La crisis del transporte público en Cuba tiene un impacto que va mucho más allá de las dificultades cotidianas de la población. Para decenas de personas privadas de libertad por motivos políticos, las limitaciones para desplazarse se convierten en un obstáculo adicional que restringe el contacto con sus familias y dificulta el acceso a alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad.
El monitoreo de Cubalex identificó recientemente al menos 55 presos políticos en situación de alejamiento territorial o con particularidades relacionadas con su lugar de residencia. De ellos, 49 son hombres y seis mujeres.
Los datos muestran un patrón consistente de dispersión geográfica. La Habana constituye el principal foco emisor de personas trasladadas a prisiones de otras provincias: 20 de los reclusos analizados residen habitualmente en la capital, pero cumplen condena lejos de sus hogares.
Asimismo, se registran traslados cruzados entre el occidente y el oriente del país. Ciudadanos de provincias como Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo han sido enviados a establecimientos penitenciarios en Matanzas o La Habana, mientras que presos de provincias occidentales terminan recluidos en cárceles del centro y el oriente de la isla. Este patrón de dispersión incrementa deliberadamente la distancia entre los reclusos y sus familiares.
Las consecuencias de estos traslados son especialmente graves en el contexto de la actual crisis económica, el deterioro del transporte masivo y los persistentes problemas energéticos que enfrenta Cuba. Para muchas familias resulta prácticamente imposible recorrer cientos de kilómetros para ejercer el derecho a las visitas reglamentarias o entregar la llamada “jaba” o “saco”, que suele contener alimentos, artículos de higiene personal, ropa y medicamentos indispensables para la supervivencia de las personas encarceladas.
Según el monitoreo de Cubalex, casi la mitad de estos presos políticos se encuentra recluida a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia habitual y cerca del 15 % permanece a distancias superiores a 500 kilómetros. Esta situación impone una carga económica y logística difícil de asumir para familias que, en muchos casos, también enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
Diversos organismos internacionales de derechos humanos han conceptualizado esta práctica como una forma de “destierro interno”, al considerar que el alejamiento territorial constituye un castigo adicional que trasciende a la persona encarcelada y alcanza también a su núcleo familiar. La separación prolongada debilita el apoyo emocional y material que reciben los presos políticos y agrava las condiciones de cumplimiento de la condena.
Casos que evidencian el impacto del alejamiento territorial
Uno de los casos más recientes es el de Danisbel Labrada, residente en Cienfuegos. Tras participar en una protesta ocurrida en febrero de 2026 en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, fue trasladado hasta el penal de máxima seguridad Kilo 8, en Camagüey.
En junio, Labrada denunció que él, Carlos Alain Abrahantes y Luis Alberto Palacio, todos naturales de Cienfuegos, no pueden recibir visitas de sus familiares debido a la ausencia de transporte para recorrer la larga distancia hasta Camagüey. Según su denuncia, la situación se agrava porque las autoridades penitenciarias tampoco aceptan el dinero que sus familiares les transfieren, dejándolos sin una vía efectiva para cubrir necesidades básicas dentro de la prisión.
Otro caso representativo es el de Lizandra Góngora, condenada a 14 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Desde 2023 permanece recluida en la prisión de Los Colonos, en la Isla de la Juventud, mientras su familia reside en La Habana.
Antes de ese traslado, Góngora permanecía en la prisión para mujeres conocida como El Guatao, también en la capital. Su reubicación la dejó a unos 160 kilómetros de sus familiares, una distancia que, sumada a las limitaciones del transporte hacia el municipio especial, dificulta considerablemente las visitas y el suministro de alimentos.
Recientemente, su primo Ariel Góngora denunció la detención de Aniley Martínez Ramírez, quien era la persona encargada de trasladar alimentos durante las visitas a la prisión debido a que la familia de Lizandra no podía hacerlo con regularidad. El arresto habría constituido una represalia relacionada con ese apoyo.
En un análisis anterior, Cubalex señaló que el hostigamiento y la represión contra de Góngora se han visto agravados debido al traslado, lo que constituye una violación a lo establecido en las Reglas Nelson Mandela y de las Reglas de Bangkok. Ambos tratados establecen la obligación de facilitar el cumplimiento de las sentencias en centros cercanos a sus hogares para facilitar la reintegración social y mantener los lazos familiares, obligación que se refuerza especialmente en el caso de las mujeres con hijos menores y responsabilidades de cuidado.
Entre las presas políticas también destaca el caso de Yanet Pérez Quevedo, a quien se le venció su licencia extrapenal por maternidad en abril pasado y fue devuelta a la cárcel de mujeres El Guatao, en La Habana, lejos de su vivienda y sus hijos, residentes en San José de las Lajas, Mayabeque. Además, sus hijas Lía y Selet, de 10 años y 15 meses respectivamente, fueron llevadas el mismo día de su arresto a un hogar de niños sin amparo filial en dicho municipio.
La situación también afecta a Walnier Luis Aguilar, condenado a 12 años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11J. Desde noviembre de 2025 permanece recluido en la prisión de Agüica, en Matanzas, mientras que su familia reside en La Habana.
De acuerdo con la información documentada por Cubalex, Aguilar habría sido uno de varios presos políticos trasladados desde el Combinado del Este como represalia por participar en protestas contra las deplorables condiciones de reclusión y por exigir su libertad. El traslado incrementó la distancia con sus familiares, quienes ahora enfrentan mayores dificultades para visitarlo y garantizarle el envío regular de alimentos, productos de higiene y otros artículos esenciales.
Precisamente esta semana trascendió la identidad de un preso político que no se encontraba en registros previos, Yordanis Díaz Lozano, igualmente natural de Cienfuegos y encarcelado sin juicio en el Combinado del Este, en la capital. Según informes de la prensa, le han suspendido las visitas familiares en varias ocasiones sin previo aviso ni justificación.
Estos casos reflejan cómo el traslado de presos políticos a establecimientos penitenciarios alejados de sus comunidades de origen, combinado con el colapso del sistema de transporte en Cuba, termina convirtiéndose en un mecanismo que amplía el alcance del castigo más allá de las personas encarceladas. Las limitaciones para mantener el contacto familiar y asegurar el suministro de recursos básicos afectan directamente las condiciones de vida de los reclusos y extienden las consecuencias de la represión a sus redes de apoyo.