraria la salida del país a médicos, activistas y ciudadanos. Mientras, a miembros de la sociedad civil les impiden ingresar al país, incluso cuando median situaciones familiares humanitarias. También durante el período se registró el exilio de presos políticos, a quienes se otorgó la libertad a condición de que abandonaran el país sin posibilidad de retorno.
En el segundo semestre de 2025, estas restricciones a la libertad de movimiento confirmaron su uso sistemático como herramienta de control político y prevención de la protesta. A través de arrestos domiciliarios, prohibiciones de desplazamiento interno y regulaciones migratorias, el Estado limitó la articulación de la sociedad civil y castigó a quienes ejercen derechos fundamentales. La reiteración de estas medidas en fechas simbólicas demuestra que no se trata de acciones aisladas, sino de una estrategia planificada que combina vigilancia, intimidación y aislamiento forzado para inhibir la participación ciudadana y reducir la visibilidad pública de la disidencia.
Conteo diario de incidentes de hostigamiento (Julio - Diciembre 2025)
Siguiendo el patrón del semestre anterior, las autoridades ampliaron la tipificación del delito de sabotaje a otros tipos de delitos comunes y el primer ministro Manuel Marrero Cruz llamó a considerar como tal el robo de combustible, lo cual aumentó considerablemente el marco sancionador para esta práctica. Otro ejemplo de instrumentalización de la ley con fines políticos fue la actualización de la Lista Nacional de personas y entidades buscadas por vínculos con el terrorismo, emitida por el régimen cubano, en la cual califican como tal a disidentes, influencers y organizaciones opositoras.
La ley continúa siendo una herramienta fundamental para la violación de derechos, haciendo uso intensivo de figuras penales que atentan contra la libertad de expresión y manifestación, como es el delito de propaganda contra el orden constitucional y también de sabotaje, desacato y desórdenes públicos.
Estos juicios tienen una motivación política, los testigos de la fiscalía son principalmente los miembros del aparato represivo, la evidencia presentada contra los acusados es insuficiente para destruir su estado de inocencia y se caracterizan por la violación del debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia y el principio de publicidad al desplegar operativos policiales en torno a los tribunales para impedir la entrada de activistas y personas allegadas sin mediar una justificación legal debidamente argumentada.
En el segundo semestre de 2025, esta tendencia confirmó el uso del sistema penal como mecanismo de represión, ampliando tipos delictivos para aumentar sanciones y criminalizar la disidencia. La manipulación de figuras legales y la falta de garantías procesales evidencian que la justicia opera como instrumento político y no como protección de derechos.
Además de la violencia física y psicológica aplicada de manera sistemática contra miembros de la sociedad civil, en el semestre se documentó un patrón sostenido que da cuenta de malas praxis y falta de preparación por parte de la policía y que se refleja en su trato con la ciudadanía en general. Aunque en el informe anterior este patrón estuvo presente en otros identificados, en esta ocasión decidimos incluirlo como un patrón independiente, debido a la recurrencia y gravedad de los hechos documentados en este semestre.
A través de denuncias en redes sociales, Cubalex documentó en el período 14 hechos de violencia extrema contra ciudadanos por parte de policías, que incluyeron ataques con perros, uso excesivo de violencia en detenciones, violencia injustificada, golpizas a personas esposadas, lesiones con objetos contundentes y aplicación de técnicas de estrangulamiento que provocaron asfixia extrema.
Estos casos, que constituyen un subregistro mínimo de los hechos de violencia policial que con frecuencia ocurren en Cuba, son muestra del ambiente de violencia sistematizada e impunidad en el que actúan, de la falta de educación y capacitación en derechos humanos, así como de sensibilización sobre el trato hacia grupos vulnerables, como las personas adultas mayores.
En el segundo semestre de 2025, estos hechos evidencian un patrón alarmante de violencia policial marcada por brutalidad, falta de profesionalidad e impunidad. La recurrencia de agresiones extremas confirma que no se trata de excesos aislados, sino de prácticas sistemáticas que degradan el trato ciudadano y refuerzan un clima generalizado de miedo y desprotección.
Más allá de los patrones represivos específicos identificados en este informe, el análisis de Cubalex evidencia la existencia de patrones transversales que atraviesan y articulan distintas formas de represión. El encubrimiento sistemático y la impunidad, el uso de la amenaza y la persecución por asociación -incluida la dimensión económica y la criminalización amplia y discrecional del ejercicio de derechos conforman un entramado que permite al Estado producir múltiples violaciones de manera simultánea y sostenida. Estas prácticas no operan de forma aislada, sino que se combinan y refuerzan mutuamente, revelando una lógica estructural orientada a inhibir el disenso, extender el control social y garantizar la reproducción del aparato represivo.
Hasta donde ha tenido conocimiento Cubalex, ninguna de las violaciones documentadas ha tenido una respuesta estatal que haya derivado en condenas para los responsables. Por el contrario, estas violaciones se ejecutan en un ambiente de impunidad y encubrimiento, donde muchas veces quienes sufren las violaciones resultan revictimizados, acusados y sancionados. En muchos casos, la única evidencia que los jueces utilizan para declararlos culpables son los testimonios de los mismos oficiales que los violentaron.
Esto es consecuencia de la existencia de un sistema totalitario, que suprime el Estado de Derecho y la independencia judicial. Ni siquiera en los casos más graves, como las muertes bajo custodia, se conoce siquiera de investigaciones y mucho menos de responsabilidad penal. Por el contrario, en varias ocasiones los familiares son amenazados y coaccionados cuando realizan denuncias públicas y se les priva de acceder a la documentación sobre el deceso.
Sembrar miedo para inhibir la acción es un patrón transversal al actuar represivo del Estado cubano y sus agentes. El miedo gravita sobre el individuo incluso antes de actuar, promovido a través de instituciones de socialización como la escuela, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y la propia familia. Aun antes de actuar, el individuo sospecha o conoce las posibles represalias ante el ejercicio de ciertos derechos, que muchas veces ni siquiera son percibidos como tales, sino como conductas peligrosas.
Cuando se produce la protesta, la crítica, el disenso, el Estado pasa a la acción directa sobre el individuo que va desde la advertencia, la amenaza y la persecución económica hasta la violencia y el encarcelamiento. Este actuar represivo en muchas ocasiones se extiende a la familia o círculo cercano de la víctima, empleado como forma de disuasión.
Se evidencia un patrón sostenido de criminalización del ejercicio legítimo de derechos fundamentales, mediante el uso discrecional de figuras legales ambiguas y el actuar cotidiano de las fuerzas represivas. Conductas protegidas por el derecho internacional como expresarse en redes sociales, participar en protestas pacíficas, ejercer el periodismo independiente o practicar la libertad religiosa- son tratadas de forma reiterada como ilícitas.
Tanto la legislación existente, como la práctica de las autoridades, están encaminadas a inhibir o condenar conductas ciudadanas legítimas que el sistema persista como peligrosas para el mantenimiento de su poder totalitario.
Volumen de incidentes de hostigamiento documentados según el perfil social de la víctima (Julio - Diciembre 2025).Pasa el cursor sobre los recuadros para ver el detalle exacto.
Todas las prácticas represivas documentadas vulneran múltiples derechos, algunos de ellos de forma reiterada:
La represión en Cuba mantiene un carácter estructural, integral y en expansión, con un desplazamiento progresivo hacia mecanismos que combinan violencia directa, control legal y desgaste psicológico, en un contexto de impunidad sostenida. Todo indica que estas prácticas continuarán e incluso podrían intensificarse en el primer trimestre de 2026, en un contexto de impunidad sostenida y creciente silenciamiento social.
En este apartado presentamos tablas comparativas entre los incidentes represivos del primer semestre y el segundo semestre de 2025. Desglosamos la información en cuatro categorías principales: datos generales, distribución geográfica, perfil de las víctimas y tipos de represión.
En el periodo del Iro de julio al 31 de diciembre de 2025 se documentaron 1273 hechos violatorios de derechos humanos en todo el país. Los datos muestran patrones y tendencias represivas aplicadas sistemáticamente por el Estado cubano y su aparato represivo para mantenerse en el poder.
Al menos 751 personas fueron afectadas por estas violaciones y más de de las víctimas son ciudadanos que no se encuentran integrados a ninguna organización de la sociedad civil independiente, lo cual da una idea de la amplitud del espectro represivo del régimen cubano. Como en el semestre anterior, las personas privadas de libertad, los defensores de derechos humanos y los afrodescendientes continúan siendo los grupos vulnerables más reprimidos.
También en concordancia con el período anterior, las violaciones más recurrentes fueron las cometidas contra personas privadas de libertad, los operativos policiales de vigilancia, el uso de la violencia o acoso, los traslados forzosos, amenazas y detenciones arbitrarias, entre otros que se muestran en el gráfico.
| Categoría | Primer Semestre 2025 | Segundo Semestre 2025 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Datos Generales | |||
| Eventos violatorios compilados | 1,566 | 1,279 | -18% |
| Promedio mensual de hechos violatorios | 261 | 213 | -18% |
| Promedio diario de hechos violatorios | 8.65 | 6.95 | -20% |
| Distribución Geográfica de las Violaciones | |||
| Provincias con mayor cantidad de violaciones | La Habana (462), Santiago de Cuba (223) y Matanzas (164) | La Habana (442), Santiago de Cuba (122) y Villa Clara (96) | - |
| Municipios con mayor cantidad de violaciones | Santiago de Cuba (211), Santa Clara (108) y Guanabacoa (98) | Santiago de Cuba (89), Guanabacoa (98) y Santa Clara (108) | - |
| Perfil de las Víctimas | |||
| Personas afectadas | 772 | 779 | +1% |
| Mujeres afectadas | 223 | 189 | -15% |
| Hombres afectados | 547 | 590 | +8% |
| Personas no binarias | 2 | 0 | -100% |
Los resultados expuestos reflejan que la represión en Cuba durante el segundo semestre de 2025 mantiene un carácter estructural, diversificado y sostenido, sin que la reducción en el número de registros implique una disminución real de las violaciones de derechos humanos. Por el contrario, factores como los prolongados apagones eléctricos, las restricciones y el encarecimiento del acceso a internet, las represalias contra quienes denuncian y el éxodo forzado de activistas, periodistas y ex presos políticos inciden de manera directa en el subregistro de los hechos documentados, limitando la capacidad de monitoreo y visibilización.
Las tendencias identificadas evidencian la amplitud del diapasón represivo, que combina violencia directa, criminalización legal, incomunicación y estrategias de desgaste psicológico y social. Esta represión no se limita a actores tradicionalmente perseguidos, sino que alcanza de forma creciente a personas sin afiliación a organizaciones de la sociedad civil, lo que confirma una estrategia orientada a castigar cualquier forma de expresión crítica, protesta o autonomía individual en la vida cotidiana.
Asimismo, la persistencia de muertes bajo custodia estatal en contextos penitenciarios, militares y hospitalarios, junto con la ausencia sistemática de investigaciones y sanciones, revela un deterioro profundo de las garantías básicas y una tolerancia estatal creciente frente a desenlaces fatales evitables. Las cárceles continúan siendo espacios centrales de violencia extrema, mientras que la represión a la protesta social se consolida mediante castigos diferidos, procesos penales prolongados y condenas ejemplarizantes que buscan extender el efecto disuasorio en el tiempo.
Finalmente, la instrumentalización del marco legal, el uso recurrente de la incomunicación y las restricciones arbitrarias a la movilidad, así como la normalización discursiva de la represión, confirman la vigencia de un modelo integral de control social basado en la represión y la impunidad. Estos hallazgos subrayan la gravedad del deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba y refuerzan la urgencia de una respuesta internacional sostenida que promueva la rendición de cuentas, las sanciones a estas conductas y la protección efectiva de las víctimas.
Sobre la base de la información recabada en el período, su análisis y comparación con semestres anteriores, el equipo de Cubalex formula las siguientes recomendaciones:
Sobre la base de los resultados de este informe y las limitaciones enfrentadas durante el proceso de monitoreo, se proponen las siguientes líneas de investigación para profundizar el análisis de la situación de los derechos humanos en Cuba:
La elaboración de este informe es posible gracias a la valentía, el compromiso y la perseverancia de quienes, desde dentro de Cuba, enfrentan condiciones extremadamente adversas para documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos. Agradecemos profundamente a las personas defensoras, activistas, periodistas y ciudadanos que colaboran en la recolección de información. Reconocemos especialmente al equipo de monitoreo e investigación de Cubalex, cuya labor es fundamental para consolidar una base sólida de evidencia. Extendemos nuestro agradecimiento a las organizaciones aliadas y a todas las personas que contribuyeron significativamente en la realización de este informe.