Sí. El 17 de julio de 1980 Cuba ratificó la la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer. En virtud de este tratado internacional de derechos humanos, el Estado está obligado a proteger a las mujeres contra la violencia. Específicamente se compromete a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. 

El incumplimiento de esta obligación lo hace responsable de los actos privados de violencia contra las mujeres, si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización.

La protección de las mujeres contra actos concibe obligaciones especiales para los Estados, por lo que estos deben adoptar medidas de prevención, enfrentamiento, mitigación, reparación y no repetición.

El Estado incumplió con sus obligaciones internacionales de: investigar, juzgar y sancionar, reparar a la víctima y satisfacerla, garantizar la no repetición de los hechos y prevención y eliminación de la violencia de género. El Estado debe velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con la obligación abstenerse de incurrir en toda práctica de discriminación contra la mujer y tomar todas las medidas apropiadas para eliminar dicha discriminación. También incumplió con su obligación de prevenir y eliminar toda forma de malos tratos.