El monitoreo de Cubalex muestra un descenso de los nuevos incidentes relacionados con la militarización de la vida civil durante agosto de 2026. Los registros pasaron de 55 incidentes en julio a 23 en agosto, mientras que septiembre, todavía parcial, acumula cinco. La reducción ocurre, además, en un contexto de menor número de protestas: en agosto, Cubalex documentó 94 protestas públicas, menos de la mitad de las 199 registradas en julio.
La lectura de estos datos requiere una distinción fundamental: el monitoreo contabiliza nuevos despliegues e incidentes registrados durante cada período, no la presencia de estructuras que ya habían sido activadas. Por tanto, una reducción del flujo mensual no significa que las estructuras militares, policiales o de defensa territorial desplegadas durante los meses anteriores hayan sido retiradas. Esta diferencia entre el flujo de nuevos incidentes y el dispositivo ya instalado es clave para interpretar agosto y septiembre.
El informe de Cubalex “Cuba: militarización social y excepcionalidad de facto”, que analizó el período comprendido entre febrero y julio, documentó 215 eventos y mostró un proceso acumulativo en el que los saltos de militarización registrados durante los distintos meses no se desmontaban después de cada episodio. El documento fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y describió cómo la militarización pasó de una fase organizativa a convertirse en una forma ordinaria de gobernar el país.
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Desde enero de 2026, Cuba vive una militarización progresiva de la vida civil sin que el Estado haya declarado formalmente ninguna de las situaciones excepcionales que contempla su propia Constitución. El punto de partida documentado por Cubalex fue la sesión del Consejo de Defensa Nacional del 17 de enero de 2026, cuando se aprobaron los planes y medidas para el llamado “paso al Estado de Guerra”. Desde entonces, estructuras militares de mando asumieron funciones civiles relacionadas con el transporte, el combustible, el orden público y los servicios.
Todo ello ocurrió sin una proclamación formal de un estado excepcional, sin límites temporales y sin los controles judiciales o parlamentarios propios de estas situaciones. Es lo que el informe denomina una excepcionalidad de facto. Entre febrero y abril se produjo la fase de organización, operación y consolidación, con activación de Zonas de Defensa y milicias, despliegues en respuesta a un récord de protestas por el colapso eléctrico y estructuras militares asumiendo funciones civiles.
Mayo fue el mes de la institucionalización preventiva, con la mayor dispersión territorial del año: un ejercicio nacional de defensa encabezado por el presidente y la distribución de una “Guía Familiar para la Protección ante una Agresión Militar” llevaron la lógica bélica hasta el interior de los hogares.
En junio y julio, el detonante se desplazó hacia la crisis eléctrica: el aumento de los apagones multiplicó las protestas vecinales y la respuesta estatal siguió una secuencia que se repitió semana tras semana: protesta por apagones, despliegue de tropas especiales, detenciones y presencia militar permanente en el barrio.
Agosto: menos incidentes y una mayor simplificación
Agosto no reproduce ese nivel de expansión. El volumen de nuevos registros disminuyó de 55 en julio a 23 en agosto, pero también ocurrió un cambio significativo en la composición de los incidentes. Mientras abril llegó a registrar nueve categorías distintas de hostigamiento, en agosto los registros quedaron concentrados en una sola categoría.
En ese mes no se registraron eventos de militarización vinculados a las tensiones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, sí se vuelven a documentar en septiembre incidentes de incomunicación, vinculados al apagón de las comunicaciones en establecimientos penitenciarios ocurrido entre el 19 y el 21 de septiembre.
También destacaron en agosto ciclos recurrentes de despliegues y vigilancia en Santiago de Cuba y Diez de Octubre, La Habana, así como vigilancia preventiva ligada a apagones, para evitar estallidos sociales.
A diferencia de las protestas y la vigilancia -que han bajado entre agosto y septiembre-, los ejercicios militares se mantienen presentes casi todo el año. En una entrevista precisamente en agosto, el gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó: “Todas las semanas hay un Día Nacional de la Defensa. Las estructuras están activadas. Tenemos una concepción que es la Guerra de Todo el Pueblo”.
El comportamiento de las categorías refuerza la necesidad de diferenciar entre la estructura de militarización que permanece activa y los nuevos incidentes que el monitoreo registra cada mes. Lo observado en agosto y septiembre puede describirse como un repliegue y una simplificación del flujo de nuevos incidentes, pero no como un desmontaje de la estructura construida desde febrero.
Un indicador que se mueve con las protestas
La militarización parece moverse con las protestas en la isla: cuando aumentan las manifestaciones, aumentan también los nuevos despliegues registrados bajo esta categoría, y cuando disminuyen las protestas, los despliegues también caen. La revisión de los operativos policiales con motivo conocido aporta otro elemento. El 63 % de esos operativos pudo vincularse de manera verificable a una protesta ocurrida el mismo día o hasta tres días después.
Estos datos apuntan a que una parte importante de los nuevos despliegues funciona como respuesta a la protesta social. En ese sentido, puede verse la militarización como un termómetro reactivo de la protesta. Esto es compatible con el patrón identificado en el informe de febrero-julio ante la CIDH: la protesta puede actuar como detonante inmediato de nuevos despliegues, aunque estos formen parte de una estructura de militarización más amplia y acumulativa.
La caída de este indicador en agosto y septiembre, por tanto, no contradice el hallazgo estructural del informe anterior. Lo que muestra es que el flujo de nuevas activaciones puede disminuir junto con el detonante que las genera, mientras permanece la estructura creada previamente. Por eso, los datos no permiten hablar de una desmilitarización ni de que el Estado haya retirado las capacidades desplegadas durante los meses anteriores.
Menos despliegues, pero más violencia ciudadana
El informe mensual de Cubalex de agosto también identificó una aparente reducción de los eventos de militarización. Sin embargo, esa disminución no estuvo acompañada de una reducción de la violencia ciudadana. Por el contrario, agosto registró el nivel más alto de violencia ciudadana desde que Cubalex monitorea esta variable, con un récord de 52 homicidios.
Este contraste introduce otro elemento relevante para la interpretación. Una menor cantidad de nuevos despliegues no equivale necesariamente a una mayor protección de la población ni a una disminución general de la coerción estatal. La militarización y la violencia ciudadana son variables diferentes, y su comportamiento no necesariamente coincide.
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Posibles causas y contexto de la caída
Hay varias hipótesis sobre la mesa para explicar el descenso de los nuevos incidentes de militarización en agosto, pero ninguna permite establecer una causa única. La primera apunta a la reactividad de los despliegues frente a las protestas: si una parte importante de los operativos se produce como respuesta a manifestaciones o protestas vecinales, la reducción de estas últimas podría explicar parte de la caída de los nuevos despliegues. La elevada correlación entre ambos indicadores y el vínculo verificable entre una parte significativa de los operativos y las protestas apuntan en esa dirección.
Una segunda posibilidad es el subregistro, incluido el efecto de la naturalización de una presencia policial o de seguridad que deja de ser novedosa. En ese escenario, podrían disminuir los incidentes que pueden identificarse como nuevos aunque continúe activa una presencia instalada anteriormente. Parte de la caída podría reflejar entonces una reducción real de determinadas movilizaciones, pero otra parte podría estar relacionada con las propias limitaciones del monitoreo.
También se han planteado otras hipótesis: que la crisis económica y la falta de recursos estén limitando la capacidad estatal para realizar nuevos despliegues; que exista una menor tensión externa; o que las sanciones contra individuos vinculados al aparato represivo estén teniendo algún efecto disuasorio. Sin embargo, los datos disponibles no permiten confirmar ninguna de estas explicaciones.
Otra hipótesis que merece seguimiento es el posible efecto de la denuncia internacional. La audiencia de Cubalex ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo lugar el 4 de agosto. Inmediatamente después se registraron cuatro días consecutivos sin nuevos despliegues, pese a que las protestas volvieron a repuntar. La coincidencia temporal permite plantear una posible relación, pero no permite afirmar que la audiencia haya provocado la reducción; se necesitaría observar si el comportamiento se mantiene y si aparece en otros períodos.
La crisis eléctrica también puede funcionar como una tercera variable relevante. Durante junio y julio, los apagones estuvieron estrechamente vinculados al aumento de las protestas y, a través de ellas, a nuevos despliegues. Si la intensidad o distribución territorial de las protestas cambió durante agosto, eso podría haber incidido indirectamente en la cantidad de nuevos operativos registrados.
En conjunto, los datos de agosto y septiembre apuntan a un repliegue y una simplificación del flujo de nuevos incidentes de militarización, pero no permiten concluir que exista una desmilitarización ni que las estructuras activadas desde febrero hayan sido desmontadas. El comportamiento observado es compatible con un modelo en el que los nuevos despliegues responden parcialmente a la protesta y disminuyen cuando esta disminuye, mientras las capacidades y estructuras previamente activadas permanecen disponibles.
La lectura debe mantenerse abierta. El subregistro, la corta duración de la serie —ocho meses— y la diferencia entre presencia instalada y nuevos despliegues son limitaciones importantes. Además, correlación no significa causalidad. Los próximos meses permitirán observar si agosto fue un episodio aislado de menor actividad o si se mantiene el cambio en el flujo de nuevos despliegues, así como determinar qué parte de la caída responde a una reducción efectiva de las movilizaciones estatales y qué parte refleja que dispositivos previamente instalados continúan activos sin generar nuevos registros.