Resumen
José Elías González Agüero permanece detenido en la unidad policial de Zapata y C, en La Habana, desde el 16 de octubre.
El activista necesita medicamentos de uso diario que no pudo llevarse al ser detenido y presenta diarreas
El caso se produce tras denuncias previas de vigilancia y restricciones a su libertad de movimiento.
Cubalex alerta sobre la detención del activista cubano José Elías González Agüero, vicecoordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) y líder gestor del Proyecto Emilia, quien permanece detenido en la unidad policial de Zapata y C, en La Habana, desde el pasado 16 de octubre.
Su arresto, la falta de acceso oportuno a sus medicamentos y la utilización de una presunta acusación por desobediencia generan preocupación por sus derechos a la libertad personal, la salud y el debido proceso.
El viernes 16 de octubre, dos oficiales de la Seguridad del Estado se presentaron en la vivienda de González Agüero y lo detuvieron. El activista fue sacado de su casa en el carro patrullero 271D, sin que le dieran tiempo de llevar consigo los medicamentos que necesita tomar diariamente debido a sus padecimientos. Durante varias horas se desconoció su paradero, situación que constituyó un período de desaparición forzada, hasta que se confirmó que estaba recluido en la unidad policial de Zapata y C.
Al día siguiente, sábado 17 de octubre, las autoridades le impusieron una fianza de 7.000 pesos cubanos. Sin embargo, cuando un familiar acudió a pagarla, le comunicaron que debía esperar hasta el lunes 19 de octubre, debido a que el banco no trabajaba durante el fin de semana. La imposibilidad de completar el trámite mantuvo a González Agüero privado de libertad, mientras su familia continuaba sin disponer de información suficiente sobre su situación.
Este lunes 19 de octubre, el activista continúa detenido en la unidad policial de Zapata y C. Según la información recibida, presenta diarreas y las autoridades le comunicaron que lo trasladarían a un hospital. González Agüero se negó y manifestó que debía estar en su casa.
La situación resulta especialmente preocupante porque fue arrestado sin poder llevarse los medicamentos que necesita de manera habitual. Su negativa al traslado hospitalario no exime al Estado de su obligación de garantizarle atención médica adecuada, evaluar su estado de salud y facilitarle el acceso a los tratamientos necesarios.
Un familiar acudió este lunes a intentar pagar la fianza. En ese contexto, un oficial de la Seguridad del Estado informó a la familia que González Agüero tiene una causa por el supuesto delito de «desobediencia», debido a que presuntamente no se presentó a citaciones anteriores realizadas por las autoridades.
Hasta el momento de la información disponible, no se han precisado las circunstancias de esas citaciones ni las razones por las que su incomparecencia habría dado lugar a una causa penal.
El uso del delito de desobediencia en Cuba plantea serias preocupaciones cuando se emplea para castigar la negativa de una persona a cumplir órdenes o citaciones arbitrarias, particularmente en contextos de vigilancia y hostigamiento contra activistas. La imposición de citaciones policiales no puede convertirse en un mecanismo para restringir de manera injustificada la libertad personal ni para sancionar el ejercicio de derechos fundamentales.
Cuando las autoridades recurren a figuras penales sin demostrar una conducta delictiva concreta y una base legal legítima, el proceso puede convertirse en un instrumento de represalia política. La calificación de una conducta como desobediencia no basta, por sí sola, para justificar una detención: deben respetarse los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y presunción de inocencia.
La detención ocurre después de que, en septiembre, González Agüero denunciara que agentes de la policía política mantenían un sitio en su vivienda. También informó que oficiales le advirtieron que no podía asistir a un evento en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Estos antecedentes refuerzan la preocupación por el posible carácter intimidatorio de las medidas adoptadas contra él y por el uso de mecanismos policiales y penales para limitar su actividad cívica.
Desde una perspectiva de derechos humanos, el Estado cubano tiene la obligación de garantizar que toda privación de libertad se ajuste a la ley, esté debidamente fundamentada y pueda ser impugnada ante una autoridad judicial independiente e imparcial. Asimismo, debe informar oportunamente a la persona detenida y a sus familiares sobre los motivos de la detención, garantizar el acceso a asistencia letrada y asegurar condiciones de reclusión compatibles con la dignidad humana. La atención médica y el acceso a los medicamentos necesarios no pueden condicionarse a la voluntad de las autoridades ni utilizarse como mecanismo de presión.
Cubalex exige que las autoridades informen de manera transparente sobre la situación jurídica de José Elías González Agüero, garanticen su acceso inmediato a los medicamentos y a una evaluación médica adecuada, y respeten sus derechos al debido proceso y a la defensa. También reclama que se investiguen las circunstancias de su detención y del período en que su paradero permaneció sin confirmar, y que se ponga fin a cualquier medida de hostigamiento motivada por su actividad política o cívica.
La organización recuerda que ninguna persona debe ser privada de libertad ni sometida a represalias por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales. La utilización del sistema penal para silenciar a activistas y restringir su participación en la vida pública es incompatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado cubano.