Cubalex participará este sábado 26 de septiembre en la 36.ª Conferencia Anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE), en Florida International University (Miami). Su directora ejecutiva, Laritza Diversent, presentará la ponencia «Obstáculos legales a la asistencia humanitaria en Cuba y su impacto en las políticas sociales», en un panel junto a Elaine Acosta González (FIU) y Sergio Ángel Baquero (Food Monitor Program), con la socióloga Silvia Pedraza (Universidad de Michigan) como comentarista.
La ponencia se apoya en la documentación de Cubalex: desde 2022, la organización ha registrado 300 eventos relacionados con la ayuda humanitaria en Cuba, incluidos 20 decomisos de ayuda o asistencia — cifras que constituyen mínimos verificados.
El informe sostiene cinco tesis:
(1) La asistencia humanitaria en Cuba tiene cuatro canales —estatal, religioso, cívico independiente y familiar/diáspora— y el marco legal solo reconoce plenamente el primero; los otros tres operan tolerados, gravados o criminalizados.
(2) La obstrucción no es coyuntural: está documentada al menos desde el tornado de La Habana de enero de 2019, cuando la policía impidió y dispersó la solidaridad autoorganizada de los propios cubanos, antes de que existiera el Decreto-Ley 16/2020.
(3) El monitoreo de Cubalex registra el fenómeno de forma sistemática: 300 eventos clasificados como «Ayuda Humanitaria» entre 2022 y septiembre de 2026 —con una escalada de 2 eventos en 2022 a 134 en lo que va de 2026— y 20 decomisos de ayuda o asistencia.
(4) El mayor plan de asistencia alimentaria de la ONU para Cuba —el del Programa Mundial de Alimentos para 2026–2030, aprobado en junio de 2026 por 116,4 millones de dólares— operará dentro de ese mismo andamiaje, con monitoreo dependiente de canales estatales y sin fiscalización independiente.
(5) El impacto recae sobre las políticas sociales: el Estado ha convertido la ayuda internacional en sustituto de la política social y en dispositivo de control, con impacto diferenciado sobre personas mayores, mujeres, personas privadas de libertad, familias empobrecidas y comunidades racializadas.
En un escenario de cambio, concluye el informe, el desafío central no será atraer ayuda, sino desmontar el monopolio: garantías jurídicas para la acción humanitaria independiente, libertad de asociación, transparencia auditable y tutela judicial efectiva.