Resumen
Autoridades cubanas atribuyen a los cinco sobrevivientes de la lancha interceptada el 25 de febrero varios delitos que pueden acarrear hasta 30 años de prisión, cadena perpetua e incluso pena de muerte.
Las imputaciones incluyen delitos de terrorismo, contra la seguridad de la navegación marítima, asociación para delinquir y tenencia ilegal de armas.
Cubalex advierte que la acumulación de figuras penales de extrema gravedad puede funcionar como un mecanismo de criminalización política, intimidación y coacción procesal.
En octubre de 2026, el programa oficialista Razones de Cuba publicó nuevos detalles sobre los delitos e imputaciones formulados contra los cinco sobrevivientes de la lancha con matrícula de Florida interceptada por tropas Guardafronteras cubanas el pasado 25 de febrero. El enfrentamiento terminó con cinco personas muertas y otras cinco detenidas por las autoridades de la isla. La publicación oficial, titulada “Armas, Starlink, finca en EEUU: confesiones desde Villa Clara”, amplió la información sobre los acusados, sus supuestos vínculos con organizaciones opositoras y los delitos que se les imputan.
Los cinco sobrevivientes identificados por las autoridades son José Manuel Rodríguez Castelló, Christian Ernesto Acosta Guevara, Leordán Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol y Amijail Sánchez González. La investigación también menciona a otras personas que se encuentran fuera de Cuba, entre ellas Maritza Lugo, señalada por La Habana como una de las presuntas organizadoras de la operación. Según la versión oficial, los detenidos tendrían vínculos con organizaciones radicadas en Estados Unidos, como Nueva Nación Cubana, Cuba Primero, el Partido Republicano de Cuba y los movimientos Escudo Cubano y Autodefensa del Pueblo, y habrían sido reclutados mediante redes sociales.
Anteriormente, los medios oficiales han indicado que los cinco sobrevivientes permanecen recluidos en una sección de máxima seguridad del Combinado del Este, en La Habana, y continúan en prisión provisional junto a Duniel Hernández Santos, quien se encontraba en Cuba desde 2024 y es señalado por las autoridades como supuesto colaborador de la operación. Estas acusaciones y la información difundida por los medios estatales deben entenderse como la versión de las autoridades, no como hechos judicialmente probados ni como una demostración de responsabilidad penal individual.
Según la información publicada por Razones de Cuba, los delitos atribuidos a los implicados incluyen los artículos 151, 157, 162, 167, 273 y 276 de la Ley 151/2022, Código Penal cubano. Se trata de figuras relacionadas con actos cometidos con armas o artefactos explosivos, atentados contra la seguridad de la navegación marítima y aérea, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir y portación o tenencia ilegal de armas de fuego. La combinación de estas imputaciones sitúa el caso en un marco penal de extrema gravedad, con sanciones que, dependiendo de la calificación, las circunstancias y las reglas de aplicación de las penas, pueden alcanzar varias décadas de privación de libertad, prisión perpetua e incluso pena de muerte.
A partir de estas revelaciones, el análisis jurídico de Cubalex examina cómo la utilización conjunta de estas figuras penales puede convertirse en un instrumento de criminalización política, cómo las condiciones de detención e interrogatorio comprometen las garantías procesales y de qué manera la severidad de las sanciones puede utilizarse como mecanismo de intimidación y presión sobre los acusados.
Una calificación penal orientada a la criminalización política
Desde una perspectiva dogmático-jurídica y de derechos humanos, Cubalex advierte que la selección y aplicación conjunta de los artículos 151, 157, 162, 167, 273 y 276 del Código Penal no responde simplemente al encuadramiento de conductas de delincuencia común. Su utilización permite activar un mecanismo de securitización y juzgamiento político, mediante el cual el Estado transforma hechos vinculados con acciones de oposición o movilidad hacia el territorio nacional en supuestas amenazas contra la seguridad del Estado.
La inclusión de los artículos 151 y 167, correspondientes a conductas relacionadas con el terrorismo, permite desplazar el caso del ámbito penal ordinario hacia el marco de los delitos de terrorismo. Esta calificación facilita que las autoridades presenten cualquier intento de entrada, salida o acción de oposición política como una supuesta “infiltración terrorista” o “agresión armada”. En este contexto, Cubalex advierte sobre el riesgo de que las actividades atribuidas a organizaciones como el Partido Republicano de Cuba (PRC), mencionadas en el caso de Corralillo, sean utilizadas para construir una narrativa de amenaza terrorista sin que ello sustituya la obligación de demostrar individualmente los elementos de cada delito.
Por otra parte, los artículos 157 y 162, relativos a la seguridad de la navegación marítima y aérea, pueden instrumentalizarse para convertir desplazamientos migratorios o la interceptación de embarcaciones civiles en supuestos actos de desestabilización o sabotaje marítimo. A su vez, la imputación simultánea de asociación para delinquir (artículo 273) y portación y tenencia ilegal de armas de fuego (artículo 276) puede cumplir una función de sobredimensionamiento de la peligrosidad social de los acusados, reforzando la narrativa oficial sobre la supuesta amenaza que representaban y justificando preventivamente actuaciones estatales desproporcionadas, incluido el empleo de fuerza letal por parte de las agencias militares y de Guardafronteras.
La construcción anticipada de una narrativa político-terrorista desde las instancias oficiales, mediante declaraciones de la Cancillería o presentaciones ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, puede contribuir a exculpar preventivamente a los agentes estatales por posibles ejecuciones extrajudiciales o usos ilegítimos de la fuerza. De esta manera, la responsabilidad por lo ocurrido se desplaza hacia la supuesta peligrosidad de las personas involucradas, antes de que exista una investigación independiente e imparcial que esclarezca los hechos y determine las responsabilidades correspondientes.
Declaraciones de culpabilidad y vulneraciones del debido proceso
La utilización de tipos penales de extrema gravedad también plantea interrogantes sobre las condiciones en que se obtienen las declaraciones de los detenidos. Cubalex advierte que la investigación de delitos relacionados con el terrorismo y la seguridad del Estado puede implicar el traslado de los acusados a centros especializados de inteligencia e interrogatorio, como Villa Marista, donde se han denunciado prácticas de aislamiento, incomunicación familiar y restricciones al acceso a una defensa técnica independiente.
En este contexto, se identifica un patrón documentado de presiones físicas y psicológicas sobre personas detenidas o sobrevivientes para obtener autoinculpaciones y declaraciones previamente construidas, que posteriormente son difundidas por los medios oficiales. Estas grabaciones y confesiones públicas buscan validar la versión gubernamental de una supuesta infiltración o ataque armado antes de que se produzca una investigación judicial independiente y se examinen las pruebas con las debidas garantías.
La difusión de estas declaraciones plantea serias preocupaciones sobre la presunción de inocencia y el derecho a no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable, reconocido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La presentación pública de los detenidos como responsables de hechos criminales antes de una sentencia firme, especialmente cuando sus declaraciones se producen bajo condiciones de aislamiento y sin garantías suficientes de defensa, compromete la legitimidad del procedimiento penal.
A estas preocupaciones se suman las circunstancias de la muerte bajo custodia de Roberto Álvarez Ávila, que no han sido esclarecidas, así como la cremación no consentida de cuerpos. Estas prácticas impiden la realización de necropsias independientes y dificultan la obtención de pruebas forenses que permitan esclarecer las circunstancias de las muertes. Al mismo tiempo, contribuyen a consolidar un entorno de incertidumbre, presión y coacción sobre los sobrevivientes y sus familiares.
Penas extremas y desproporción del marco punitivo
Otro elemento central del análisis es la severidad de las sanciones previstas en los artículos invocados. Cubalex advierte que el marco punitivo puede funcionar como un mecanismo de intimidación y chantaje procesal, especialmente cuando los acusados se enfrentan a la posibilidad de condenas de larga duración, prisión perpetua o pena de muerte.
El artículo 151 del Código Penal, relativo a actos cometidos con armas o artefactos explosivos, contempla sanciones de entre 10 y 30 años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o pena de muerte. Por su parte, los artículos 157 y 162, relacionados con actos contra la seguridad de la navegación marítima y aérea, prevén penas de entre 10 y 30 años de prisión o privación perpetua de libertad. El artículo 167, sobre financiamiento al terrorismo, también contempla sanciones de entre 10 y 30 años de privación de libertad o privación perpetua.
En cuanto al artículo 273, referido a la asociación para delinquir, su sanción depende de las reglas de aplicación y del concurso de delitos. El artículo 276, relativo a la portación y tenencia ilegal de armas de fuego, contempla igualmente privación de libertad, con una posible agravación derivada de la concurrencia con otras figuras penales.
La posibilidad de aplicar la pena capital y la cadena perpetua adquiere especial relevancia en este caso. El artículo 151 prevé expresamente ambas sanciones, incluida la pena de muerte. Para Cubalex, la amenaza de estas condenas coloca a los procesados en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica, que puede ser utilizada por los instructores policiales como instrumento de presión para obtener la aceptación de cargos o declaraciones incriminatorias contra terceros a cambio de evitar las penas máximas.
La acumulación de delitos contra la seguridad del Estado con figuras relacionadas con la tenencia de armas y la asociación para delinquir también puede incrementar considerablemente la exposición penal de los acusados. La aplicación de las reglas sobre concurso de delitos y agravación punitiva puede elevar las sanciones hasta los máximos legalmente previstos y reducir las posibilidades de acceder a beneficios penitenciarios o alternativas al encarcelamiento.
Desde esta perspectiva, la severidad de las penas no cumpliría únicamente una función de sanción proporcional a la conducta individual demostrada, sino que también podría perseguir una finalidad inhibitoria y de prevención general. El mensaje hacia la población civil y los sectores de oposición sería que cualquier acción que desafíe el control estatal puede recibir el castigo más severo del aparato punitivo.
El proceso penal como mecanismo de control político
La legislación sustantiva y procesal no operaría bajo un esquema plenamente garantista, sino bajo una doctrina de “defensa social” y excepcionalidad permanente, en la que las decisiones penales pueden quedar condicionadas por los intereses políticos del Estado.
En ese sentido, la organización advierte sobre el uso de instrucciones gubernamentales, como la Instrucción 273/2022, y de dictámenes del Tribunal Supremo, como el Dictamen 475/2025, para legitimar la intervención política del Partido en decisiones relacionadas con la administración de justicia. Esta interferencia compromete la independencia judicial y, según el análisis, vulnera las garantías de un proceso justo reconocidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Otro problema identificado es la ruptura del principio de igualdad de armas. La indefensión técnica inicial de las personas detenidas durante las fases de instrucción militar o policial, sumada al uso extendido de la prisión provisional, coloca a los procesados en una situación de absoluta desventaja frente al aparato fiscal y judicial del Estado. La falta de acceso oportuno a una defensa independiente dificulta cuestionar las pruebas, denunciar posibles abusos y controvertir las declaraciones obtenidas durante los interrogatorios.
Finalmente, el aislamiento coercitivo en centros de instrucción, unido a la amenaza de condenas perpetuas o de pena capital prevista en el artículo 151, configura un entorno especialmente propicio para quebrantar la voluntad de las personas detenidas. La presión para aceptar cargos, incriminar a terceros o reproducir la narrativa oficial puede anular en la práctica el derecho a no autoinculparse y comprometer la validez de las declaraciones utilizadas en el proceso.
El caso de los sobrevivientes de la lancha interceptada en febrero debe examinarse no solo desde las imputaciones formuladas por las autoridades cubanas, sino también desde las garantías que deben proteger a toda persona sometida a un proceso penal. La gravedad de las acusaciones no exime al Estado de demostrar la responsabilidad individual de cada acusado, respetar la presunción de inocencia, garantizar una defensa efectiva e investigar de manera independiente las muertes ocurridas durante el enfrentamiento. La utilización de figuras penales de terrorismo y de sanciones extremas no puede convertirse en una herramienta para criminalizar la disidencia, obtener confesiones bajo coacción o justificar actuaciones estatales al margen de las obligaciones internacionales de derechos humanos.