Cierre del puesto médico de la prisión Cuba-Panamá amenaza el derecho a la salud de los reclusos con VIH

El cierre del puesto médico de la prisión Cuba-Panamá, ubicada en el municipio de Güines, provincia de Mayabeque, representa una grave amenaza para la salud y la vida de las personas privadas de libertad en esa instalación, destinada a reclusos que viven con VIH.

La medida agrava la vulnerabilidad de una población que necesita seguimiento médico y acceso continuo a tratamientos, y plantea serias preocupaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado cubano de garantizar condiciones de reclusión compatibles con la dignidad humana y el derecho a la salud.

La situación fue denunciada por el preso político Pedro Luis Fernández Peralta, quien protestó ante la guarnición del penal después de conocer el cierre del servicio médico. La protesta tuvo lugar durante una visita de un teniente coronel del Ministerio del Interior (MININT), que se identificó como integrante de la Delegación Provincial de Mayabeque y preguntó a los reclusos por sus quejas sobre el funcionamiento de la prisión. Fernández Peralta calificó la medida como «un genocidio premeditado», al considerar que privar a los internos de atención médica suponía exponerlos a un deterioro progresivo de su salud.

El cierre resulta especialmente preocupante porque no se trata de una población penitenciaria cualquiera, sino de personas que viven con VIH y cuya salud puede verse comprometida si se interrumpen los controles clínicos, la atención ante complicaciones o el acceso oportuno a los medicamentos que necesitan.

La privación de libertad no suspende el derecho a la salud ni exime al Estado de su responsabilidad de proporcionar una atención sanitaria adecuada. Por el contrario, al mantener a estas personas bajo su custodia y limitar su capacidad para buscar asistencia por sus propios medios, las autoridades asumen una responsabilidad reforzada de protección.

La denuncia se produce, además, en un contexto de reiteradas vulneraciones del derecho a la salud en las cárceles cubanas. En su informe mensual correspondiente a septiembre de 2026, Cubalex documentó 38 incidentes de negación de atención médica o negligencia, una de las manifestaciones recurrentes de la violencia institucional en los centros penitenciarios. Estos datos refuerzan la preocupación de que la desatención sanitaria en prisión no constituye un hecho aislado, sino parte de un patrón que expone a los reclusos a riesgos evitables para su integridad y su vida.

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En el caso de la prisión Cuba-Panamá, la eliminación de un servicio médico en una instalación que alberga a personas con VIH plantea interrogantes urgentes sobre las medidas adoptadas para garantizar la continuidad asistencial, la prevención de complicaciones y la protección efectiva de quienes se encuentran bajo custodia estatal. Las autoridades penitenciarias tienen la obligación de asegurar que ninguna decisión administrativa se traduzca en la interrupción de servicios esenciales ni en un riesgo injustificado para la salud de los internos.

A continuación, se presenta un análisis técnico y humanitario de esta denuncia basada en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos –Reglas Mandela– y en la interseccionalidad de las vulnerabilidades que afectan a esta población penal.

Las Reglas Nelson Mandela establecen de forma taxativa que el Estado es el absoluto responsable de la salud de las personas bajo su custodia, debiendo garantizar un nivel de atención médica equivalente al que se brinda a la población libre.

• Principio de Equivalencia de la Atención (Regla 24): Esta norma mandata que la prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad estatal y que estos deben gozar de los mismos estándares de atención sanitaria disponibles en la comunidad. Clausurar el puesto médico de un penal diseñado precisamente para enfermos crónicos de VIH vulnera este principio básico, dejando a los internos en un estado de desprotección absoluta.
• Continuidad del Tratamiento y Especialización (Regla 24.2): Los servicios médicos penitenciarios deben asegurar el tratamiento de enfermedades infecciosas y crónicas, asegurando la continuidad de perfiles terapéuticos complejos. El VIH requiere un monitoreo inmunológico constante y un apego estricto al tratamiento antirretroviral (TARV) para evitar mutaciones del virus y fallos virológicos. Sin personal médico in situ, el control de estas pautas es inviable.
• Atención de Emergencias y Traslados (Regla 27): Todo recluso que requiera tratamiento especializado debe ser trasladado a instituciones civiles o puestos especializados si el penal no cuenta con ellos. El desmantelamiento de la infraestructura médica local sobrecarga el sistema, dilata los tiempos de respuesta ante crisis oportunistas (como neumonías o infecciones severas) y eleva exponencialmente el riesgo de desenlaces fatales.

Las personas privadas de libertad que viven con VIH enfrentan una superposición de desventajas que el Estado tiene la obligación de mitigar mediante un enfoque de equidad y no discriminación.

• Dependencia absoluta: El interno carece de autonomía para buscar un médico o adquirir fármacos por cuenta propia. Si el penal suprime el servicio, el recluso queda completamente desamparado. 
• Factores de riesgo ambientales: Las prisiones con deficientes condiciones de higiene, hacinamiento y desnutrición actúan como caldos de cultivo para enfermedades oportunistas y brotes epidemiológicos (como la tuberculosis).
• Inmunosupresión: Un sistema inmunitario debilitado no tolera la falta de atención o las interrupciones de tratamiento. Patógenos comunes que en ambientes externos son tratables, en una prisión sin puesto médico se convierten en amenazas de muerte directa.
• Estigma y discriminación: Históricamente, las poblaciones con VIH en reclusión sufren de aislamiento social y rechazo. La pérdida del único espacio técnico y confidencial para su cuidado (el puesto médico) profundiza su exclusión y menoscaba su dignidad humana. 

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El cierre del puesto médico es el eje de una crisis humanitaria provocada por el colapso del sistema asistencial dentro del penal. La protesta liderada por el preso político Pedro Luis Fernández Peralta y respaldada por otros internos expone una acumulación de carencias extremas que atentan directamente contra la vida de esta población penal vulnerable. 

Desglose de las nuevas denuncias e incumplimiento de las Reglas Mandela

1. Justificación oficial del cierre frente a la responsabilidad estatal

• La denuncia: Un oficial del Ministerio del Interior (MININT) alegó que el servicio cerró porque el personal del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) se niega a trabajar en el penal y por la escasez de médicos en los hospitales civiles. 
• Infracción de las Reglas Mandela (Regla 24): El Estado no puede delegar ni justificar la falta de atención médica por deserciones o crisis del sector civil. Las Reglas Mandela establecen que el Estado es el responsable absoluto de organizar y financiar los servicios médicos penitenciarios de forma que la atención sea continua. Trasladar la carga a los familiares de los internos, exigiéndoles que provean los medicamentos, es una dejación de funciones que la norma internacional prohíbe de forma taxativa. 

2. El Efecto Cascada: Falta de agua, alimentos y visitas

• La denuncia: Los reclusos alertaron que, además del cierre médico, sufren escasez severa de alimentos, falta de transporte para recibir visitas familiares y ausencia de agua potable tanto para el aseo como para el consumo. 
• Infracción de las Reglas Mandela (Reglas 18, 22 y 35): El acceso al agua potable (Regla 22) y a una alimentación con valor nutritivo suficiente (Regla 35) son determinantes fundamentales de la salud. Para las personas que viven con VIH, la desnutrición y la falta de higiene aceleran el fallo inmunitario. Negar estos servicios mínimos transforma la reclusión en un “genocidio premeditado”, tal como denunció Fernández Peralta. 

3. Precedentes fatales de negligencia médica en el penal

• La denuncia: Cabe recordar el caso del preso político Luis Miguel Oña Jiménez en febrero de 2026, quien sufrió una isquemia en Cuba-Panamá, no recibió atención oportuna, quedó paralizado y murió al poco tiempo de recibir una licencia extrapenal urgente.
• Infracción de las Reglas Mandela (Regla 27): La Regla 27 mandata el traslado inmediato de reclusos que requieran cuidados especializados a hospitales civiles si el penal no cuenta con la infraestructura. Utilizar la licencia extrapenal como un recurso de última hora cuando el interno ya se encuentra en estado terminal (como en el caso de Oña Jiménez) evidencia que el sistema penitenciario usa la liberación para evadir la responsabilidad estadística de las muertes bajo su custodia, en lugar de garantizar una atención médica preventiva y de emergencia adecuada. 

La paradoja de los “Centros Especiales” para VIH en Cuba

El Reglamento de Ejecución Penal de Cuba contempla formalmente la creación de establecimientos de tipo especial para reclusos con VIH/Sida (como San José de las Lajas, El Caguayo y Cuba-Panamá). Sin embargo, las denuncias demuestran una contradicción estructural profunda:

1. Guetos sin asistencia: Concentrar a una población inmunodeprimida en una instalación específica con el pretexto de atender su condición, para luego desmantelar el puesto médico, convierte al penal en un espacio de aislamiento punitivo desprovisto de garantías sanitarias fundamentales. 
2. Violación del principio de No Discriminación (Regla 2): Aunque las Reglas Mandela permiten la separación de reclusos por motivos de salud para aplicar tratamientos especializados, esta medida nunca puede usarse para desmejorar sus condiciones generales o dejarlos en un desamparo mayor que al resto de la población penal.

Las denuncias documentadas confirman que el cierre del puesto médico en la prisión Cuba-Panamá no es un hecho aislado, sino la culminación de un patrón de desatención crónica que abarca la falta de insumos, agua y alimentos. Al no asegurar el personal del MINSAP en la instalación y pretender que las familias asuman el suministro de fármacos en un contexto de colapso de transporte, las autoridades penitenciarias violan el núcleo esencial de las Reglas Nelson Mandela, incrementando de forma deliberada el riesgo de letalidad entre los internos que viven con VIH.