Resumen
Cubalex ha documentado la revocación de beneficios penitenciarios y el regreso a prisión de 14 presos políticos que habían sido excarcelados bajo libertad condicional o licencias extrapenales.
En lo que va de 2026, la organización ha registrado 91 eventos relacionados con la negación o revocación de beneficios penitenciarios, desde la denegación de regímenes de mínima severidad hasta la suspensión de pases y visitas.
Las excarcelaciones no han significado el fin de la persecución política: los beneficiarios continúan sometidos a vigilancia y bajo la amenaza de regresar a prisión sin garantías judiciales.
El manifestante del 11 de julio de 2021 (11J) Julián Manuel Mazola lleva más de un mes detenido en el Técnico de Cuatro Caminos, en Artemisa, después de que fuera arrestado nuevamente el pasado 9 de octubre, pese a encontrarse excarcelado desde 2025. Hasta la fecha, las autoridades no le han comunicado de qué delitos lo acusan.
Mazola fue detenido después de acudir a una citación de la Seguridad del Estado en San Antonio de los Baños, Artemisa, acompañado por su hermana. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los agentes lo trasladaron primero hasta su vivienda para realizar un registro y posteriormente lo condujeron a una estación policial.
Su caso constituye otro ejemplo de cómo el Estado cubano mantiene bajo amenaza de encarcelamiento a personas que habían recibido beneficios penitenciarios o medidas de excarcelación.
El monitoreo de Cubalex ha documentado, entre 2025 y lo que va de 2026, las revocaciones de beneficios penitenciarios y el regreso a prisión de al menos 14 personas presas por motivos políticos.
Entre ellas se encuentran Félix Navarro Rodríguez, José Daniel Ferrer García, Jaime Firdó Rodríguez, Adán Kiubel Castillo Echevarría, Donaida Pérez Paseiro, Marlon Brando Díaz Oliva y Lázaro Noel Urgellés. También figuran José Enrique Pablo Oliva, Denis Hernández Ramírez, Yunaykis Linares, Leonel Tristá García, Maikel Armenteros Orama y Julián Mazola. A esta relación se suma Evangelio Sánchez, quien se encontraba bajo una licencia extrapenal y fue detenido nuevamente el mes anterior.
La dimensión de esta práctica también se refleja en los datos correspondientes a 2026. Durante este año, Cubalex ha registrado 91 eventos asociados a la negación o revocación de beneficios penitenciarios. Estos incidentes incluyen distintas formas de restricciones y represalias dentro del sistema penitenciario, desde la negativa a conceder un régimen de mínima severidad hasta la suspensión de pases y visitas.
Se trata de un fenómeno nacional y creciente. Desde abril de 2026, se registran entre 13 y 20 hechos de este tipo al mes.
Existen dos tipos de beneficio: unas tres cuartas partes de los hechos afectan a la progresión de régimen y a las excarcelaciones: mínima severidad, pases, rebajas de sanción, libertad condicional y licencia extrapenal. Mientras, el resto afecta beneficios cotidianos como visitas, alimentos, cercanía a la familia o estudios.
La salud es el punto más grave. Más de la mitad de las personas afectadas tiene además denuncias de falta de atención médica. Actualmente unas 17 personas privadas de libertad gravemente enfermas no reciben beneficios y al menos 9 murieron tras la negación de una licencia extrapenal o una excarcelación tardía.
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Esta tendencia confirma que las excarcelaciones y otros beneficios penitenciarios no han supuesto el cese de la persecución contra las personas presas por motivos políticos. Por el contrario, muchas permanecen sometidas a un régimen de vigilancia permanente y bajo la amenaza constante de regresar a prisión mediante procedimientos caracterizados por la falta de transparencia y de garantías judiciales.
Para Cubalex, las excarcelaciones anticipadas concedidas a varios presos políticos no respondieron a garantías jurídicas ni al cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos, sino a acuerdos políticos entre Cuba, Estados Unidos y el Vaticano.
Esos entendimientos tuvieron motivaciones esencialmente políticas y convirtieron la libertad de personas privadas de libertad por motivos políticos en una “moneda de cambio” para obtener beneficios diplomáticos.
Las revocaciones evidencian la fragilidad de unas excarcelaciones que no estuvieron acompañadas de garantías efectivas contra nuevas detenciones y encarcelamientos. Cubalex insiste en que la libertad no puede depender de decisiones discrecionales de las autoridades ni estar condicionada a mecanismos de control y vigilancia que perpetúan el castigo por motivos políticos.