El episodio 11 del espacio Empodérate Cubano profundizó en los delitos contra el orden constitucional en el país. Se destacó cómo la legislación actual emplea el derecho penal no sólo para salvaguardar el orden constitucional y la perpetuidad del sistema político, sino también para penalizar el ejercicio legítimo de los derechos humanos, lo que resulta en una restricción de las libertades esenciales de los ciudadanos. 

El abogado de Cubalex, Alain Espinosa, enfatizó sobre la ilegitimidad del orden constitucional en Cuba, al señalar que el Estado cubano usa el derecho penal para restringir y, en muchos casos, impedir el ejercicio de los derechos fundamentales. Al establecer constitucionalmente una ideología política por encima de los derechos humanos, el gobierno cubano demuestra su falta de voluntad para proteger la seguridad interna y, en cambio, busca mantenerse en el poder y obtener beneficios a expensas de la violación de los derechos humanos y el empobrecimiento de sus ciudadanos, lo cual contradice las normas internacionales y del sentido común democrático. 

Actualmente, en Cuba se aplica la pena de confiscación y de muerte por motivos políticos. Las protecciones fundamentales del debido proceso judicial aún no se han restaurado y existe discriminación contra las personas que manifiestan oposición a las políticas o decisiones económicas tomadas por el grupo en el poder.

Protección penal del orden constitucional en Cuba

El debate abordó la viabilidad de una reforma constitucional en Cuba, cuestionando inicialmente si su regulación se alinea con los estándares internacionales. Espinosa destacó que la Constitución de Cuba tiene un enfoque contrario, estipulando que únicamente la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) tiene la autoridad para modificarla, y establece como inalterables el carácter definitivo de la revolución y los principios del socialismo. 

Además, la falta de participación real en el referéndum constitucional y la imposibilidad de enmendar la Constitución contradice los derechos fundamentales de los ciudadanos. También es cuestionable la presencia de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dado su incumplimiento de las obligaciones internacionales.

El jurista examinó la persistencia de diversas infracciones en el Código Penal a través de los años, destacando que, lejos de progresar, dichas legislaciones han retrocedido. Advirtió también sobre la incongruencia entre la normativa actual y las recomendaciones del derecho internacional, especialmente en lo que respecta a la pena de muerte, que no sólo se mantiene, sino que se amplía su aplicación, contraviniendo el derecho a la vida establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los delitos contra el orden constitucional, según el Código Penal vigente, incluyen sanciones severas como la privación de libertad, la pena perpetua o la pena de muerte, para quienes se alzan en armas con el objetivo de cambiar la Constitución o impedir el funcionamiento de las autoridades.

Espinosa se refirió a la ambigüedad de los artículos 119 y 120 del Código Penal cubano, que criminalizan actos sin definirlos claramente, otorgando discrecionalidad a los jueces. Mencionó la peligrosidad de esta discrecionalidad dada la interpretación parcial y la impunidad evidente.

Foto: Captura de pantalla de la transmisión en vivo del espacio “Empodérate cubano”, que conduce la periodista Iliana Hernández. 

Se critica el uso indebido del derecho penal, particularmente en casos como las protestas del 11 de julio, donde los ciudadanos ejercieron su derecho legítimo a la protesta pacífica y por este motivo recibieron altas sanciones. Se menciona la contradicción entre la prohibición de la propaganda a favor de la guerra en la Constitución y las declaraciones del presidente Díaz-Canel que incitan a la violencia entre los propios ciudadanos.

Espinosa habló sobre la falta de seguridad y protección para los ciudadanos, especialmente en los casos de feminicidio y violencia de género. Mencionó el caso específico del feminicidio de la joven de 17 años que buscó refugio en una estación de policía en la provincia de Camagüey y fue asesinada por su agresor dentro de dicha instalación. En este caso, el abogado destacó la falta de protocolos efectivos para prevenir estos crímenes y la necesidad de un mayor compromiso del Estado en la protección de los derechos de sus ciudadanos. 

La involución de Cuba en materia legislativa se manifiesta especialmente en términos de penas más severas y la eliminación de elementos técnicos que podrían favorecer a los acusados. En este sentido, el especialista criticó la ampliación del marco de privación de libertad y la introducción de la cadena perpetua en el nuevo Código Penal, interpretando estas medidas como una estrategia para inhibir el ejercicio de derechos y libertades. 

Respecto a la eliminación del término “medio ilícito” del artículo 120 del Código Penal, amplía la posibilidad de sancionar actos que podrían ser ejercicios legítimos de derechos. Se destaca la ambigüedad en la definición de términos como “arbitrario”, lo cual podría llevar a la criminalización de cualquier acto contrario a los intereses del gobierno.

El declive legislativo en Cuba, insiste el abogado, está vinculado a la voluntad política de criminalizar y reprimir, evidenciado en el aumento de las penas de prisión en el nuevo Código Penal. De ahí la importancia de conocer las leyes para que la sociedad pueda protegerse de situaciones que faciliten la aplicación de figuras penales. El uso sistemático de estas leyes restrictivas pueden provocar un estallido social violento, si se tiene en cuenta la asfixiante situación que enfrenta la población cubana. No obstante, ejercer los derechos, denunciar abusos y visibilizar casos de aplicación ilegal del derecho penal sigue siendo crucial para el caso cubano. 

En conclusión, el análisis del abogado nos lleva a comprender que, en un entorno de represión política, el conocimiento de la ley y la defensa activa y visible de los derechos humanos no son sólo actos de resistencia civil, sino también pasos esenciales hacia la protección y eventual restitución de la integridad del Estado de Derecho en Cuba.