Laritza Diversent, abogada defensora de derechos humanos y directora de Cubalex, destacó en la Audiencia temática “Cuba: Derecho a la libertad de asociación”, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el complejo panorama legal que profundiza las restricciones a las libertades fundamentales y obstruye cualquier forma de asociación independiente en la Isla.
Señoras y señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):
Mi nombre es Laritza Diversent, directora de Cubalex. Es un honor dirigirme a ustedes en representación de la coalición de organizaciones que nos hemos unido para solicitar esta audiencia, debido a la continua y sistemática represión del derecho a la libertad de asociación en Cuba, que incluyen leyes y prácticas represivas del Estado cubano, como el Decreto-Ley No. 370 y el Decreto-Ley No. 35, que estrangulan el espacio cívico, criminalizando la disidencia y coartando la libertad de expresión y asociación en el ámbito digital. Lamentamos profundamente la continua ausencia del Estado cubano, un acto que revela su falta de compromiso con el diálogo y la mejora de la situación de los derechos humanos en la isla.
A pesar de las reformas legislativas y constitucionales que profundizan las restricciones a las libertades fundamentales, limitando la actividad política al Partido Comunista y obstruyendo cualquier forma de asociación independiente, estamos aquí para instar a esta Comisión a reconocer la gravedad de esta situación. Solicitamos su apoyo en la promoción de soluciones que garanticen el respeto a los derechos humanos y permitan el desarrollo de una sociedad civil fuerte e independiente en Cuba.
El Estado cubano emplea una variedad de estrategias sistemáticas destinadas a desmantelar las organizaciones de la sociedad civil independiente, enfocándose en la imposición de restricciones operativas y legales. Esta táctica se manifiesta principalmente en la neutralización del liderazgo, donde se desmoviliza y debilita a las organizaciones mediante el aislamiento y silenciamiento de sus figuras líderes más representativas. Esto se logra a través de campañas de difamación, acciones legales arbitrarias, detenciones, y actos de violencia.
Además, el hostigamiento y persecución constante de los miembros de estas organizaciones se lleva a cabo mediante vigilancia, seguimientos e intimidaciones, con el objetivo de disuadir la participación en cualquier actividad vista como opositora por el régimen. Las severas restricciones a la libertad de expresión y reunión también juegan un papel crucial, limitando la capacidad de las organizaciones para convocar eventos, manifestaciones o incluso reuniones internas. El control estrecho sobre los medios de comunicación y el acceso a la información, incluyendo el bloqueo de sitios web de organizaciones civiles y la censura de contenidos críticos, limita significativamente su capacidad para diseminar información y movilizar apoyo.
Por otro lado, las restricciones al financiamiento y recursos dificultan la operación de las organizaciones, mediante la prohibición de recibir fondos internacionales. La deslegitimación y estigmatización de las organizaciones y sus miembros, etiquetándolos como mercenarios, traidores incluso terroristas, busca disminuir el apoyo público y aislarlas socialmente.
Estas estrategias conforman un enfoque integrado que combina presión política, legal y social para reprimir y controlar la sociedad civil independiente en Cuba, limitando significativamente su capacidad para operar libremente, promover cambios o ejercer críticas al gobierno. Las organizaciones que solicitan esta audiencia han desarrollado y presentado un informe detallado que describe y profundiza en los patrones y tácticas previamente mencionados.