El expreso político y manifestante del 11J Andy García Lorenzo fue detenido el domingo 30 de agosto en la ciudad de Santa Clara, y permaneció alrededor de 20 horas recluido, en un nuevo episodio represivo contra una persona que ya había cumplido su condena por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
García Lorenzo fue arrestado en la vía pública y trasladado a la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Santa Clara, según denunciaron familiares en redes sociales. De acuerdo con las informaciones difundidas por sus allegados, las autoridades pretendían acusarlo de un supuesto delito de “desorden público”, relacionado con la toma de fotografías en las calles.
Tras su arresto, Andy García Lorenzo inició una huelga de hambre como forma de protesta contra la detención. Sus familiares y otras personas cercanas acudieron el domingo a la estación policial para conocer sobre su situación y reclamar su libertad. Finalmente fue liberado el lunes.
García Lorenzo fue uno de los jóvenes que participaron en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), las mayores manifestaciones antigubernamentales registradas en Cuba en décadas. Por estos hechos fue condenado a cuatro años de prisión y cumplió íntegramente su sanción. Fue liberado en julio de 2025.
Esta detención arbitraria de corta duración ocurre, por tanto, después de que ya hubiera cumplido la condena impuesta por su participación en las manifestaciones.
Más de 50 incidentes represivos contra manifestantes del 11J fuera de prisión
El caso de Andy García Lorenzo se inserta en un patrón represivo más amplio documentado por Cubalex durante 2026.
En lo que va de año, el monitoreo de la organización ha contabilizado 54 eventos represivos contra 28 manifestantes del 11J que se encontraban fuera de prisión en el momento en que ocurrieron estos hechos.
Estos datos constituyen un subregistro, por lo que la cifra puede ser mayor y no incluyen los eventos represivos que puedan producirse contra estas mismas personas una vez que son nuevamente encarceladas.
Entre los hechos documentados se encuentran detenciones, vigilancia, amenazas, citaciones y otras formas de hostigamiento dirigidas contra manifestantes que ya habían salido de prisión después de cumplir sus condenas o recibir algún beneficio penitenciario.
Particularmente preocupante resulta la utilización de las revocaciones de beneficios penitenciarios como mecanismo de persecución. Durante 2026, Cubalex ha documentado al menos cinco casos de personas presas por motivos políticos del 11J que habían sido excarceladas y posteriormente regresaron a prisión:
- Denis Hernández
- Yoan de la Cruz
- Yunaykis de la Caridad Linares
- Leonel Tristá García
- José Enrique Pablo Oliva
Estos casos evidencian que la salida de prisión no necesariamente supone el fin de la persecución para quienes fueron encarcelados por participar en las protestas del 11J.
La situación documentada durante este año demuestra que las excarcelaciones y otros beneficios penitenciarios no han significado el cese de la persecución contra las personas encarceladas por motivos políticos.
Por el contrario, quienes recuperan su libertad permanecen sometidos a un régimen de vigilancia y hostigamiento, al tiempo que enfrentan la amenaza constante de regresar a prisión mediante procedimientos caracterizados por la falta de transparencia y de garantías judiciales.
El caso de García Lorenzo vuelve a poner de manifiesto esta realidad. Después de cumplir cuatro años de prisión por los hechos del 11J y recuperar su libertad en julio de 2025, vuelve a encontrarse detenido por una acusación de “desorden público”.
La situación resulta especialmente preocupante porque la privación de libertad se produce en relación con una conducta que, según las denuncias disponibles, consistió en tomar fotografías en espacios públicos.
Las revocaciones como mecanismo de represalia
Cubalex reitera que la utilización de las revocaciones de beneficios penitenciarios como respuesta frente al ejercicio de derechos fundamentales o como mecanismo de represalia constituye una grave vulneración de las garantías del debido proceso.
La organización considera que esta práctica evidencia el carácter arbitrario con el que las autoridades cubanas administran los beneficios penitenciarios y mantiene a las personas excarceladas en una situación de inseguridad jurídica permanente.
El monitoreo de Cubalex continuará documentando los incidentes represivos contra manifestantes del 11J que se encuentran fuera de prisión, así como las nuevas detenciones y revocaciones que puedan producirse.
La organización exige el respeto de los derechos fundamentales de las personas presas por motivos políticos, las garantías del debido proceso y el cese de la persecución contra quienes ya cumplieron sus condenas o fueron beneficiados con su excarcelación.