El humorista cubano Eduardo “Eddy” Ceballos Pérez, creador del canal Despingovery Channel, permanece detenido desde hace casi dos meses en la prisión Combinado del Este, en La Habana, mientras su familia continúa sin conocer las pruebas que sustentarían la acusación por el presunto delito de espionaje que le imputan las autoridades cubanas.
Cubalex ha podido confirmar que Ceballos comparte proceso judicial con el camarógrafo Cristian Rodríguez Riverón, también acusado del mismo delito y recluido en el Combinado del Este.
El pasado 9 de julio, Ceballos fue trasladado durante la noche desde el Combinado del Este hacia la estación policial de 100 y Aldabó para una nueva ronda de interrogatorios. El traslado ocurrió apenas un día antes de la visita familiar que le correspondía, lo que impidió que esta pudiera realizarse.
Cubalex ha podido confirmar que la visita familiar pendiente desde el 10 de julio finalmente se realizó el 13 de julio. De acuerdo con la información recabada, Ceballos ha perdido más de 20 libras de peso desde su detención.
Entre las condiciones de reclusión denunciadas se encuentran la mala calidad de la comida, la falta de agua para el aseo personal y prolongados apagones dentro del penal, a lo que se suma una epidemia de chinches y la presencia de reclusos con tuberculosis, una enfermedad contagiosa, en el mismo recinto.
Una imputación cambiante y sin sustento conocido
Desde el inicio del proceso, las autoridades han modificado la calificación jurídica de los hechos sin ofrecer información suficiente que permita comprender el fundamento de la acusación.
Inicialmente, a la familia se le informó que Ceballos sería procesado por un supuesto delito de “invasión a propiedad militar”, una figura que Cubalex denunció por no existir ni en el Código Penal cubano vigente ni en el Código Penal Militar.
Posteriormente, las autoridades comunicaron que el humorista estaba siendo investigado por el presunto delito de espionaje, sin que hasta la fecha la familia haya tenido acceso a elementos probatorios que sustenten esa acusación. En el marco de esa investigación, la Fiscalía Militar busca establecer supuestos vínculos del canal Despingovery Channel con determinadas entidades extranjeras, con el propósito de sustentar la acusación de espionaje en favor de dichas entidades.
Asimismo desde la semana pasada fue presentada una solicitud de cambio de medida cautelar, la cual debe ser respondida por la Fiscalía Militar antes de que finalice esta semana.
Ceballos fue detenido el 1 de junio en La Habana después de ingresar a una instalación militar abandonada y publicar un video sobre el lugar en sus redes sociales. Horas después fue arrestado mediante un amplio operativo policial desplegado en las inmediaciones de su vivienda y permaneció varios días en condición de desaparición forzada de corta duración, al mantenerse incomunicado y sin información oficial sobre su paradero.
Durante su permanencia en prisión, además, ya fue víctima de una agresión física en el Combinado del Este, denunciada públicamente por sus familiares el pasado mes de junio.
La acusación de espionaje plantea serias dudas jurídicas
Más allá de la evidente arbitrariedad del caso, la evaluación de los hechos a la luz del derecho interno e internacional revela múltiples irregularidades que comprometen gravemente el principio de legalidad, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
El delito de espionaje, regulado en el artículo 116 del Código Penal cubano de 2022, sanciona a quien, en perjuicio de la seguridad del Estado, colabore o mantenga relaciones con servicios de inteligencia de un Estado extranjero, les suministre información o procure obtenerla para entregársela. También comprende la entrega de información secreta cuya divulgación pueda perjudicar al Estado, así como determinados supuestos de obtención no autorizada de información sobre instalaciones militares y otros objetivos estratégicos.
Se trata de uno de los delitos más severamente castigados por la legislación cubana, con sanciones que oscilan entre 10 y 30 años de prisión, privación perpetua de libertad o incluso la pena de muerte en los casos considerados más graves. Otros supuestos relacionados con la obtención no autorizada de información sobre instalaciones militares contemplan penas de entre 5 y 20 años de prisión, o de 4 a 10 años en determinadas circunstancias.
Hasta el momento, sin embargo, las autoridades no han hecho público ningún elemento que permita establecer que la conducta atribuida a Ceballos encaje en alguno de los supuestos previstos por la ley para este delito.
Documentar hechos de interés público está protegido por el derecho internacional
La Constitución de la República reconoce el derecho de las personas a buscar y recibir información, mientras que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya firma compromete a Cuba a no frustrar el objeto y propósito del tratado, protege la libertad de expresión y el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones por cualquier medio.
La Observación General No. 34 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desarrolla este derecho y deja claro que comprende la utilización de plataformas digitales para documentar y difundir hechos de interés público mediante imágenes, videos y otros formatos audiovisuales.
Asimismo, los estándares internacionales establecen que los Estados no pueden invocar de manera genérica la protección de la seguridad nacional para ocultar negligencias institucionales, restringir el escrutinio público o imponer sanciones penales desproporcionadas contra quienes ejercen legítimamente su libertad de expresión.
En ese sentido, la utilización de una acusación tan grave como el espionaje contra una persona cuya conducta conocida consistió en grabar y difundir imágenes de una instalación aparentemente abandonada plantea serios cuestionamientos sobre la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la actuación estatal.
La ausencia de información sobre las pruebas, el cambio de la imputación inicial, la incomunicación sufrida tras la detención, los reiterados interrogatorios y las condiciones de reclusión denunciadas por la familia configuran un conjunto de violaciones al debido proceso que deben ser investigadas y corregidas conforme a las obligaciones nacionales e internacionales del Estado cubano.