En Cuba, robar el aceite de un transformador eléctrico era, hasta hace poco, un hurto: un delito contra la propiedad, con penas de meses o pocos años de prisión. Hoy, ese mismo hecho puede ser calificado como sabotaje, un delito «contra la seguridad del Estado», con condenas de entre 7 y 15 años de prisión. En sus modalidades agravadas, las penas pueden alcanzar entre 10 y 30 años, la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Cabe resaltar que no hubo cambios en la ley ni debate en la Asamblea Nacional ni se publicó una nueva norma. Lo que hubo fue un documento de cuatro páginas: el Dictamen 475, aprobado en mayo de 2025 por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, el órgano que dirige a todos los jueces del país.
Dicho dictamen dispone que los “hechos vandálicos” que sustraigan, dañen, alteren o perjudiquen componentes de vías férreas, transporte, parques fotovoltaicos, grupos electrógenos, telecomunicaciones y el sistema eléctrico, “además de otros actos delictivos de similar naturaleza, que menoscaban infraestructuras críticas”, se califican como sabotaje —delito contra la seguridad del Estado, artículos 125 y 126 del Código Penal, con penas de 7 a 15 años y, en su forma agravada, de 10 a 30 años, privación perpetua o muerte— y no como delitos patrimoniales, bastando el dolo eventual. El propio dictamen reconoce que esos mismos hechos venían calificándose como daños, hurto, robo con fuerza o apropiación indebida.
Desde 2025, la prensa oficial reporta procesos por “sabotaje” contra personas acusadas de sustraer aceite dieléctrico de transformadores y otros componentes del sistema eléctrico, con juicios que los propios tribunales califican de “ejemplarizantes”. En agosto de 2026 las autoridades admitieron más de 460 investigaciones penales por delitos contra el sistema eléctrico, con más de 300 denuncias solo por sustracción de aceite dieléctrico, 87 % de los imputados bajo prisión provisional y condenas impuestas en 2026 “mayoritariamente entre 9 y 20 años de privación de libertad”.
¿Por qué el aceite?
El aceite dieléctrico es el líquido que enfría y aísla los transformadores eléctricos. En medio de los apagones y la escasez de combustible, algunas personas lo extraen para revenderlo como diésel artesanal.
La consecuencia de esta práctica es real y grave: un transformador sin aceite puede quemarse y dejar a comunidades enteras sin electricidad. En un caso documentado, la afectación se prolongó durante más de 30 días.
Nadie discute que esa conducta constituye un delito. La pregunta es otra: ¿quién decide cuántos años de prisión corresponden y con qué reglas?
Cubalex revisó los textos completos publicados en la Gaceta Oficial. Esto es lo que establecen las propias normas y los documentos oficiales relacionados:
La política de los jueces la marca el Partido
The Instrucción 273, de 2022, que ordenó endurecer la actuación de los tribunales, comienza explicando que fue dictada debido a que «la alta dirección del Partido y el Estado» emitió «directivas generales».
Es decir, la propia normativa reconoce por escrito la influencia del Partido Comunista de Cuba en la política judicial.
Esa instrucción, y posteriormente el Dictamen 475, también regulan los llamados «juicios ejemplarizantes»: procesos que se organizan cuando los solicitan «las autoridades políticas» del territorio y cuya difusión en los medios de comunicación debe ser aprobada por la dirección del Tribunal Supremo Popular.
El Dictamen 475 ordena a los jueces evaluar la prisión preventiva teniendo en cuenta la «repercusión de los hechos».
Este criterio no responde al riesgo de fuga, como exigen los estándares internacionales, sino al impacto que las autoridades atribuyen al delito.
El resultado, según cifras de la propia Fiscalía, es que 87 de cada 100 acusados esperan el juicio en prisión.
El Dictamen 476 y las penas por «el químico»
Un mes después, en junio de 2025, llegó el Dictamen 476, referido a «el químico», una droga sintética cuyo tráfico y consumo se ha extendido en los últimos años en la isla.
Este documento eliminó la cantidad mínima de droga necesaria para aplicar las penas más severas. De esta manera, cualquier cantidad, por pequeña que sea, puede dar lugar a que el tribunal aplique la modalidad agravada del delito.
Un tribunal lo resumió de forma especialmente clara al anunciar en Facebook un juicio ejemplarizante en Holguín. Según la publicación, el acto cumple «una función profiláctica y preventiva en personas con potencial delictivo».
Vale la pena leerlo otra vez: no habla de castigar a quien cometió un delito, sino de asustar a quien podría cometerlo.
Las reglas que hoy se aplican a quien roba aceite de un transformador o vende «químico» son las mismas que mañana pueden aplicarse a cualquier otra persona.
La calificación de «sabotaje» ya incluye daños al transporte, los ferrocarriles, las comunicaciones y «otros actos de similar naturaleza». Esta última expresión deja abierta la posibilidad de incluir conductas que no están definidas de forma precisa en la ley y cuya interpretación queda en manos del tribunal.
Cuando los jueces reciben órdenes del Partido, los juicios se organizan a solicitud de las autoridades políticas y la prisión preventiva se convierte en la regla, y no en la excepción, lo que está en juego no es solamente la suerte de una persona acusada.
Está en juego el derecho de todos a un juez independiente, a una ley clara y anterior al hecho, y a un castigo proporcional. Son derechos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en los tratados internacionales suscritos por Cuba.
Cubalex ha localizado, verificado y archivado los textos íntegros de estas normas, así como la evidencia de su aplicación. Estos materiales están siendo presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como prueba de que en Cuba funciona un estado de excepción sin declarar: nadie lo ha decretado formalmente, pero sus efectos se aplican todos los días en los tribunales.
Si usted o un familiar ha sido procesado por sabotaje o bajo estas reglas, puede comunicarse de forma segura con Cubalex.
Documentar cada caso es una forma de evitar que estas violaciones queden en silencio.