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Cuba acusa a los relatores de Naciones Unidas de violar el código de ética, que les exige no basarse exclusivamente en informes difundidos por los medios de comunicación.

Según el gobierno las fuentes que envían información a Naciones Unidas sobre violaciones de derecho humanos en la Isla, no son creíbles, no actúan de buena fe y tienen motivaciones políticas.

Al tiempo los remite a materiales audiovisuales y artículos periodísticos, emitidos por la prensa y la televisión oficial, en los que explícitamente viola el derecho al honor y la privacidad de las personas defensoras de derechos humanos.

Abiertamente reconoce que viola los derechos de las personas defensoras, pero se justifica manipulando los estándares internacionales a su favor.

Se escuda en la protección del orden público, para efectuar detenciones arbitrarias masivas y quebrantar el ejercicio de los derechos de manifestación, reunión y asociación pacífica.

Sin embargo, en 10 años no ha permitido la entrada al país de ningún titular de los mandatos de los procedimientos especiales, para que contraste la situación de derechos humanos en el país.