El Estado cubano será examinado por la ONU en materia de derechos humanos el próximo 15 de noviembre, en el contexto de la 44ª sesión del Examen Periódico Universal (EPU). Este proceso, como su nombre sugiere, implica la evaluación del historial de cada Estado miembro en relación con los derechos humanos.

Este mecanismo fue aprobado el 15 de marzo de 2006 por Naciones Unidas, mediante la resolución 60/251. Dicha resolución estipula “realizar un examen periódico universal, basado en información objetiva y fidedigna, sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de una forma que garantizara la universalidad del examen y la igualdad del trato respecto de todos los Estados”. 

El Examen Periódico Universal (EPU) constituye un proceso de revisión periódica del historial de derechos humanos de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y se realiza cada 4 años y medio. El proceso de evaluación involucra la presentación, por parte de los Estados, de un informe exhaustivo sobre su situación en materia de derechos humanos. Paralelamente, se lleva a cabo un diálogo interactivo en el que los miembros analizan dicho informe nacional, formulando preguntas, comentarios y recomendaciones. Al culminar, se presenta un informe de resultados que recoge las recomendaciones dirigidas a los participantes. 

Este procedimiento se realiza para conocer la situación actual en materia de derechos humanos de los países miembros e identificar aquellas obligaciones que no han sido cumplidas. Además, el examen posibilita, tanto a los gobiernos como a la sociedad civil, la oportunidad de enviar informes para visibilizar la situación de sus respectivos países. De esta manera, se abre la posibilidad de mejorar las prácticas y los mecanismos de cumplimiento en el ámbito de los derechos humanos.

Cuba se presentará ante el EPU con un panorama muy desalentador, especialmente marcado por los eventos del 11 de julio de 2021, durante los cuales el Gobierno exhibió una política hostil y represiva hacia los manifestantes que salieron a las calles a protestar pacíficamente. 

No será la primera vez que el régimen de La Habana se enfrente a este proceso de evaluación. El último examen de Cuba fue en mayo de 2018, durante el cual se le formularon 339 recomendaciones. De estas, aceptó 226, rechazó 30 y teóricamente consideró 83 para su implementación en el futuro. 

Cuba se someterá a un Examen Periódico Universal con un historial poco favorable en derechos humanos. La Isla ostenta un historial de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que abarcan desde la represión política hasta la ausencia de libertades fundamentales y la discriminación. Además, Cuba se unió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU por sexta ocasión, a pesar de no haber firmado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y tampoco haber ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El gobierno cubano ha demostrado en múltiples ocasiones su falta de compromiso con los derechos humanos. En los últimos años, se ha incrementado la represión dirigida hacia opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas independientes. 

Por ende, el EPU se presenta como una ocasión crucial para que la comunidad internacional exija al régimen cubano respetar los estándares internacionales de derechos humanos. Además, ofrece a los Estados la oportunidad de formular recomendaciones ajustadas a la compleja situación social y política que atraviesa la Isla. En este contexto, el abogado Alain Espinosa subraya la importancia de que el examen sea llevado a cabo de manera rigurosa y objetiva. 

“Creo que las expectativas de la sociedad civil independiente, en especial de aquellos que estamos haciendo activismo directo por el respeto a los derechos humanos en el contexto cubano, es que el examen a Cuba sea lo más riguroso y objetivo posible. Creo que las recomendaciones que deben hacer el resto de los Estados miembros al Estado cubano, deben ser  lo más puntuales posibles, incluyendo acciones directas, y que estas sean con un tiempo de realización lo más acotado posible. Estamos en presencia de una de las dictaduras más longevas y de las más violadoras de derechos humanos del mundo, pero partiendo de la primicia de cómo, pese a eso, hemos ganado espacio frente a los tomadores de decisiones así como frente a la opinión pública mundial. También notamos que nuestra sociedad civil se ha ido empoderando en cuanto al conocimiento respecto a derechos humanos, a identificar violaciones de derechos humanos.  Aunque las recomendaciones que surjan del EPU no sean todo lo efectivas que nosotros deseamos, siempre va a quedar la posibilidad de poder demostrarle a la comunidad internacional la falta de voluntad política del gobierno cubano para asumir y cumplir con sus obligaciones de cara con los derechos humanos y a todo lo implementado en los tratados internacionales de derechos humanos”. 

Durante las pre-sesiones del Examen Periódico Universal el pasado 30 de agosto, la sociedad civil informó sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, con el objetivo de que las misiones permanentes en Ginebra recopilaran información pertinente sobre la realidad de los derechos humanos en el país. Laritza Diversent, abogada y directora ejecutiva de Cubalex, presentó las siguientes recomendaciones: 

1. Ajustar la legislación interna a los estándares internacionales en cuanto al debido proceso, garantizar la independencia del sistema judicial y de los abogados para desempeñar sus funciones de manera efectiva y ajustar la legislación para que los tribunales militares no tengan jurisdicción sobre civiles, y asegurar que solo los tribunales ordinarios sean competentes en casos de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo actos de tortura cometidos contra civiles.

2. Que el Estado cubano deje de criminalizar e intimidar a los manifestantes y garantice recursos efectivos para proteger sus derechos.

3. Las regulaciones que limitan la libertad de asociación deben ser revisadas y modificadas, particularmente en términos de cooperación internacional, para alinearlas con los estándares internacionales.

4. Tomar medidas administrativas y judiciales inmediatas para eliminar las prácticas gubernamentales que menoscaban los derechos de asociación y protesta pacífica.

5. Sustitución del sistema de autorización para formar asociaciones por un sistema de notificación, la eliminación del sistema de doble inspección y la consideración de despenalizar las organizaciones no registradas.

El Examen Periódico Universal (EPU) podría constituir una oportunidad única para que las recomendaciones formuladas por los Estados demuestren a la comunidad internacional la falta de voluntad política del gobierno cubano para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y tratados internacionales. Estas recomendaciones deben tener en cuenta la actual crisis que atraviesan los cubanos, así como la necesidad de implementar reformas sustanciales en la legislación y prácticas gubernamentales que promuevan la protección y defensa de los derechos humanos en la Isla.