El preso político Jorge Luis Rodríguez Valdés, conocido como “Tangallo”, fue trasladado el 17 de abril al Hospital Militar de Pinar del Río para someterse a análisis hepáticos y de la tiroides, según información proporcionada por una fuente a Cubalex. 

En marzo, Cubalex reportó que el activista había estado aproximadamente un mes sin recibir los medicamentos necesarios para tratar su condición tiroidea. Tangallo padece de dos nódulos en la tiroides que requieren cirugía. Además, ha sufrido una considerable pérdida de peso debido a la alimentación deficiente en el centro penitenciario Kilo 5 y medio, donde se encuentra recluido. También necesita medicación para un tratamiento antiparasitario, la cual no está disponible en la prisión.

La situación de la alimentación en la cárcel es alarmante. La población penal recibe principalmente papas, sopa y pequeñas porciones de picadillo como plato fuerte. Además, a Tangallo le retiraron la dieta especial que necesita debido a su estado de salud.

En 2023, como represalia por denunciar las condiciones de vida precarias y las violaciones a los derechos humanos de los reclusos, Tangallo fue trasladado de la Prisión Provincial de Pinar del Río al centro penitenciario Kilo 5 y medio, ubicado en la misma provincia. Las autoridades penitenciarias calificaron sus denuncias como una grave indisciplina y lo amenazaron con imputarle nuevos cargos. 

Además, enfrenta amenazas constantes de ser enviado nuevamente a una celda de castigo. En 2023, Tangallo fue confinado en aislamiento durante un mes y diez días. También se le suspendió el derecho a realizar llamadas telefónicas durante un mes. 

Tangallo no tiene familiares cercanos que puedan visitarlo en prisión. A pesar de esto, la Seguridad del Estado ha impedido que Eduardo Díaz Fleitas, ex preso político y opositor, le entregue medicamentos y otros artículos esenciales como ropa y alimentos. 

El activista, miembro del Partido Republicano de Cuba (PRC), fue detenido en abril de 2022 tras pintar carteles en oposición al régimen cubano. Los incidentes ocurrieron primero en una oficina del Comité Militar y luego en la estación de trenes del municipio de San Juan y Martínez, en Pinar del Río.

Este caso refleja graves violaciones de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario cubano. La imposibilidad de acceder a medicamentos esenciales pone en riesgo el bienestar de los reclusos y vulnera derechos fundamentales como el acceso a la salud. Además, la restricción impuesta por las autoridades para recibir ayuda externa, incluso para necesidades básicas, resalta el empleo de la privación de libertad, no sólo como castigo, sino también como forma de represalia por motivos políticos.