Cubalex manifiesta su preocupación ante el incremento de las revocaciones de beneficios penitenciarios concedidos a personas presas por motivos políticos en Cuba, una práctica que evidencia la fragilidad de estas medidas y su utilización como mecanismo de control y castigo contra quienes continúan siendo objeto de persecución por ejercer sus derechos fundamentales.
Desde enero de 2025, cuando comenzaron las excarcelaciones derivadas de las negociaciones entre el régimen cubano y el Vaticano, Cubalex ha documentado al menos diez revocaciones de beneficios penitenciarios a personas presas políticas. De confirmarse la revocación de la licencia extrapenal del preso político Leonel Tristá García, la cifra ascendería a 11.
Las revocaciones registradas hasta la fecha corresponden a:
- Félix Navarro Rodríguez
- José Daniel Ferrer García (forzado al exilio posteriormente)
- Jaime Firdó Rodríguez
- Adán Kiubel Castillo Echevarría
- Donaida Pérez Paseiro
- Marlon Brando Díaz Oliva
- Oscar Corría Sánchez
- José Enrique Pablo Oliva
- Denis Hernández Ramírez
- Yunaykis Linares Rodríguez
Esta tendencia confirma que las excarcelaciones y otros beneficios penitenciarios no han supuesto el cese de la persecución contra las personas presas por motivos políticos, sino que permanecen sometidas a un régimen de vigilancia permanente y bajo la amenaza constante de regresar a prisión mediante procedimientos caracterizados por la falta de transparencia y de garantías judiciales.
Para Cubalex, las excarcelaciones anticipadas otorgadas a varios presos políticos no respondieron a garantías jurídicas ni a estándares de derechos humanos, sino a acuerdos políticos entre Cuba, Estados Unidos y el Vaticano. Esos acuerdos tenían motivaciones esencialmente políticas y funcionaron como una “moneda de cambio” para obtener beneficios diplomáticos. Al romperse estos acuerdos —por ejemplo, el regreso de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo y el fallecimiento del Papa que participó en la negociación— el régimen ha dejado de respetar las condiciones bajo las cuales fueron liberados.
En mayo anterior, Cubalex publicó una alerta sobre denuncias relacionadas con la revocación o negación de beneficios a personas privadas de libertad en la isla. Allí se incluyeron otros casos de presos políticos -Ángel Cuza, Yoan de la Cruz y Yanet Pérez Quevedo-, que habían sido excarcelados y volvieron a prisión.
Los casos de junio: Yunaykis Linares y Leonel Tristá García
Los hechos ocurridos durante junio ilustran con claridad este patrón.
El caso más reciente confirmado es el de la presa política del 11J Yunaykis Linares Rodríguez. Excarcelada en enero de 2025, fue detenida nuevamente el pasado 2 de junio durante las protestas registradas en Santa Amalia, municipio Arroyo Naranjo, en La Habana.
Durante su detención, su familia denunció actos de violencia, aislamiento, restricciones para las visitas, negativa a recibir alimentos, amenazas de traslado y la intención de las autoridades de justificar su permanencia bajo custodia mediante una supuesta evaluación psiquiátrica. Asimismo, denunció la existencia de amenazas de revocación de su libertad condicional, las cuales finalmente se materializaron con su traslado a la prisión de mujeres El Guatao. Cubalex ha advertido que el uso de supuestos trastornos psiquiátricos para desacreditar o neutralizar a personas detenidas constituye un patrón represivo ampliamente documentado en Cuba.
A ello se suma el caso de Leonel Tristá García, preso político del 11 de julio en Santa Clara, cuya familia denunció que el pasado 16 de junio agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) acudieron a su vivienda con una orden de registro que no cumplía los requisitos legales. Tras negarse a permitir el registro en esas condiciones, los agentes regresaron horas después con una orden de detención y lo trasladaron a la Tercera Unidad de la PNR de Santa Clara bajo acusaciones de desorden público y desacato.
Según la denuncia recibida por Cubalex, esas acusaciones fueron retiradas posteriormente. Sin embargo, las autoridades emitieron una orden para revocarle la licencia extrapenal concedida en enero de 2025 y estaría pendiente de resolución por los tribunales de Santa Clara. El opositor permanece hasta este viernes recluido en dicha estación policial.
El caso particular de José Enrique Pablo Oliva
Entre las revocaciones documentadas existe un caso con características distintas. José Enrique Pablo Oliva, preso político del 11J, no fue beneficiario de las excarcelaciones de enero de 2025.
En 2023 había recibido una licencia extrapenal. Sin embargo, según informó el opositor Guillermo Fariñas, esa licencia fue revocada en enero de este año y actualmente permanece recluido en el campamento de trabajo correccional “Las Grimas”, ubicado en las afueras de Placetas, Villa Clara.
Su caso demuestra que el patrón de revocaciones no afecta únicamente a quienes fueron excarcelados en 2025, sino también a otras personas presas políticas que se encontraban disfrutando de beneficios penitenciarios concedidos con anterioridad.
Cubalex reitera que la utilización de las revocaciones como respuesta frente al ejercicio de derechos fundamentales o como mecanismo de represalia constituye una grave vulneración de las garantías del debido proceso y evidencia el carácter arbitrario con el que las autoridades administran estos beneficios penitenciarios. La organización continuará documentando estos casos y exigiendo el respeto de los derechos de las personas presas por motivos políticos y el cese de la persecución contra ellas.
*El 12 de mayo de 2026 se documentó la muerte del preso político del 11J Ernesto Brieva Sempé, de 52 años, en el Combinado del Este, con un cuadro severo de desnutrición y complicaciones renales no atendidas adecuadamente. Fue condenado en enero de 2023 a 5 años de trabajo correccional sin internamiento por su participación en las protestas de Toyo, pero el beneficio fue revocado por sostener su postura crítica al sistema. Se desconoce la fecha en que fue revocado a prisión.