Julio Ferrer Tamayo, abogado de Cubalex, expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la compleja situación que enfrentan las organizaciones independientes de la sociedad civil en Cuba, debido al acoso continuo por parte del Estado cubano. Destacó que la implementación sistemática de estos métodos constituye un patrón dirigido a desmantelar dichas organizaciones.

Intervención de Julio Ferrer Tamayo:  

Mi nombre es Julio Alfredo Ferrer Tamayo, soy abogado de Cubalex y trabajo en La Habana desde donde he viajado para dirigirme a esta distinguida Comisión y exponer mi perspectiva sobre la crítica situación que enfrentan las organizaciones independientes de la sociedad civil en Cuba. 

Desde mi experiencia, estas organizaciones son objeto de un acoso persistente por parte de los mecanismos de represión del Estado cubano. Mediante un amplio espectro de estrategias, se busca sistemáticamente su desarticulación. Dicha represión, de intensidad extrema, amenaza con erradicar completamente la presencia y el impacto de estas entidades esenciales para la sociedad cubana.

Los métodos de represión incluyen la infiltración gubernamental, ataques a miembros y sus familias y procesos judiciales con motivaciones políticas. La neutralización de líderes es una estrategia clave, realizada a través del exilio forzoso, amenazas a familiares o campañas de descrédito. En particular, destaco el hostigamiento y presión psicológica contra miembros, como las Damas de Blanco, quienes sufren persecución constante y abusos. Su líder, Berta Soler, vive bajo cerco permanente en su hogar, con su vida cotidiana gravemente perturbada.

La represión se extiende al allanamiento y confiscación de medios de trabajo, como en el caso de Cubalex, que sufrió una incursión en su sede, resultando en la confiscación de documentos y equipos, y el exilio forzado de la mayoría de sus miembros. Fui detenido durante estos eventos y estuve en prisión durante aproximadamente 11 meses. El encarcelamiento es otro método de represión, sirviendo como castigo y advertencia. La sistemática implementación de estos métodos indica un patrón dirigido a desarticular las organizaciones independientes de la sociedad civil en Cuba.

Mi camino con las organizaciones independientes de la sociedad civil en Cuba comenzó en 2009 tras mi separación de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos , motivada por mi compromiso con una administración de justicia justa y respetuosa de los derechos ciudadanos. Esta decisión me llevó a involucrarme con personas afectadas por injusticias y mala práctica legal, marcando el inicio de mi relación con la sociedad civil independiente de Cuba.

Mi primera experiencia significativa fue con la Asociación Jurídica Cubana (AJC), con la que intenté obtener reconocimiento legal siguiendo los procedimientos legales establecidos. A pesar de cumplir con los requisitos, cómo solicitar una certificación de ausencia de nombre duplicado y presentar recursos legales ante la falta de respuesta de las autoridades, nuestros esfuerzos fueron sistemáticamente ignorados o rechazados. Incluso, llevamos el caso ante el Tribunal Supremo, que reconoció nuestro derecho a recibir una respuesta, pero aún así, la legalización fue denegada.

Viví una situación similar con Cubalex, enfrentándonos a respuestas evasivas y rechazos por parte de las autoridades a pesar de seguir meticulosamente los procedimientos normativos. Esta experiencia subrayó el desconocimiento general sobre la ley y los procedimientos de legalización tanto en la población como en los funcionarios, un vacío que parece ser una estrategia deliberada del Estado cubano para obstaculizar el reconocimiento legal de estas organizaciones.

En lo personal, encuentro gran satisfacción en educar sobre el conocimiento de la ley y los métodos legales que pueden facilitar la legalización de estas organizaciones. Sin embargo, es profundamente decepcionante enfrentar la negativa absoluta de las autoridades cubanas a reconocer legalmente a estas organizaciones, a pesar de que cumplan con todos los requisitos. Esta actitud del Estado cubano cierra cualquier posibilidad de reconocimiento legal, ignorando incluso las provisiones legales existentes.

Mi principal recomendación para las organizaciones independientes de la sociedad civil en Cuba es persistir en la lucha por defender sus derechos y lograr el reconocimiento legal. No deben desfallecer en su empeño.

Dirijo un llamamiento a la comunidad internacional, instándoles a brindar su apoyo a estas organizaciones. Es crucial una acción conjunta y coordinada para ejercer presión sobre las autoridades cubanas, con el fin de asegurar el respeto a los derechos de estas organizaciones y de sus integrantes.

En cuanto a mi visión de futuro y mis reflexiones finales, es cierto que el panorama para las organizaciones independientes de la sociedad civil en Cuba se presenta desalentador, dada la actual atmósfera de represión sistemática. Sin embargo, mantengo la convicción de que la lucha por los derechos humanos y la justicia es una causa imperante y esencial. Continuará siendo el faro que guíe nuestros esfuerzos y aspiraciones hacia un futuro donde prevalezca la equidad y el respeto por la dignidad humana.