En Cuba, las pérdidas de las empresas estatales se cubren con recursos públicos. Además, su gestión permanece cerrada al escrutinio ciudadano y las reglas que ordenan la economía se aprueban sin que la población tenga capacidad alguna de influir en ellas. Tales exclusiones no dan cuenta únicamente de métodos no democráticos de toma de decisiones, sino de un sistema político profundamente excluyente.
Tras el mostrador de un establecimiento estatal con escasa oferta hay diez empleados y ninguno atiende adecuadamente. En un barrio de una población, hay un local que abre cada día, pero no produce ni brinda servicio alguno, simplemente existe, año tras año, como por arte de magia. Una planta industrial derruida sostiene una gruesa plantilla de trabajadores y los autos de sus directivos, pero hace tiempo que de ella no sale nada. A los sitios descritos en estas escenas cualquier cubano podría ponerles nombre y dirección y, seguramente, la lista se contaría en decenas. Detrás de cada una de las imágenes subyace una pregunta: ¿de dónde sale el dinero que sostiene todo eso? En buena parte, sale del bolsillo de todos.
La Constitución reconoce a la empresa estatal como sujeto principal de la economía. Por su parte, la legislación económica y financiera dispone, como regla, que estas entidades deben cubrir sus obligaciones con sus ingresos y patrimonio. Sin embargo, la realidad es otra, puesto que una parte considerable del aparato empresarial del Estado opera bajo lo que la teoría económica llama «restricción presupuestaria blanda»; es decir, las empresas pierden año tras año sin consecuencias, porque el presupuesto del Estado absorbe esas pérdidas y el Ministerio de Finanzas y Precios las cubre con recursos públicos.
Las cifras oficiales ilustran la magnitud del asunto. Tras la Tarea Ordenamiento de 2021, más de la cuarta parte de las empresas estatales cayó en números rojos —entre 488 y 508 reportaron pérdidas importantes— y ese mismo año el presupuesto destinó 18 000 millones de pesos a rescatarlas. Dos años después, en 2023, 338 empresas seguían operando con pérdidas (el 13,4 % del total de entidades del país) y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) estimó que alrededor del 30 % estaba en vulnerabilidad extrema, entre las pérdidas abiertas y una rentabilidad ínfima.
Al analizar la evolución de los datos, se evidencia que el rescate no es excepcional. Por ejemplo, en el Presupuesto de 2024, la partida de «Transferencias a la Actividad no Presupuestada», que engloba los subsidios a las empresas públicas, superó los 101 000 millones de pesos.
¿Quién decide ese rescate? ¿Con qué dinero se realiza? Las pérdidas de las entidades ineficientes se derivan hacia la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se aprueba su rescate financiero utilizando fondos públicos obtenidos de los impuestos de la ciudadanía. Es un sistema ideado de manera tal que el ciudadano aporta, pero queda excluido, pues no decide qué empresa se sostiene, por cuánto tiempo ni con qué criterios.
Cuando el presupuesto no alcanza, el Banco Central de Cuba financia el déficit con emisión monetaria, cuya inflación funciona como un impuesto indirecto y regresivo sobre toda la población. Por tanto, los cubanos pagan dos veces: con los impuestos y con la persistente pérdida de valor del salario.
El control que no existe
La segunda exclusión es la del control. El Anteproyecto de Ley de Empresa Estatal Socialista no reconoce formalmente el derecho de los ciudadanos, de los consumidores o de las comunidades locales a acceder a la información contable, los balances de auditoría, las estructuras de costos o los sueldos directivos de las empresas del Estado. Es decir, el titular último del dinero, según la Constitución y la práctica, no tiene derecho legal a ver en qué se gasta.
Entre 2010 y 2018, el número de empresas estatales reportadas con pérdidas cayó de 403 a 43. Lamentablemente, esta reducción no obedeció a un aumento exponencial de la eficiencia, sino a que las deficitarias se absorbieron dentro de estructuras superiores (OSDE) y su déficit quedó diluido en balances corporativos muy poco claros. El resultado es un maquillaje de la contabilidad sin sanear las cuentas.
Mientras tanto, el Estado confisca hasta el 50 % de las utilidades a las pocas empresas rentables mediante el «Rendimiento de la Inversión Estatal», descapitalizándolas para sostener a las deficitarias.
En paralelo, la herramienta legal que debía disipar la opacidad llegó con un considerable desperfecto. La Ley 168/2024, «De Transparencia y Acceso a la Información Pública», se publicó en enero de 2026, casi dos años después de aprobarse, pero incluye, entre otras, una excepción por confidencialidad de datos bancarios y comerciales que las empresas utilizan para negar justo lo más importante: cuánto reciben en subsidios, cuánto deben, qué contratan a través de intermediarios como FINIMEX y el grupo GAESA.
La rendición de cuentas queda reducida, por tanto, a asambleas de trabajadores controladas por el sindicato oficial y el dinero desviado hacia estas empresas públicas insolventes u «organizaciones zombis» deja de financiar salud, educación y asistencia social. La cuenta no solo es invisible, sino también considerablemente cara.
La ley de espaldas al pueblo
La tercera exclusión es la del proceso legislativo. El 15 de julio de 2026, el Consejo de Estado aprobó, por decreto-ley, la regulación del sistema empresarial estatal, y colocó ese sistema bajo la conducción del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEES), un nuevo órgano. La vía elegida no fue la ley ordinaria, con su supuesto debate previo, sino el decreto-ley. Esto no es solo un matiz procedimental, dado que en 2021 la materia ya se había regulado por un decreto-ley del mismo título; en 2023 se anunció que esta vez sí se aprobaría una ley, con consulta pública; para finalmente en 2026 volver al decreto. Tres años de promesa de debate para terminar donde se empezó.
Por otra parte, en junio de 2026, el Gobierno presentó un paquete de 176 medidas, en 23 ejes, para reordenar la economía; se expuso el 18 de junio y quedó aprobado entre el 25 y el 30, en menos de dos semanas. La consulta previa no fue a la población, sino a 133 cuadros y especialistas.
Para los cuatro anteproyectos de ley abiertos «a consulta», el único canal de participación fue la publicación de los textos en la web del Parlamento y un correo electrónico, sin plazos ni formularios y sin que se publicara una sola cifra de cuánta gente participó ni qué se hizo con sus opiniones.
La vía elegida acelera y estrecha el debate a la vez. De las 32 nuevas normas anunciadas, 22 son decretos-leyes y decretos, instrumentos que no siguen el trámite legislativo ordinario. El propio presidente de la Asamblea Nacional anunció que el proceso «disminuirá significativamente el tiempo habitual» y que «se eliminarán una serie de pasos que hoy se dan», aunque aseguró que se mantendría la participación.
Sobre el espíritu de las normativas, el economista Pedro Monreal observó que en el documento de medidas el verbo «permitir» aparece 29 veces, lo que indica «una postura permisiva del poder» antes que un reconocimiento de derechos.
Incluso los espacios formales de deliberación se han vaciado. Al XXII Congreso de la CTC se convocaron 759 delegados, pero solo 198 asistieron de forma presencial y 561 lo hicieron por videoconferencia a causa de la crisis energética. El papel de la Asamblea Nacional y de la ciudadanía consultada se reduce así a ratificar lo ya decidido, más que a deliberar.
Las tres exclusiones identificadas no son independientes. El ciudadano cubano paga las pérdidas con sus impuestos y con la inflación, pero no decide el rescate. En su nombre se gestiona un patrimonio que no puede ver ni auditar y no tiene una vía real para incidir en las leyes que gobiernan ese patrimonio. Cuba firmó, pero no ratificó, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 25 reconoce el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.
Pagar sin decidir, poseer sin controlar, obedecer sin deliberar, son rasgos de un sistema que concentra esas tres decisiones y aparta de forma sistemática al pueblo del que dice emanar su legitimidad. En ello no hay solamente un problema de gestión, sino una evidente falta de democracia que se manifiesta en la exclusión política.