Las conclusiones enviadas por Naciones Unidas tras el examen del Estado cubano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) evidencian una vez más cómo el Estado cubano enmascara y perpetúa un racismo institucional profundo y sistémico contra la población afrodescendiente.
Sobrelegislación
Para ello utiliza como estrategia de defensa ante el mundo una hiperproducción de normas legales que en la práctica no se aplican. Durante este Examen, la delegación oficial utilizó la promulgación de la Constitución de 2019, la Ley del Proceso Penal de 2021, el Código de las Familias de 2022 y diversos protocolos de actuación de la Fiscalía, en su intento de presentarle al mundo un país donde la dignidad humana es respetada a cabalidad, y la discriminación está tipificada y proscrita.
Sin embargo, el propio CERD constató con profunda preocupación la ineficacia material de estas normas, a partir de la inexistencia de casos en los que los tribunales nacionales hayan aplicado estas disposiciones. A esta falencia se suma el reconocimiento, por parte de las propias autoridades judiciales cubanas, de que no existen demandas ni fallos de los tribunales por discriminación en el orden racial.
Si bien el Estado cubano intenta manipular a la opinión pública internacional vendiendo esta “cifra cero” como evidencia de la ausencia de racismo generalizado, en realidad esto lo que demuestra es la ineficacia de los mecanismos y recursos judiciales, la falta de acceso a la justicia, el temor a las represalias institucionales y la desconfianza ciudadana en un sistema judicial parcial, que opera como un engranaje más del aparato represivo estatal.
Censos viciados y blanqueamiento
En la Cuba post 1959 los datos estadísticos han estado marcados por vicios metodológicos estructurales. En el caso de la raza, el sistema se limita a la autoidentificación exclusivamente por “color de la piel”, utilizando términos con pesada carga colonial y despectiva como “mulato” y “pardo”.
Estos términos forman parte de la discriminación sistémica impuesta en la sociedad cubana, y que condicionan las oportunidades de supervivencia y ascenso social, lo que ha derivado en un fenómeno sociológico de “blanqueamiento”. Ante el estigma arraigado, muchas personas se ven empujadas a negar su ascendencia africana y a autopercibirse bajo categorías que las acerquen a la blanquitud, buscando eludir la marginalidad. Esta situación no pasó desapercibida para el Comité, que ha sido claro al exigir que se revise esta metodología para garantizar consultas culturalmente adecuadas que reflejen la verdadera composición étnica de la población, sin las trampas semánticas del Estado.
Racismo institucional, limitación de oportunidades, perfilamiento y restricciones a la movilidad
La narrativa de igualdad estatal colapsa frente a las evidencias del racismo institucional, el cual se manifiesta en múltiples dimensiones de la vida de los afrodescendientes en Cuba, dentro de las que destacan la sobrerrepresentación en empleos elementales o de baja calificación, trabajo informal, así como en el acceso a la vivienda, donde continúan siendo quienes mayoritariamente residen en viviendas improvisadas y barrios sin servicios básicos adecuados.
La racialización de los cuerpos negros en Cuba se hace evidente en el accionar de las fuerzas del orden. El CERD documentó alegaciones continuas de controles y chequeos policiales basados en el aspecto físico o estereotipos raciales, seguido de restricciones expresas a transitar o permanecer en determinados lugares, especialmente en zonas turísticas.
La criminalización del activismo afrodescendiente es severa. Existen denuncias sostenidas de vigilancia, acoso y detenciones arbitrarias contra defensores de derechos humanos, artistas y periodistas que abordan el racismo. Como táctica represiva, el Estado viola el derecho a la movilidad imponiendo restricciones de movimiento y salidas del país para impedir que estos activistas asistan a reuniones de mecanismos internacionales. La excusa estatal para estas violaciones es calificar sistemáticamente a los activistas críticos como mercenarios financiados desde el exterior para “subvertir el orden”.
Sobrerrepresentación carcelaria
La culminación de este ciclo de discriminación institucionalizada se evidencia en el sistema penitenciario. Los datos expuestos durante el examen son lapidarios: mientras las personas afrodescendientes representan el 33,7% de la población general cubana, conforman un abrumador 58% de la población encarcelada.
El Estado intenta diluir esta realidad ofreciendo cifras alternativas y argumentando que no obedece a una conducta racializada de los tribunales, sino a “condiciones económicas” heredadas. Legal y sociológicamente, justificar que el aparato punitivo estatal encarcele mayoritariamente a la población negra bajo la premisa de “desventajas históricas” es admitir, precisamente, la existencia de un racismo estructural que el Estado no ha resuelto y que el sistema penal se encarga de castigar en lugar de proteger.
El examen de Cuba ante el CERD demuestra nuevamente la distancia entre la retórica diplomática y la realidad práctica del país. El Estado cubano ha perfeccionado una fachada de igualdad legal para el consumo internacional, mientras internamente perpetúa un modelo que invisibiliza estadísticamente a los afrodescendientes, tolera el perfilamiento racial, criminaliza la defensa de sus derechos y los condena, de forma desproporcionada, a la marginación y al encierro. La discriminación racial en Cuba no es un remanente inofensivo del pasado; es una dinámica activa, institucionalizada y sostenida intencionalmente por el aparato estatal.
A pesar de la propaganda y falta de transparencia de la delegación oficial, los relatores del organismo internacional tomaron en cuenta las preocupaciones y preguntas sugeridas por la sociedad civil.