El régimen cubano continúa utilizando el exilio como mecanismo de control político y represivo, mediante propuestas, amenazas o condiciones dirigidas a activistas, opositores y personas privadas de libertad por motivos políticos. La práctica permite a las autoridades disminuir la presión que generan determinadas figuras dentro de Cuba, al tiempo que traslada el costo de la represión hacia las propias víctimas y sus familias.
El equipo de Monitoreo de Cubalex ha identificado en lo que va de 2026 una serie de casos en los que las autoridades cubanas o la policía política han planteado el exilio como alternativa a la persecución, el encarcelamiento o la continuidad de las medidas represivas.
La estrategia presenta diferentes modalidades. En algunos casos, la Seguridad del Estado ofrece directamente la salida del país a activistas que permanecen en libertad; en otros, la posibilidad de abandonar Cuba se presenta como condición para obtener la excarcelación de una persona presa por motivos políticos. También existen casos en los que el régimen plantea el exilio, pero posteriormente incumple su parte del acuerdo y mantiene a la persona encarcelada.
No se trata de decisiones migratorias libres cuando estas se producen bajo amenazas de prisión, presión sobre familiares, deterioro de las condiciones de reclusión o como única alternativa para recuperar la libertad. El resultado es una forma de destierro condicionado, mediante la cual el Estado cubano busca desarticular a personas y grupos que ejercen una posición crítica sin tener que asumir el costo político de mantenerlas indefinidamente en prisión.
Roilán Álvarez: libertad condicionada a un pasaje a Guyana
Uno de los casos más recientes es el del preso político Roilán Álvarez Rensoler, quien permanece recluido en la Prisión Provincial de Holguín después de protagonizar una huelga de hambre como protesta por su encarcelamiento y por las condiciones de reclusión.
Al concluir su protesta, los familiares denunciaron que las autoridades les plantearon que debían conseguir un pasaje de avión a Guyana como condición para que el activista fuera excarcelado. La familia rechazó la exigencia por considerar que constituye una forma de chantaje y porque no dispone del dinero necesario para adquirir el boleto.
Los familiares también expresaron temor de que, una vez realizado el pago, las autoridades no cumplan con su compromiso de liberar a Álvarez Rensoler, dejándolos sin los fondos utilizados para comprar el pasaje y con el activista todavía en prisión.
El caso resulta especialmente preocupante debido al deterioro de salud que ha sufrido el opositor durante su encarcelamiento. En marzo pasado, Cubalex documentó que Álvarez Rensoler había permanecido 49 días en huelga de hambre, hasta sufrir un paro cardiorrespiratorio que requirió maniobras de reanimación en un hospital de Holguín.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también adoptó en marzo medidas cautelares a su favor al considerar que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentaban un riesgo de daño irreparable.
La exigencia de un pasaje para conseguir la libertad de una persona privada de libertad por razones políticas convierte un derecho fundamental —la libertad personal— en objeto de negociación y coloca nuevamente a la familia en una situación de extrema vulnerabilidad.
Una práctica que alcanza a activistas y presos políticos
El monitoreo realizado por Cubalex durante 2026 ha registrado propuestas de exilio dirigidas a Ana Sofía Benítez y su madre, Caridad Silvente; al preso político Félix Navarro y su hija, la también presa política Sayli Navarro; al activista José Antonio López Piña; al exprisionero político Kevin Damián Frómeta; al artivista Luis Manuel Otero Alcántara; al rapero y preso político Maykel Castillo Pérez, “Osorbo”; a Yoelsy Linares Reyes; al preso político del 11J Yosvany Rosell García; a la presa política Yunaikys Linares, cuando se encontraba en libertad y antes de su nueva detención en junio; a la expresa política Sissi Abascal, cuando aún estaba encarcelada; y al propio Roilán Álvarez Rensoler, quien continúa privado de libertad.
Estos casos muestran que el exilio no es utilizado únicamente como respuesta frente a personas encarceladas. También funciona como una herramienta de prevención y desarticulación del activismo, mediante la cual las autoridades buscan sacar del territorio nacional a quienes mantienen una presencia pública crítica.
La combinación de estas prácticas evidencia que el exilio puede operar como una extensión de la represión: cuando el encarcelamiento genera demasiado costo político o social, la salida forzada del país se convierte en una alternativa para reducir la presencia de determinadas voces dentro de Cuba.
Sissi Abascal: el antecedente de una familia obligada a elegir
Uno de los casos más claros de esta dinámica es el de Sissi Abascal Zamora, integrante de las Damas de Blanco y una de las opositoras más jóvenes de esa organización.
Abascal, de 28 años, cumplía una condena de seis años de privación de libertad en la prisión La Bellotex, en Matanzas, por los delitos de desorden público, desacato y atentado, tras su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Durante su encarcelamiento, las autoridades le negaron reiteradamente beneficios penitenciarios y progresiones hacia regímenes de menor severidad. Cubalex documentó que a finales de 2025, agentes de la Seguridad del Estado le plantearon el exilio como alternativa para recuperar la libertad.
Sin embargo, la condición impuesta no se limitó a Sissi. El aparato represivo condicionó su salida de prisión a que su madre, Annia Zamora, también integrante de las Damas de Blanco, aceptara abandonar primero Cuba.
Zamora tuvo que aceptar el destierro para posibilitar la excarcelación y facilitar que su hija pudiera recibir atención médica. Finalmente, ambas salieron hacia Estados Unidos en mayo de 2026, mediante la facilitación de una visa humanitaria.
El caso provocó además una fractura familiar: el padre de Sissi, el opositor Armando Abascal, permanece en Cuba junto con otro de sus hijos.
La situación muestra cómo el régimen puede extender el castigo más allá de la persona que mantiene una postura política incómoda. La libertad de una presa puede quedar condicionada a que un familiar abandone el país, obligándolo a elegir entre permanecer junto a su familia o aceptar el destierro como precio para recuperar a un ser querido.
No se trata únicamente de sacar a una persona de Cuba. Es una forma de desarticulación familiar y política, que utiliza los vínculos afectivos como instrumento de presión.
Cubalex ya había advertido que existe una conexión entre la negación o revocación arbitraria de beneficios penitenciarios y la imposición del exilio forzado, dentro de un continuo de mecanismos utilizados para controlar a personas disidentes.
Maykel Osorbo: cuando el régimen ofrece el exilio y después no cumple
El caso del rapero Maykel Castillo Pérez, “Osorbo”, demuestra además que aceptar la salida del país no garantiza que las autoridades cubanas cumplan su parte.
Castillo permanece encarcelado desde mayo de 2021 y cumple una condena de nueve años. La CIDH concluyó que su proceso estuvo marcado por violaciones al debido proceso, a la libertad de expresión y a la libertad personal, y calificó su privación de libertad como arbitraria y de motivación política.
Durante años, las autoridades cubanas le han planteado la posibilidad de exiliarse como una supuesta vía para salir de prisión. El artista habría aceptado esa alternativa. Sin embargo, el régimen no ha concretado su liberación.
La situación adquirió una nueva dimensión en julio de 2026, cuando Estados Unidos aprobó un parole humanitario para Maykel, documento que le permitiría viajar a ese país si las autoridades cubanas finalmente lo liberaran. A pesar de contar con esta posibilidad, el artista continúa encarcelado.
En 2023 ya se había aprobado un parole similar para que el preso político saliera del país y el régimen cubano no lo permitió.
El caso evidencia uno de los principales riesgos de este mecanismo: la palabra de las autoridades cubanas no constituye una garantía de libertad. El régimen puede presentar el exilio como una salida, pero mantener a la persona presa incluso después de que esta haya aceptado abandonar el país y existan condiciones para recibirla en el extranjero.
Un mecanismo para exportar la represión
El exilio forzado no elimina la naturaleza política de una detención ni convierte en voluntaria una salida obtenida bajo coacción. Por el contrario, puede constituir una continuación de la misma política represiva por otros medios.
En lugar de permitir que una persona ejerza sus derechos dentro de Cuba, las autoridades pueden ofrecerle dos opciones igualmente condicionadas: permanecer en prisión o abandonar el país.
En los casos de presos políticos, esta práctica tiene además un efecto de descompresión sobre el sistema penitenciario y sobre la presión internacional. Una persona que sale de Cuba deja de estar físicamente en una cárcel cubana, pero la causa que originó su encarcelamiento —la persecución de sus ideas, su activismo o su expresión— permanece sin ser reparada.
Para las familias, el costo puede ser todavía mayor: separación de padres e hijos, pérdida de redes de apoyo, incertidumbre migratoria y la imposibilidad de regresar libremente al país.
Cubalex considera necesario que cualquier excarcelación de una persona privada de libertad por motivos políticos sea incondicional, y que la libertad no sea utilizada como moneda de cambio para imponer el destierro. La salida de Cuba debe ser una decisión libre de cada persona y nunca una condición impuesta por el Estado para recuperar un derecho que este mismo Estado ha restringido arbitrariamente.
En los casos documentados por Cubalex, la respuesta apunta a una estrategia en la que la Seguridad del Estado no solo busca encarcelar a quienes considera incómodos, sino también sacarlos del territorio nacional, romper sus vínculos familiares y reducir el espacio interno para la organización y la denuncia de las violaciones de derechos humanos.